La Oficina Anticorrupción informó que dejará de ser querellante en las causas penales contra funcionarios públicos. La medida generó revuelo ya que desde la oposición acusaron al organismo de intentar quitarle el respaldo a las investigaciones que hay sobre los actuales representantes del ejecutivo nacional.
El titular de la oficina, Felix Crouss, explicó en el programa A Diario (Radio 2) que las investigaciones administrativas continuarán pero que la decisión es no seguir formando parte de las causas judiciales. “Dejamos de participar de los juicios en el rol de acusador particular, los que están obligados a seguir la investigación son los fiscales que es su única tarea en un juicio penal”, sostuvo.
De acuerdo al funcionario, esta medida fue aconsejada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que respondió a u. pedido que realizó el gobierno anterior para que analice las políticas de integridad y transparencia de la Argentina.
“Hizo unas recomendaciones muy explícitas el año pasado donde dicen que la oficina anticorrupción tiene que fortalecer las áreas de prevención y que no es recomendable que convivan las funciones de investigación con las de prevención”, indicó Crouss. “Las funciones de investigación las continuamos, no podemos dejarlas, pero la política de litigio, cuando ya hay un organismo constitucional que se dedica a esto es absolutamente redundante”, añadió el titular de la oficina.
Con respecto a las investigaciones en curso, Crous sostuvo que se mantendrán. “Nosotros seguimos investigando, lo que no seguimos es querellando en los procesos judiciales, tenemos una dirección nacional de investigaciones, que hace las investigaciones administrativas que en muchos casos derivan en denuncias, en otros no”, aclaró.
Además de la recomendación del organismo internacional, el director de la oficina Anticorrupción explicó que no considera que ese organismo sea el que tenga que querellar “ni contra los funcionarios del actual gobierno, ni contra los de ningún gobierno, los fiscales tienen que hacer su tarea, tienen la máxima autonomía que se puede tener como funcionarios que está establecido por la constitución”.
