El Concejo de San Lorenzo aprobó un proyecto de ordenanza en el que los hijos de Paula Perassi, la mujer desaparecida en septiembre de 2011, reciban una remuneración mensual equivalente a un salario de un agente municipal de categoría 12, hasta que sean mayores de edad. Con este aporte, se busca apoyar a los abuelos Alberto y Alicia, cuya economía se ha visto deteriorada con los años con el avance de la causa judicial.
El proyecto, impulsado por los concejales Esteban Aricó y Martín Cerdera, busca que el Estado “repare una deuda que tiene con la familia Perassi”, y que a diez años y ocho meses no ha podido dar respuestas sobre lo que le ocurrió a su hija, ni ha podido hallar su cuerpo.
Por otra parte, en el plano judicial, luego de años de derrotero hay una sola persona en prisión, Gabriel Strumia, condenado por la desaparición de la mujer de 34 años, mientras que su esposa, que fue condenada como colaboradora, quedó en libertad en el mes de febrero al cumplirse dos tercios de su condena.
El texto de la ordenanza expresa: “Que nuestra sociedad aún se sigue preguntando ¿dónde está Paula? y exige justicia para que se esclarezcan los hechos y se condene a la 'estructura desaparecedora' que mediante vínculos de impunidad y corrupción provocaron la desaparición en democracia de una ciudadana de San Lorenzo”.
Y agrega: “Que a más de diez años de su desaparición y a pesar de todo el tiempo transcurrido la familia de la víctima sigue sin saber su paradero”.
El paso del tiempo no sólo dejó huellas en Alberto y Alicia. Los hijos de Paula, Lucas y Agustín Ortiz, hoy tienen 12 y 16 años de edad respectivamente, y a pesar del dolor por la ausencia de su madre, han continuado con sus vidas, son buenos alumnos y juegan al fútbol.
Si bien los chicos perciben una cuota alimentaria que su padre Rodolfo Ortiz de Elguea deposita mensualmente y quien además garantiza la obra social para ambos, ésta no alcanza para cubrir los gastos de los adolescentes que han quedado bajo el cuidado de sus abuelos.
“Mal no viene, con la cuota alimentaria no podemos llegar a todos los gastos que tenemos con los chicos, que estudian en la secundaria, Agustín juega en Central, y hay que llevarlo todos los días a práctica. El concejal Aricó vino con la propuesta y le dijimos que sí, que enhorabuena porque la cuota alimentaria no llega a cubrir todo. Lucas tiene su viaje de estudios que estamos pagando, y hay muchas cosas que salen del bolsillo del taller”, cuenta Alberto Perassi, que sigue al frente del taller mecánico de toda la vida el cual es el principal sostén de la familia; negocio que ha abandonado una innumerable cantidad de veces para buscar incansablemente los restos de su hija.
“La ley Brisa no podemos lograrla porque no tenemos el certificado de defunción, porque no tenemos el cuerpo de Paula”, respondió Alberto, con lógica, pero con un profundo desconsuelo. La ley Brisa es una normativa que fue conquistada por organizaciones feministas y fue una de las primeras políticas públicas de acompañamiento y reparación para los hijos de mujeres que fueron víctima de femicidios.
En 2019, el Concejo de Rosario impulsó el pedido de que la familia Perassi acceda a este beneficio económico, pero nunca tuvo respuestas, porque -increíblemente- necesitan un certificado de defunción. El de una mujer que está desaparecida hace casi 11 años y al que la Justicia penal lo ha tratado y condenado como un crimen sin cuerpo.
“Llevé un informe al Concejo de cómo los chicos son en la escuela y en los equipos que se desempeñan tanto el que juega en Central como el que juega en Colón en San Lorenzo, con asistencia perfecta y con buena educación, que es todo lo que le estamos dando nosotros; con la experiencia que nuestros padres nos educaron a nosotros. Después son adolescentes y tendremos que seguir peleando para que sean chicos que sigan comportándose bien”, contó Alberto a Rosario3.
Paula Perassi, de 34 años, desapareció un 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo, cuando recibió un llamado telefónico que la hizo salir de su casa, sólo con lo puesto. Nunca más se la halló. La mujer estaba embarazada de seis semanas, producto de una relación extramatrimonial con Gabriel Strumia, el único preso.
En 2019 se logró, después de un sin fin de obstáculos, llevar a juicio oral a 9 personas quienes fueron liberadas. Un año después, tras una revisión judicial en segunda instancia, fueron condenados Gabriel Strumia y su esposa Roxana Michl a 17 años y 6 años y 6 meses de cárcel respectivamente, por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse de una mujer embarazada, y luego confirmada en una tercera instancia. Sin embargo, los 5 policías y dos civiles restantes fueron liberados. La Corte Suprema de Justicia provincial rechazó el pedido elevado de los padres de Paula Perassi para volver a enjuiciar a los cinco policías y dos civiles y ahora la solicitud fue elevada a la Corte Suprema de la Nación.
