El titular del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Guillermo Miguel, habló este jueves en Radiópolis (Radio 2) sobre el allanamiento que realizó la Justicia federal en la Terminal del Puerto Rosario (TPR). Según detalló, en el caso de que se compruebe que la empresa concesionaria tuvo una “participación directa” en el envío de cocaína, se procederá a revocar el contrato.
“El narcotráfico lamentablemente es una cuestión que pasa en todos los puertos, no podés no pensar que a lo mejor puede pasar. Dentro del TPR hay un escáner que está monitoreado por Aduana y Afip en forma online, ellos controlan todo el ingreso de mercadería. El control de cámaras es interno, pero también se tienen que brindar las imágenes las 24 horas”, explicó.
Con respecto a la hipótesis de la investigación, que habla de que la mercadería fue contaminada dentro del puerto en un “punto ciego” de las cámaras, Miguel señaló que las organizaciones narcocriminales buscan captar este tipo de situaciones. “Hay personal detenido por lo que seguramente hubo algún empleado infiel”, detalló.
En el caso de que la complicidad escale e involucre a quienes están a cargo del TPR, el titular del Ente Administrador del Puerto reconoció que no descartan revocar la concesión a la empresa privada.
“El puerto está concesionado hasta el 2032, (se va a quitar la concesión) si se muestra que el concesionario tuvo una participación directa y está probado en un expediente. Hoy la información que tenemos es la que la Justicia deja ver. Me gusta hablar con los hechos concretos, no voy a actuar por una conjetura o especulación”, aclaró el funcionario provincial.
Además, Miguel explicó que la función del Enapro es auditar que el concesionario cumpla con los controles aduaneros. “Nos preocupamos por que tenga el escáner, que genere las ubicaciones fiscales con Afip, Senasa y los distintos organismos que puedan participar en el movimiento de mercadería y controlamos que hagan eso”.
Por último, el actual titular del Ente Administrador del Puerto rosarino cargó contra la gestión anterior a la que tildó de ser permisivos con la empresa a cargo del muelle público realizar “controles laxos”. “Durante los últimos siete años previos a mi gestión no encontré un solo expediente donde se informara al gobierno provincial lo que pasaba en el puerto. Ahora informamos anualmente todos los movimientos de cualquier contrato, cualquier actividad que tiene un concesionario, es una obligación legal”, concluyó.
