Recién este lunes, 17 días después del allanamiento en las oficinas del Ministerio de Seguridad en la sede de Gobernación en Rosario, los abogados de los ex funcionarios acusados de espionaje pudieron presenciar la apertura de las bolsas y cajas con el material incautado el viernes 26 de noviembre. Según los acusadores, allí estaban las pruebas de las tareas ilegales. “No encontraron ni una carpeta. La causa de espionaje se va a caer porque está armada”, afirmó Nadia Schujman, ex titular de la Agencia de Control Policial.
Schujman, que además es ex secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, abogada de Hijos y reconocida querellante en delitos de lesa humanidad en las últimas dos décadas, dijo a Rosario3 que empieza a quedar claro que los fiscales “salieron a la pesca en una causa inventada y plagada de irregularidades”.
Los próximos pasos, según los plazos legales que corren, obligarían a los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez a imputar o no a los ex funcionarios bajo sospecha. Pero antes de eso, que tendría que ocurrir la semana próxima como mucho, Schujman detalló, uno por uno, los vicios en el origen del caso.
Siete faltas del allanamiento que no fue
El viernes 26 de noviembre era el último día de trabajo de la entonces directora de la Agencia de Control Policial y de otros funcionarios del equipo del ex ministro Marcelo Sain, que ya habían presentado sus renuncias. Había un clima de despedida en el viejo edificio de la ex Jefatura policial de calle Santa Fe hasta que empezaron a escuchar gritos.
Entonces, la abogada recordó que el fiscal Hernández le dijo que no era un “allanamiento” sino una “requisitoria documental” y que se hacía sin orden porque era en una oficina pública. “Pero una requisitoria es una orden escrita con un detalle de lo que vas a buscar y acá no había nada de eso, fueron a la pesca”, diferenció.
La ex funcionaria se mostró aún sorprendida: “¡Me revisaron la cartera y se llevaron objetos personales! ¡Me secuestraron el teléfono sin una orden!”. Además de la vejación a la intimidad que supone un acto de ese tipo, si el accionar de los fiscales se legitima entonces queda una pregunta latente: ¿De acá en más cualquier fiscal puede secuestrar el celular de un funcionario sin orden por el solo hecho de estar en una oficina pública?
A la ausencia de un mandato de un juez, a la requisa de objetos personales y al secuestro del teléfono, se sumó una cuarta irregularidad que precisó Schujman: “El procedimiento se hizo sin testigos, algo básico. Le pregunté a los policías y me dijeron que los fiscales les ordenaron que se haga de esa manera”.
Quinta falta: “Las actas estaban irregulares. Primero no me querían dar una copia pero tanto insistí que lo hicieron y no detallaron la documental que se llevaron, qué material relevante para la investigación secuestraban”.
“A Germán Montenegro –siguió– le sacaron cosas de la mochila cuando él no estaba ahí. Es inédito en la historia que secuestren al celular del viceministro sin una orden”, dijo Schujman y apuntó hacia el supuesto disparador de aquel accionar: “Todo fue porque, según dijeron ellos, recibieron un llamado que en el Ministerio estuvieron quemando o destruyendo papeles. En mi oficina hay una trituradora de papel como en otras y la había usado porque nos ibamos después de dos años de trabajo. Claro que hay documentos. Son oficinas de un Ministerio de Seguridad, se investiga, ¿cómo quieren que investiguemos?”, agregó.
“Fue una ilegalidad tras otra. Puede haber una desprolijidad en un accionar pero no así, esto fue ilegalidad. Quedé en shock”, comentó Schujman. Después de eso, su abogado defensor Juan Lewis, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, formalizó un planteo contra los fiscales y su superior, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti, por violación al principio de objetividad (ver más abajo). Lo propio hizo el ex ministro Sain, el principal apuntado por la investigación, y negó las acusaciones.
“Después de eso recibí una citación y fui anoticiada el jueves pasado en la Agencia de la Investigación Criminal sobre los derechos de la imputada. Eso no existe en el código, muchos menos cuando yo ya había designado un abogado”, agregó la responsable de llevar adelante juicios de lesa humanidad contra genocidas en Rosario.
