En abril, los integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto harán la presentación de un nuevo proyecto ante el Congreso, tratando una vez más de lograr un marco legal a la interrupción del embarazo. Según se adelantó, el texto tiene algunas modificaciones importantes, como por ejemplo la despenalización total de la intervención de los médicos cuando se realiza un aborto consentido. Será la octava presentación de esta iniciativa que tanto debate ocasionó el año pasado en el país y que fue rechazada por el Senado luego de lograr la media sanción en Diputados.

De acuerdo a lo que publicó el diario Página 12, el proyecto fue aprobado el fin de semana durante una asamblea plenaria realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, a la que concurrieron 190 representantes de todas las provincias.

Victoria Tesoriero, de Católicas por el Derecho a Decidir, explicó que el proyecto “es el resultado de más de cuatro meses de trabajo en una comisión redactora y recoge el ejercicio de participación democrática con discusiones territoriales en todo el país y con los aportes de las distintas regionales que componen la Campaña”.

“En el marco de las elecciones a realizarse este 2019 se exige a los y las candidatas expedirse respecto de la legislación del aborto voluntario”, expresó la Campaña en un comunicado de prensa difundido a última hora del domingo.

La iniciativa despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación. En estos casos, se debe garantizar en el sistema de salud, público, privado y de obras sociales.

Las prestaciones deberán estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio. La novedad es que se eliminó como causal, las “graves malformaciones fetales”, a raíz de los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad. Tampoco incorporaron la fórmula que se acordó en Diputados, que despenalizaba y legalizaba también el aborto en casos de fetos incompatibles con la vida extrauterina.

Como el proyecto anterior, no criminaliza a las mujeres que se sometan o practiquen un aborto por fuera del plazo de 14 semanas y de las causales establecidas.

En relación a la sanción a médicos o quien hiciera el aborto, el proyecto aprobado en Diputados introducía modificaciones al artículo 85 del Código Penal, reduciendo el castigo cuando la práctica fuera con consentimiento de la mujer, pero no eliminaba la penalización.

El nuevo proyecto de la Campaña también incorpora la definición de “persona gestante”, como el texto que se votó en Diputados. Pero al establecer el alcance de la ley, habla incluso, de “toda mujer u otra identidad con capacidad de gestar”.

También la propuesta de la Campaña incorpora la dimensión intercultural. En el caso de que la mujer o persona gestante que quiere abortar hablara una lengua diferente, se deberá garantizar la presencia de intérprete con el fin de asegurar una comunicación efectiva en un marco de respeto por la interculturalidad, propone el texto.

El nuevo proyecto no dice nada en relación a la objeción de conciencia.

La Campaña, a su vez, incorpora a su proyecto –como se hizo en la discusión en Diputados– un capítulo especial sobre la Educación Sexual Integral, destacando la responsabilidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, para aplicarla y fortalecerla.