En una audiencia que se llevó a cabo este martes en el Centro de Justicia Penal por el asesinato de Ivana Garcilazo –hincha de Rosario Central que fue atacada a piedrazos el 30 de septiembre de 2023 en Ovidio Lagos y Montevideo–, el juez Nicolás Foppiani pidió a la Oficina de Gestión Judicial que fije una fecha para ir a juicio. Por el homicidio están imputados Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y Juan José Massón, simpatizantes de Newell’s, quienes agredieron a la joven tras un clásico ganado por el Canalla en el Gigante de Arroyito.
En la audiencia se abordó la solicitud de dos testigos ofrecidos de cara al debate oral y público, una situación que a criterio de la querella representada por el abogado Marcos Cella se trató de una maniobra que buscó dilatar los tiempos después de la audiencia preliminar.
Luego de resolver las peticiones, el juez penal de primera instancia dejó asentado por escrito “ordenar a la Oficina de Gestión Judicial que, a la brevedad, fije la audiencia de debate".
En la previa a la resolución, Laura Garcilazo, hermana de Ivana, señaló que la apelación vinculada al ofrecimiento de testigos busca desacreditar la declaración de quien viajaba en un vehículo detrás de Ivana y pudo observar la secuencia completa.
Sobre los argumentos del pedido de la defensa, la hermana de la víctima detalló: "Dice que la testigo estaba en un estado de shock emocional, que no puede ser, quiere analizar a esa testigo". Sin embargo, Laura remarcó la importancia de esa declaración, ya que la persona "ve claramente todo lo que iba atrás de donde pasa lo de Ivana".
Para la familia Garcilazo, esta no es la primera vez que Reifenstuel, actualmente alojado en la cárcel de Piñero, intenta introducir atenuantes de índole médica o psicológica. En audiencias anteriores, el acusado había argumentado padecer psicosis y problemas de visión. Al respecto, Laura Garcilazo aclaró que "todo se fue sacando, no le dieron nada", gracias al trabajo de la Fiscalía.
Para desestimar esos supuestos problemas de salud, los fiscales acudieron a los registros laborales del imputado, quien se desempeñaba como docente antes de darse a la fuga. "La fiscalía llevó la carpeta de cuando él ingresa al sistema para los maestros, donde le hacen todos los estudios, y en ningún lado dice que tiene un problema visual, en ningún lado tiene psicosis", subrayó.
La sumatoria de estas presentaciones defensivas logró alterar el calendario judicial original. Si no hubiesen existido tantas apelaciones, la familia estimaba que el debate oral se habría desarrollado a mediados de este año. "Ya estaríamos con fecha de juicio seguramente", lamentó Laura, y agregó que el proceso "supuestamente iba a ser para junio más tardar, y esto hace que demore todo más".
