El defensor particular de Mariana Ortigala, imputada por extorsiones realizadas por orden del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, denunció a los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, quienes la acusaron. Uno de los motivos del escrito, que fue presentado ante Leandro Mai, auditor del Ministerio Público de la Acusación, fue la ventilación de que la mujer era “informante” del fiscal Matias Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada.
El abogado Leonel Iesari expuso que en la audiencia imputativa, que se llevó a cabo la semana pasada en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Socca y Moreno no respetaron “el principio de objetividad, ni los derechos humanos, ni el deber de protección” con su defendida.
El primer punto al que hizo alusión la denuncia es la exhibición del video del allanamiento a la casa de Mariana Ortigala y su concubino Sebastián Felipe en el barrio abierto de Funes Town, donde la mujer le dice al personal de la Agencia de Control Policial que uno de los celulares secuestrados era usado exclusivamente “para pasarle información al fiscal Edery”. Dicho material se conoció el martes 19 de septiembre a la mañana, y en horas de la noche, atacaron a tiros la estación de servicios YPF de Rondeau y Marull, donde los sicarios dejaron un cartel que mencionaba a Edery y a Ortigala. En ese hecho, un chico de 18 años resultó herido de bala en una pierna.
Iesari agregó que su defendida recibió “una gran cantidad de amenazas” y fue atacada a tiros el 13 de marzo de 2020 en Roldán. Y remarcó que días después de haber sido alojada en la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order), ese complejo penitenciario fue baleado.
El segundo punto que apuntó el abogado es la “vulneración del principio de objetividad y falta de respeto a los derechos humanos” al dar a conocer las conversaciones vía Whatsapp que había mantenido Ortigala con distintas personas, entre ellas, con el fiscal Edery. Consideró que ese hecho no guardaba relación con la imputación en cuestión, aunque los fiscales Socca y Moreno solicitaron mostrarlas para que la jueza María Trinidad Chiabrera tenga en cuenta la peligrosidad procesal de la mujer.
Además, el defensor particular cuestionó el concepto de “narco protegida” que mencionó Socca para hacer referencia a la mujer, y remarcó que no hay una investigación en la que ella está sospechada por el delito de narcotráfico.
Otro ítem del escrito presentado ante el auditor del MPA es que Socca y Moreno desobedecieron una solicitud de su superior, la fiscal regional María Eugenia Iribarren, quien había pedido antes de la audiencia imputativa que no se develara que Ortigala era informante. “No solo que lo hicieron. Además, mostraron el video, donde se ve cómo el personal de la ACP encapuchado, con Felipe y Ortigala esposados, los indagaba exigiendo información respecto a los celulares y puntualmente el que tenía contacto con el fiscal Edery, con una actitud llamativamente direccionada por dicho personal”, amplió.
Por último, el abogado vinculó la supuesta intencionalidad de los fiscales con un “contexto político”. En ese marco, destacó que le llamó “poderosamente la atención que el senador Armando Traferri haya solicitado a la legislatura que se le quiten los fueros el día posterior a la ventilación de los chats”.
