A escasas semanas del inicio de un nuevo período legislativo en la provincia de Santa Fe, perdió estado parlamentario el proyecto de la diputada Inés Bertero (FPCyS) que buscaba modificar la Ley 11.273 de Fitosanitarios y contaba con media sanción de la Cámara baja. La decisión del Ejecutivo de no incluirlo en sesiones extraordinarias lo dejó fuera de carrera tras lo cual, las organizaciones ambientalistas se aprestan a impulsar una nueva iniciativa que proteja a las poblaciones de los agrotóxicos.
Un tema altamente preocupante para la salud y la vida de los santafesinos es el relacionado con el uso de los agroquímicos, y desde hace varios años, legisladores y organizaciones ecologistas buscan reformar la Ley 11.273, que regula su uso en la provincia de Santa Fe.
El proyecto que había avanzado en el Congreso provincial y ya contaba con media sanción de Diputados, a pesar de la resistencia de los ambientalistas y de algunos legisladores, era el conocido como Ley Bertero.
Según esa iniciativa, podrían aplicarse agroquímicos de banda verde o azul (es decir, los “menos tóxicos”, entre los que se incluye el glifosato) a partir de los 100 metros del límite urbano si existiera un borde vegetal de amortiguación y de los 200 metros si no estuviera esa barrera forestal. Además, establecía que “veedores (ingenieros agrónomos) deberían controlar esas aplicaciones”.
Pero lejos de mejorar las calidad de vida de las poblaciones cercanas a las superficies cultivadas, el mencionado proyecto reducía aún más la distancia entre los centros urbanos y las zonas fumigadas, ya que la ley vigente desde 1995, establece 500 metros de resguardo respecto del límite urbano para la aplicación de agroquímicos y dice que solo se puede fumigar en forma aérea a partir de los 3.000 metros.
Por esa y otras razones, la Ley Bertero no contaba con consenso suficiente en la Cámara alta donde ni siquiera el oficialista Miguel Cappiello –ex ministro de Salud de la provincia, y conocedor de los riesgos que puede aparejar el mal uso de los agrotóxicos– le dio apoyo.
En ese marco, el Poder Ejecutivo –pese a haberlo impulsarlo en un principio– decidió no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias, por lo que la iniciativa perdió estado parlamentario.
Para Eduardo Spiaggi, integrante del Taller Ecologista y responsable de la cátedra de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNR), “esto no soluciona el problema. En todo caso no lo agrava”.
“Primero hay que reconocer la histórica lucha del movimiento Paren de Fumigarnos que lleva 20 años batallando en este tema, a la que nos sumamos desde el Taller Ecologista y otras organizaciones. Creo que un petitorio que le firmamos al gobernador (Miguel) Lifschitz entre el Observatorio del Sur, la Facultad de Veterinaria, Greenpeace Argentina, Paren de Fumigarnos, El Paraná no se toca y el Taller Ecologista, entre otras organizaciones, fue evaluado por el oficialismo”, dijo Spiaggi, en diálogo con el programa A la Vuelta (Radio 2), a la hora de evaluar el marco en el que el Ejecutivo decidió declinar su apoyo al proyecto.
Aunque algunos senadores son también productores agropecuarios, primó la cordura.
“Además –explicó– no había unanimidad. El propio senador Cappiello, que representa al departamento Rosario e integra, al igual que Bertero, el FPCyS, opinó en contra de esta ley, y a eso se sumó la opinión de otros legisladores que fueron consultados en sus propias localidades, y aunque algunos de ellos son al mismo tiempo productores agropecuarios, primó la cordura”.
Barajar y dar de nuevo
Si bien hay otro proyecto de ley en danza –cuya autoría pertenece al ex diputado José María Tessa (FPV), y fue relanzado por el diputado Carlos Del Frade (FSP), bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología”– son escasas sus chances de prosperar en el Congreso.
Ese proyecto plantea hasta 1.000 metros libres de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua y la prohibición lisa y llana de pulverizaciones aéreas en la provincia. Sin embargo, el mismo Del Frade admitió que no había interés en la mayoría de los diputados para tratarlo.
En este escenario, y de cara al nuevo período parlamentario, según evaluó Spiaggi, “las organizaciones ambientalistas, de las cuales la más visible es Paren de Fumigar, se aprestan a presentar un nuevo proyecto de modificación de la ley de Fitosanitarios, que aún está en redacción.
“Hay que convencer a las autoridades de que esto no va en contra de la producción, sino a favor de la salud de la gente. Tenemos que seguir batallando”, dijo el profesional y basó su postura en la preocupante situación de Argentina en relación con el tema agrotóxicos, ya que “es el país que más veneno usa per cápita en el mundo”.
“No podemos seguir sosteniendo un modelo de desarrollo en base a esa lógica que consiste en poner una planta (por ejemplo la soja) y matar todo lo que hay alrededor. La naturaleza no funciona así, sino en la diversidad. Sin mencionar otros perjuicios que se derivan de este modelo nocivo, ya que este sistema también compacta el suelo e impide el drenaje del agua, además de afectar la biodiversidad. De modo que no es solamente el problema de los agroquímicos, sino el del ambiente en general y el de la plata que tiene que poner el Estado para paliar el efecto de las inundaciones que todo esto provoca”, subrayó.
El rol del Estado y la futura ley
Si bien en apretada síntesis los puntos en cuestión son la cantidad de metros libres de fumigación que debería haber cerca de las poblaciones, y si se permiten o se prohiben las aspersiones aéreas”, la problemática es más compleja.
“La ley vigente establece 500 metros y tiene una pequeña trampa según la cual con una receta agronómica y autorización de un ingeniero, los productos de banda verde se pueden usar a menos de esa distancia, dependiendo del límite agronómico que pongan los municipios, por eso es fundamental el papel del Estado en todo esto”, dijo el representante del Taller Ecologista.
“No se toma la decisión política integral de proteger la salud de la gente. No es tanto una discusión de metros, pero por supuesto que lo que nunca hay que hacer es reducir la distancia que está vigente, algo que buscaba hacer la ley Bertero. Eso es muy preocupante –dijo– sobre todo para los que trabajamos en el campo y estamos en contacto con los productos agroquímicos. Cien metros no existen, es como si fumigaran en la puerta de tu casa”, afirmó.
Hemos normalizado que para producir alimentos hay que echarles 5, 6 ó 7 aplicaciones de veneno.
“Lo que el Estado tiene que hacer es aplicar una política de precaución y alejar los venenos el máximo posible de las zonas pobladas, sean éstas ciudades, pueblos o escuelas rurales, y no es verdad que si se toman estas medidas, quedarían tierras muertas o improductivas. Está demostrado que se pueden producir, sin venenos, alimentos de calidad y ganar dinero al mismo tiempo. Nosotros trabajamos en esa línea, acompañando a productores a los que les va bien. Hay ejemplos en todo el país de que se puede producir agroecológicamente y sin venenos, alimentos de calidad y de cercanía, sin necesidad de someterlos a traslados innecesarios”.
Las organizaciones ecologistas insisten en que “es el paradigma productivo lo que hay que discutir para pensar cómo se van a seguir alimentando nuestras comunidades y si vamos a cuidar la soberanía alimentaria que implica producir nuestros propios alimentos. Hemos normalizado que para producir alimentos hay que echarles 5, 6 ó 7 aplicaciones de veneno”, alertó Spiaggi con preocupación, al tiempo que destacó que el Ministerio de la Producción está apoyando en algunos municipios –como Soldini y el Gran Rosario– la transición y el cambio hacia la agroecología. Hay varias caras del problema y ese es un buen dato, apuntó.
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