El proyecto de ordenanza para la autonomía municipal de la ciudad de Rosario, que promueve el Ejecutivo y se debatirá el año entrante entre 28 convencionales estatuyentes votados por la sociedad, se encuentra en instancias de debate previo. Este miércoles fue la tercera jornada en la comisión de Gobierno del Concejo, esta vez con la participación de la Casa Vecinalista y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales.
En estas reuniones, los concejales y el Ejecutivo buscan su consenso antes de que termine el 2025, como otro hito del año del Tricentenario. La propuesta se basa en cinco dimensiones: institucional, política, administrativa, económica y financiera. Y en el tercer encuentro en la comisión de Gobierno este miércoles se ahondó en torno al régimen local de recursos administrativos y judiciales en busca de que promueva la celeridad, eficiencia y transparencia en los trámites judiciales y administrativos; pluralidad sindical en las paritarias locales y edad jubilatoria.
En representación de las vecinales, Germán Gago y Silvia Giacobbe, reclamaron con un escrito que entregaron a los ediles la necesidad de garantizar la participación ciudadana, con poder de decisión y representatividad en los seis distritos de la ciudad.
Gago reclamó una participación efectiva de los vecinos, con voto en las decisiones que afectan a sus propios barrios, y aseguró que “las vecinales pueden aportar su experiencia en el trabajo cotidiano con los barrios”, y abrir "espacios de diálogo real en temas clave, como el presupuesto y la planificación territorial".
Giacobbe por su parte detalló el proyecto que acercaron ambos a la reunión, el cual promueve el reconocimiento formal de las vecinales, la coordinación de acciones con el municipio y la creación de organismos de consulta que les otorguen participación directa en el tratamiento de los temas que afectan a sus barrios. Y destacó que allí proponen la conformación de consejos vecinales “con directores de distrito y equipos técnicos municipales, con el propósito de definir prioridades barriales en materia de obras y servicios públicos”, con el fin de avanzar “hacia un esquema de cogestión en la panificación”.
El concejal Fabrizio Fiatti precisó en sintonía que "el debate sobre la carta orgánica debe ser una instancia colectiva y participativa", y luego agregó que "habrá diferentes instancias de sensibilización a la ciudadanía para que sea parte de la discusión del andamiaje institucional".
La presidenta de la Comisión, Julia Irigoitía, agradeció a los vecinalistas y les aseguró el compromiso “en sumar sus observaciones para la convención estatuyente”.
La concejala Alicia Pino resaltó que los cambios tecnológicos y la modernización de la gestión pública exigen repensar los procesos de descentralización, incorporando la voz y la iniciativa de los vecinos y las asociaciones vecinales como actores centrales en la toma de decisiones.
En sintonía, Gigliani propuso potenciar el perfil digital municipal, de manera que las vecinales funcionen también como puntos de acceso tecnológico para aquellos ciudadanos que no cuenten con herramientas digitales, facilitando trámites y fortaleciendo la inclusión.
Los participantes de la reunión coincidieron en que el fortalecimiento del tejido vecinal y la participación ciudadana serán algunos de los pilares de la autonomía municipal. “La creación de mecanismos institucionales de consulta, deliberación y cogestión entre el Estado y las organizaciones barriales permitirá consolidar una democracia participativa, moderna y territorialmente integrada, en la que los vecinos sean protagonistas de las transformaciones de su ciudad”, aseguraba el parte de prensa del Concejo.
Recursos administrativos y judiciales
El debate en torno a los recursos administrativos versó sobre la posibilidad de que la ciudad cuente con “un régimen propio que le otorgue mayor agilidad, transparencia y simplificación en sus procedimientos, consolidando el ejercicio de la autonomía municipal”. La subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, explicó que el Ejecutivo propone la creación de un régimen local de recursos administrativos y judiciales, para asegurar la celeridad y simplificación de los procesos. “El texto aborda caducidades, actuaciones, plazos, rectificación de errores, y la definición de los distintos tipos de recursos como son reconsideración, apelación, jerárquico, de revisión y aclaratoria”, enumeró. Destacó que la autonomía administrativa permite al municipio “regular estos temas sin invadir competencias ajenas, garantizando mayor seguridad jurídica en los reclamos y precisando plazos y etapas procedimentales”. La funcionaria de Legal y Técnica aseguró que la normativa provincial continuará vigente, y que no existe violación normativa. Por lo que destacó la necesidad de “precisar qué aspectos se consideran o no competencia de la autonomía municipal”. El concejal Mariano Romero celebró la iniciativa de que el municipio dicte sus propios procedimientos administrativos, y coincidió sobre la distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. Jésica Pellegrini manifestó sus dudas sobre los alcances de la competencia municipal en materia judicial, y reclamó precisión en poner delimitaciones claras en la actuación local. Y la concejala Fernanda Gigliani propuso avanzar hacia la redacción de un código de procedimiento administrativo municipal que incorpore mecanismos modernos como notificaciones electrónicas oficiales y domicilio digital, además de "prever la publicación de un informe anual de sentencias y montos abonados, para garantizar políticas de transparencia activa". Alicia Pino consideró que es “una oportunidad para generar un protocolo de actuación ante denuncias penales”, y propuso revisar los plazos procesales a fin de lograr mayor eficiencia sin vulnerar garantías. El debate sobre este eje se centró en la necesidad de revisar el marco normativo municipal a la luz del proceso de autonomía, garantizando la protección de los derechos laborales y la sustentabilidad del sistema previsional. En representación del Sindicato de Trabajadores Municipales, su referente Antonio Ratner, advirtió que el mensaje del Ejecutivo involucra aspectos sustanciales del empleo público y que “algunos puntos podrían contradecir principios establecidos en la Ley Provincial N° 9286 y en la Ordenanza N° 3574, que fijan derechos del personal municipal”. Ratner expresó su preocupación por la derogación del artículo que establece un plazo máximo de tres años para la planta transitoria, aunque valoró la posibilidad de contar con una paritaria local que permita discutir salarios, condiciones laborales, ingresos y egresos de personal. Destacó el valor del Instituto Municipal de Previsión Social, que —recordó— funciona sin aportes extraordinarios ni déficit, y reafirmó el compromiso del gremio con la defensa del 82% móvil para jubilados y pensionados. La secretaria general adjunta del sindicato de municipales, Yamile Baclini, destacó que la inaplicabilidad de la normativa provincial “podría generar vacíos legales en algunos sectores, y que cada modificación debe discutirse con amplitud, garantizando los derechos adquiridos”. Destacó luego la necesidad de debatir la sustentabilidad del sistema jubilatorio, y destacó “la merma en los aportes efectivos y la importancia de un análisis integral que evite soluciones parciales”. Manifestó su preocupación por normativas vinculadas a la violencia laboral, que actualmente dependen de protocolos sujetos a regulación provincial, y reclamó “un esquema paritario robusto que no limite la posibilidad de convocatoria por parte de los distintos actores”. En respuesta, el vicejefe de Gabinete, Gabriel Di Paolo, aclaró que el mensaje del Ejecutivo “no modifica la edad jubilatoria vigente, que continúa siendo de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres”, y aseguró: “No hay norma que restrinja derechos ni artículo alguno en perjuicio de los trabajadores”. La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck destacó la importancia de que el sindicato, el Ejecutivo y los concejales compartan un espacio de diálogo y construcción conjunta. Señaló que ya se están trabajando modificaciones a partir de los aportes recibidos y destacó “la urgencia de aprobar una ordenanza esperada desde hace más de 40 años”.El debate sobre el empleo público y los cambios de norma
