En el marco de la profunda recesión que atraviesa la industria textil y del fuerte crecimiento de las compras puerta a puerta a través de plataformas como Shein y Temu, la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) trabaja en la elaboración de un proyecto de ley inspirado en la normativa francesa sancionada en junio de este año.
La iniciativa busca el respaldo de todos los partidos políticos y contempla controles ambientales, certificaciones de origen, límites a la toxicidad de los productos, cambios arancelarios e impositivos, además de otras medidas regulatorias.
La intención es frenar lo que consideran prácticas de competencia desleal por parte de estas compañías, que en la región ya superan los 105 millones de usuarios activos, según la firma de análisis Sensor Tower.
Actualmente, el panorama del sector es crítico. En el segundo trimestre de 2025, la mitad de las empresas textiles reportaron caídas en sus ventas en comparación con el año anterior, con una baja promedio del 7%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, ocho de cada diez firmas redujeron sus ventas, con un retroceso acumulado del 28%, de acuerdo a datos de la Fundación Protejer.
A los problemas de consumo y aumento de costos en dólares, se sumó el impacto de las importaciones directas a bajo precio desde el exterior.
En declaraciones a Azz Stream, el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis señaló que el Gobierno prioriza beneficios de corto plazo, pero advirtió que las prendas que los consumidores compran más baratas “son las mismas que destruyen empleos locales”. También cuestionó que en muchos casos los precios de venta estén por debajo del costo de las materias primas, lo que podría implicar trabajo en condiciones precarias.
La ley francesa, que se toma como modelo, incluyó una tasa ecológica progresiva por prenda de moda ultrarrápida, la prohibición de publicitar estas marcas en medios y redes sociales, y sanciones por incumplir normativas ambientales. En el caso argentino, además se evalúa que las plataformas paguen aranceles e impuestos específicos por la ventaja competitiva que obtienen al vender en el país.
Mientras tanto, en Latinoamérica otros países ya reaccionaron: México subió los aranceles a pequeños paquetes de 19% a 33,5%, Ecuador aplica desde junio una tasa fija de u$s20 por envío, Chile eliminará en octubre la exención de IVA (19%) y Uruguay y Colombia también preparan medidas.
En Argentina, sin embargo, el Gobierno mantiene su orientación hacia la desregulación, lo que enciende alarmas en los sectores productivos y en la Unión Industrial Argentina.
La magnitud del fenómeno es tal que Aeropuertos Argentina debió acelerar la construcción de un nuevo depósito en Ezeiza para almacenar la creciente cantidad de paquetes provenientes de compras online.
