El Templo Satánico (TST), un culto con más de un millón de miembros en el mundo, reclamó ante el estado de Indiana, Estados Unidos la libertad religiosa para abortar con una demanda contra el gobernador republicano Eric Holcomb y el fiscal general del estado, Todd Rokita, en nombre de varias "mujeres embarazadas involuntariamente", según publicó RT.

Según el documento, la ley, que entró en vigencia el 15 de septiembre, impide que los miembros del Templo Satánico ejerzan su libertad de autonomía corporal de acuerdo al principio III del TST que establece que "el cuerpo de uno es inviolable, sujeto únicamente a su propia voluntad".

Al mismo tiempo, explica que de acuerdo a las creencias religiosas de la organización, un embrión o feto es parte del cuerpo de la persona embarazada "desde la concepción hasta la viabilidad", y "no está imbuido de ninguna humanidad o existencia separada y aparte de la propia mujer embarazada involuntariamente".

En este sentido, argumenta que la prohibición viola la enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos al obligar a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado, considerando que están siendo puestas "en una condición de servidumbre involuntaria". Además, enumera violaciones de la enmienda 14, incluida la discriminación entre las mujeres que se quedan embarazadas por accidente y las que declaran estarlo por violación o incesto, o aquellas que se quedan embarazadas por fecundación in vitro.

El Principio III de los principios del Templo Satánico establece que "el cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad". Según este principio, el templo dijo que el tejido fetal transportado en el útero de la mujer no se considera un "niño por nacer", como establece el Código de Indiana. En cambio, desde la concepción hasta la viabilidad, no se cree que el tejido fetal esté imbuido de ninguna humanidad o existencia separada y aparte de la de la mujer embarazada.

Los abogados de los demandantes piden al juez federal que prohíba la aplicación de la nueva ley contra los miembros del TST, que en el estado son aproximadamente 11.300 de los más de 1,5 millones de miembros en todo el mundo. El gobernador y el fiscal general tienen 21 días a partir de la recepción de la citación de la demanda para responder.

Este es el tercer caso presentado contra la aplicación de la prohibición y llega después de que la Oficina del fiscal general del estado solicitara a la Corte de Apelaciones de Indiana que bloqueara la orden judicial preliminar emitida la semana pasada por el juez especial Kelsey Hanlon, después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Planned Parenthood de Indiana y un grupo de proveedores de servicios de aborto presentaran una demanda contra la nueva ley.