La militante de Hijos y ex funcionaria durante la gestión del Frente Progresista aclaró que en un procedimiento de este tipo, según los artículos del Código penal, tienen 15 días hábiles para imputar y mostrar las pruebas. Algo que todavía los fiscales no hicieron. Tendrían tiempo hasta mediados de la semana que viene.
“En algún momento voy a ser imputada o no. Pero entre lo que me señalan está el espionaje ilegal, que es un delito federal, no provincial. Alcanza con ver los medios estos días y la causa contra Mauricio Macri por espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan para saber eso”, aseguró Schujman. Séptima irregularidad.
“No encontraron ni una carpeta en mi oficina”
La abogada adelantó a este medio que del material incautado en su oficina y las de Asuntos Internos en la zona sur y en la norte “no encontraron nada, ni carpetas, ni espionaje de políticos, periodistas o empresarios, nada de lo que dijeron; ahora no sé de qué se van a disfrazar”.
“No esperaban esta reacción al acusarme –dijo en relación al respaldo de agrupaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y políticas que el jueves pasado abrazaron a Nadia en la plaza 25 de Mayo de la ciudad–. Tampoco esperaban que hoy fueran nuestros abogados a la apertura del material secuestrado”.
Ese procedimiento judicial, que como cualquier acto irreproducible debe ser comunicado a las partes, fue supervisado por las defensas. “No había nada, salvo documentación en el marco de una investigación judicial, que eso hace el Ministerio de Seguridad. Eran papeles de actuaciones policiales, que esa era mi función”, precisó.
“Lo que pasó es muy grave pero la ruptura institucional tiene una gravedad que no arrancó con los allanamientos, hay muchos cosas escandalosas”, dijo la ex funcionaria y enumeró: las amenazas de la Legislatura contra fiscales y jueces que investigan, la imposibilidad de imputar al senador provincial Armando Traferri en una causa por corrupción y juego clandestino, las denominadas “leyes anti Sain” que, como lo indica el nombre, fueron a medida, y la propia destitución del ex ministro por “dos tuits”.
“Hay una falta de división de poderes. Las garantías no existen más en la provincia”, agregó y deslizó que el gobierno central debería observar lo ocurrido porque “acá también se dirimen cuestiones de alcance nacional”.
El contexto de una medida inédita
El desembarco de los fiscales Hernández y Jiménez en las oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario el viernes 26 de noviembre fue, además de un procedimiento de alto impacto, un eslabón más en una cadena de crisis de las instituciones del sistema democrático.
Hernández y Jiménez responden a su jefe, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, quien fue denunciado por Sain en el marco de una causa por el asesinato del financista Hugo Oldani en febrero de 2020.
En las oficinas de Oldani descubrieron una cueva financiera. De allí desaparecieron un millón de dólares y 3,1 millones de pesos. El faltante fue pasado por alto por los fiscales provinciales de Arietti hasta que Sain metió la cola y lo señaló. El ex ministro presentó la denuncia ante la Justicia federal y desde entonces, declaró el propio Sain, quedó enemistado con Arietti, jefe de los fiscales.
Además, Sain y su equipo, en este caso Nadia Schujman por su rol de controlar a la Policía, denunció que la gestión anterior del Ministerio de Seguridad (a cargo de Maximiliano Pullaro) utilizó un millón de pesos de fondos públicos reservados para pagar los abogados defensores de cinco policías acusados en el asesinato y desaparición de Franco Casco (juicio que se tramita por estos días). Esa denuncia de agosto de 2020 quedó en manos, de nuevo, de la fiscal Jiménez.
Por todo eso, los ex funcionarios y un colectivo de organismos, denunciaron que tras el caso con alta exposición mediática existe “una persecución judicial y política” y cuestionaron: “Nos quieren hacer creer que el problema son quienes denuncian o investigan al crimen”.
