En una audiencia imputativa llevada adelante el martes en los tribunales de Esperanza, dos chicos, uno menor y otro mayor de edad, fueron señalados por amenazas efectuadas en una escuela de la localidad santafesina de Llambi Campbell. Se trata de la primera sanción legal que se impone en medio de las múltiples amenazas efectuadas en instituciones educativas tras el ataque en San Cristóbal.
De acuerdo a fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, a un adolescente de 16 años y a otro de 18, se les atribuyó la coautoría de amenazas coactivas y de intimidación pública.
La atribución imputativa de la audiencia la hizo la fiscal Laura Gioria en el marc. del sistema de responsabilidad penal adolescente. Ambos recuperaron la libertad, el menor de 16 con medidas en territorio y el otro con medidas alternativas a la prisión preventiva.
Fuentes del caso informaron a Aire de Santa Fe que los adolescentes fueron identificados luego del hallazgo de una nota amenazante en un baño de la escuela.
Hacerse cargo
El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que comenzará a cobrar los gastos de los operativos policiales a las familias de los estudiantes u otras personas que realicen amenazas e intimidaciones a escuelas. La medida busca frenar la ola de falsos avisos que se disparó en las últimas semanas y que, tan solo el martes, registró 78 casos en todo el territorio provincial, con 22 de ellos correspondientes al departamento Rosario.
El esquema fijado contempla siete instancias para exigir el pago a quienes enfrenten denuncias por intimidación pública u otros hechos de características similares. Como punto de partida, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe individualizar a los presuntos autores, a los partícipes y a los adultos responsables dentro de cada causa penal.
Una vez que la Provincia cuenta con los domicilios y contactos telefónicos de las personas involucradas, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad se encarga de estimar los costos operativos del procedimiento. Esto supone la elaboración de un expediente por cada caso, en el que se incorporan informes técnicos, registros de intervención policial y comunicaciones del 911, entre otros elementos que también pueden ser utilizados como evidencia en la Justicia.
Para completar esa documentación, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe precisa qué recursos humanos y materiales se destinaron a cada operativo. Entre otros aspectos, define el nivel de complejidad —bajo, medio o alto— y contempla si hubo participación de áreas específicas como la Brigada de Explosivos, la Policía de Investigaciones (PDI), bomberos u otras unidades especiales.
En la etapa final, la Subsecretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad emite una intimación de pago con un plazo de cinco días, sin posibilidad de prórroga. Dentro de ese lapso, los implicados o sus responsables legales deben abonar los costos mediante depósito o transferencia bancaria. Además, la Provincia se reserva la facultad de reclamar posteriormente por eventuales gastos adicionales o daños derivados del hecho.
Respecto del mecanismo de notificación, el protocolo establece que la Policía debe informar a los acusados. En caso de incumplimiento en el pago, la Fiscalía de Estado queda habilitada para avanzar con acciones judiciales.
