El Concejo municipal de Rosario retomó esta semana su agenda legislativa de cara a un año que, sin elecciones de por medio, promete (o debería) ser de los más activos en materia de debates y discusiones de fondo para la ciudad. Sin lugar a dudas, uno de los grandes temas de este 2022 para los ediles será el servicio de Higiene Urbana y Gestión de Residuos.

Es que el contrato, uno de los más onerosos que tiene el municipio, venció a mediados del 2021 y actualmente las empresas están trabajando bajo prórrogas que se terminan el 31 de julio del 2022.

Desde la última licitación, el sistema adjudicado está dividido en tres: la zona norte se le entregó a LimpAr, Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Vega y Caputo; la zona sur a Lime del grupo Pescarmona y la recolección del centro, avenidas y Fonavi quedó en manos de la empresa municipal Sumar.

Debido a que fue la primera en empezar a operar, el contrato de Limpar finalizó en mayo del 2020 y se aplicó la prórroga de doce meses prevista en el acuerdo. Antes de que se cumpla ese plazo, el 6 de mayo del 2021, el municipio pidió al Concejo que autorice de forma extraordinaria una nueva extensión del contrato para que culmine en julio del 2022 y se acople con el de Lime.

Desde el Palacio Vasallo autorizaron este pedido pero con la obligación de que el Ejecutivo envíe, en un plazo improrrogable de seis meses, el nuevo pliego para que empiece su discusión parlamentaria. Finalmente esto no ocurrió, el plazo estipulado para la entrega era noviembre y el municipio incumplió con lo acordado con los ediles.

Esta situación generó cierto malestar entre los diferentes bloques políticos que comenzaron a advertir que será imposible lanzar la licitación antes de que se cumplan los plazos contractuales del actual sistema.

“Es la licitación más importante del municipio, presupuestariamente es de las partidas más grandes, únicamente superada por la que se destina a sostener el sistema de Salud público”, señalaron fuentes del Concejo a Rosario3.

A eso se le suma el interés de empresas nacionales e internacionales en quedarse con el contrato, algo que complejiza todavía más la elaboración del pliego y el posterior análisis de cada una de las ofertas ya que generalmente se presentan distintas impugnaciones entre los oferentes.

“Teniendo en cuenta que todavía no ingresó, es imposible que la adjudicación se pueda dar antes del año próximo”, sentenció una de las personas con más experiencia en este tipo de licitaciones que trabaja en el Concejo. “Siendo buenos, de acá podría salir a mediados de año. Después está el trabajo técnico para elaborar las bases de la licitación, el análisis de cada oferta, que son montañas gigantescas de papeles que requieren de una lectura muy meticulosa, luego el momento de las impugnaciones y finalmente la adjudicación”, resumió.

Esto pone la lupa sobre qué pasará con las empresas que actualmente están prestando el servicio una vez que se venzan las prórrogas dispuestas. Ante esto, todos los consultados coincidieron en que no se va a dar un cese en la recolección, pero muchos advirtieron que el sistema va a empezar a precarizarse.

Ya con los plazos vencidos, las prórrogas excepcionales que se sigan dando empiezan a licuar las obligaciones del privado con respecto a la prestación del servicio y también a limitar el poder de control del municipio.

“El tema hasta mitad de año lo tenemos cubierto, uno por prórroga y otro por excepción. Después hay que ver cómo ingresa el mensaje”, señalaron desde Juntos por el Cambio. Este sector político reconoció que tienen cierto diálogo con el oficialismo y que confían en que en breve ingrese el pliego para empezar a trabajar.

En la misma sintonía con respecto a la continuidad del sistema mientras se avanza en la licitación está Ciudad Futura. “Esperamos que en el mensaje de apertura de sesiones (previsto para el 9 de marzo), el intendente haga referencia a la situación y aclare cómo va a ingresar el pedido”, señaló Pedro Salinas.

“Ya están cumplidos todos los extremos del pliego, hay que ver qué es lo que piden cuando lo ingresen, porque las contrataciones directas se dan cuando hay una urgencia o cuando se trata de montos muy menores, pero en este caso hablamos de un quinto del presupuesto 2022”, aclaró el concejal.

Desde el oficialismo, la postura es mucho más optimista al respecto. Según afirmó el jefe del bloque javkinista, Fabrizio Fiatti , el pliego ya fue diagramado por el área de Ambiente y actualmente están “realizando una evaluación económica” del mismo. “La demora tiene que ver con la inestabilidad del país, pero ingresara pronto al Concejo y ahí trabajaremos en construir el consenso necesario para que salga”, aseguró.

Con respecto a las condiciones de las prórrogas de emergencia, Fiatti sostuvo que el Concejo tiene potestad de extender el actual contrato en los términos que tiene, sin la necesidad de que se convierta en una contratación directa.

El temor de algunos ediles, es que esta excepcionalidad se convierta en algo similar a lo que ocurre en  el Transporte Urbano de Pasajeros. Si bien son situaciones contractuales distintas, el fracaso del nuevo sistema de colectivos (en parte por la pandemia) hizo que se declarase la emergencia para el sector y se rediscutió la prestación del servicio con los privados.

Este nuevo marco normativo hizo que las empresas comenzaran a reducir al máximo sus prestaciones y el municipio quedó muy limitado a la hora de sancionar. 

Lejos de estas comparaciones, desde el Ejecutivo local aseguraron que, una vez que se extienda el actual contrato, se va a poder seguir controlando y exigiendo el cumplimiento del servicio. "Seguís pagando por un servicio, lo que no se puede es imponer nuevas condiciones", aclararon. A eso le sumaron que tanto Lime como LimpAr tienen intenciones de seguir al frente de la recolección de residuos de la ciudad.

"Ninguna empresa que tenga intención de renovar se te va a poner en contra. No le vas a pedir que pongan contenedores de cristal, pero el sostenimiento del servicio implica el mantenimiento de la infraestructura", confiaron.

Lo concreto es que, hasta que no ingrese el pliego y el pedido de prórroga al Concejo, no se va a saber en qué condiciones continuará el servicio y cómo será la nueva concesión que se podría adjudicar en 2023, año electoral.