La Justicia boliviana declaró “en rebeldía” al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara ante el tribunal de Tarija que lo investiga por trata de personas.
La causa está vinculada a una presunta relación con una menor de 15 años, quien habría quedado embarazada durante el período en el que Morales ocupaba la presidencia de Bolivia entre 2006 y 2019. En la investigación, también están acusados los padres de la adolescente, señalados por supuestamente haber permitido la relación a cambio de beneficios políticos y económicos.
La madre fue declarada prófuga, mientras que el padre permaneció más de un año detenido. La resolución judicial incluye una orden de captura y arraigo, según confirmó ante la prensa el vocal del Tribunal Supremo de Justicia, Grover Mita.
La defensa del exmandatario ya había adelantado la semana pasada que Morales no asistiría a la audiencia porque considera que se trata de una “persecución política” y sostiene que el proceso judicial presenta irregularidades. El abogado de Morales, Wilfredo Chávez, brindó una conferencia de prensa el miércoles pasado para denunciar que su cliente no fue notificado de manera correcta.
Morales evita comparecer ante la Justicia boliviana desde 2024, cuando decidió permanecer en el Chapare, una región cocalera donde mantiene un fuerte respaldo político y social.
Este lunes, Mita rechazó los planteos de la defensa y explicó que el Código de Procedimiento Penal de Bolivia contempla tanto notificaciones presenciales como digitales. “El procedimiento es válido, el tribunal optó por notificar por distintos medios, indicando día y hora”, sostuvo.
Según la Fiscalía, existen más de 170 pruebas reunidas para avanzar con el juicio contra el exmandatario. La investigación comenzó en 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. En aquel momento se difundieron imágenes y mensajes de texto entre Morales y una adolescente con una diferencia de edad de al menos 40 años.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que la menor habría sido captada a través de una estructura de poder político y de influencia utilizada para presionar a sus padres. El entonces Ministerio de Justicia presentó una denuncia por trata agravada de personas, aunque el expediente fue archivado meses después con la llegada al poder de Luis Arce, exministro de Economía y aliado político de Morales.
La causa volvió a activarse en 2024, en medio de la fuerte interna política entre Arce y Morales. En ese contexto se emitió una primera orden de captura contra el dirigente cocalero por no haberse presentado a declarar durante la etapa investigativa. Desde entonces, el expresidente permanece en el Chapare, en Cochabamba, una región ligada históricamente a la producción de coca y donde desarrolló gran parte de su carrera sindical y política. Allí es custodiado por cientos de campesinos y cocaleros armados con palos adaptados como lanzas y escudos improvisados fabricados con tachos metálicos.
En las últimas semanas, la joven involucrada en la causa presentó un escrito ante el Juzgado contra la Violencia hacia las Mujeres solicitando que se anule el juicio. En el documento afirmó que no fue víctima y que “no existió ningún hecho ni explotación”. Además, sostuvo que el proceso carece de fundamentos porque no hubo una denuncia presentada por una víctima.
Consultado sobre este pedido, Mita explicó que la mujer puede solicitar el desistimiento del proceso, aunque aclaró que “eso debe resolverse dentro del juicio oral”. El caso volvió a tomar relevancia en medio de la creciente tensión política entre Morales y el actual presidente Rodrigo Paz.
