Donald Trump firmó una orden ejecutiva que habilitó al Gobierno de Estados Unidos a pactar con empresas tecnológicas una revisión previa de nuevos modelos de inteligencia artificial antes de su presentación pública. La versión final del texto fijó una ventana de 30 días y dejó en claro que el esquema posee un carácter estrictamente voluntario. Esta decisión significó un giro frente a la política de no intervención que la Casa Blanca defendía previamente con el fin de evitar retrasos en las compañías locales ante la competencia con China.
El decreto, titulado Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security (Promover la innovación y la seguridad de la inteligencia artificial avanzada), redujo el plazo de evaluación de 90 a 30 días en comparación con un borrador anterior. Este recorte destrabó resistencias internas y permitió que la firma se realizara en el ámbito privado, tras descartar la versión inicial. La norma planteó como meta el impulso a la innovación sin imponer un sistema de licencias u autorizaciones obligatorias para el desarrollo o la distribución de herramientas informáticas.
El texto oficial sostuvo que las capacidades avanzadas de esta tecnología fortalecen al país, pero introducen consideraciones de seguridad nacional que exigen coordinación entre los departamentos y agencias del poder Ejecutivo. Por este motivo, el decreto fijó tareas para reforzar la ciberdefensa de sistemas gubernamentales y dispuso la creación de un centro de intercambio de información sobre vulnerabilidades informáticas.
De acuerdo con el contenido del documento, las autoridades diseñarán un marco para que los desarrolladores de modelos avanzados otorguen acceso a ciertos sistemas durante el periodo previo a su liberación. La orden describió que ese proceso estará sujeto a estrictos requisitos de confidencialidad, ciberseguridad, protección de propiedad intelectual y acuerdos de no divulgación entre las partes involucradas.
El alcance de la revisión quedó delimitado por una cláusula central que aclaró que la medida no autoriza la creación de exigencias obligatorias de licenciamiento o permisos gubernamentales para la distribución de nuevos modelos, incluidos los denominados modelos de frontera. Con esta especificación, la Casa Blanca buscó remarcar que el mecanismo no equivale a un filtro de aprobación estatal obligatorio.
Antes de plasmar la firma, Trump reunió en la Casa Blanca a funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El encuentro sirvió para delinear los aspectos finales de la normativa, con un fuerte eje en el resguardo de la infraestructura digital y en la persecución penal de delitos informáticos cometidos con apoyo de estas tecnologías.
