El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, criticó en diálogo con Radio 2 el actual sistema de peajes en Argentina, al que calificó directamente como un "impuesto al tránsito". Durante la entrevista, el referente apuntó contra la falta de mantenimiento en las rutas y advirtió sobre el impacto económico de los recientes aumentos, haciendo especial énfasis en los corredores de la región, como el puente Rosario-Victoria y la autopista Rosario-Buenos Aires, administrada ahora por una nueva concesión.
En declaraciones al programa Radiópolis, Lasca se mostró indignado por la situación de la infraestructura vial. Al recordar que días atrás se celebró el Día del Camino, remarcó que los usuarios no tienen nada que festejar. "Lamentablemente no se está haciendo absolutamente nada", sostuvo el coordinador en relación al control, la educación y la infraestructura, y vinculó esta situación con la alta cantidad de siniestros viales en el país.
En ese sentido, apuntó contra los incrementos tarifarios recientes en la región de Rosario. Según precisó, "de la noche a la mañana ya aumentó el 400 por ciento la tarifa para cruzar el puente Rosario-Victoria". Además, cuestionó que la concesión de esa traza se le otorgó a empresas a las que calificó como "incumplidoras".
A este panorama se suma el contexto de la autopista Rosario-Buenos Aires. Desde el sábado 10, la cabina ubicada en General Lagos dejó de aceptar dinero en efectivo. La traza, controlada ahora por la firma Arco Portuario SAU en el tramo entre San Nicolás y Circunvalación, exige pagos mediante Telepase, QR o tarjeta de débito y crédito, con tarifas que parten desde los 1.850 pesos para autos y llegan de forma progresiva hasta los 9.250 pesos para camiones de más de seis ejes.
Falta de obras y críticas al modelo nacional
Lasca explicó que el peaje directo con cobro en ruta, tal como funciona en Argentina, es "inédito" e inconstitucional porque se aplica sobre trazas existentes y sin caminos alternativos libres de pago. "Usted compra un kilo de yerba y está pagando el peaje", ejemplificó para graficar cómo afecta a toda la comunidad.
También fue muy duro con el nuevo régimen del gobierno nacional, al que comparó con un retroceso hacia la década del 90. Alertó que se agregarán 54 estaciones de peaje a las 40 que ya existen, generando cobros cada 90 kilómetros, con actualizaciones trimestrales atadas a la inflación y al precio del asfalto. "Es solamente para un maquillaje, corte de pasto y bacheo, o sea, no se prevé ampliar la red, hacer autopistas, autovías, multitrochas para evitar los choques frontales", denunció.
El reclamo en Santa Fe y los cobros municipales
Al referirse específicamente a la provincia de Santa Fe, el coordinador del Conaduv puso el foco en los cobros de peajes municipales. Aseguró que en localidades como Esperanza y Rafaela las tarifas son "escandalosas" e ilegales porque "violan la ley de obra pública de la provincia de Santa Fe". A pesar de haber llevado el reclamo a la Defensoría del Pueblo y a legisladores, lamentó la inacción política.
Finalmente, Lasca recordó la tragedia del colegio Ecos, ocurrida en la ruta nacional 11. Reprochó que dicha conexión vial "estuvo concesionada más de 20 años y nunca se hizo una autovía", y advirtió que bajo el nuevo esquema pasará a tener cinco peajes en 500 kilómetros, sin garantizar mejoras reales de infraestructura.
La voz de los colectiveros
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresó su preocupación por el estado de las rutas nacionales y las condiciones de la flota de ómnibus de larga distancia y pidió la intervención de la Secretaría de Transporte de la Nación para adoptar medidas destinadas a mejorar la seguridad del servicio.
El planteo fue realizado por el secretario general de UTA Argentina, Roberto Carlos Fernández, en una nota enviada al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich. En el documento, el gremio enumeró una serie de factores que afectan las condiciones de trabajo de los conductores y pueden incrementar los riesgos para trabajadores y pasajeros.
Uno de los principales puntos del reclamo está relacionado con la antigüedad y el mantenimiento de la flota. Según el sindicato, la escasez de financiamiento dificulta que las empresas incorporen unidades nuevas y obliga a mantener en circulación vehículos con un desgaste creciente.
