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Prescribió la causa por presunto pago de coimas en el Senado

El fiscal y la Oficina Anticorrupción no apelaron a la Corte Suprema de Justicia y la investigación se cerró
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La causa penal por las "coimas en el Senado" prescribió luego que pasaran más de 15 años. Antes de la feria judicial del verano la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las absoluciones de los acusados por el "beneficio de la duda". Tras ese fallo, el fiscal de esa instancia y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar ante la Corte Suprema al entender que que los plazos procesales se agotaron.

Según publicó el diario La Nación, el fiscal Javier de Luca presentó un escrito donde explicó por qué no presentaría un recurso extraordinario que llevara el expediente hasta el máximo tribunal de Justicia. Sostuvo que la acusación fiscal por la que los sospechados habían ido a juicio oral era por cohecho, con una pena de seis años, y que ese plazo –contado desde que se citó a todos a juicio– vencía el 18 de diciembre del pasado año. 

"No habrá tiempo material para que se tramite un eventual recurso (ante la Corte) que logre la revocación de la absolución, ordene desarrollar un nuevo debate y se concluya en una sentencia condenada", precisó el texto.

El expediente comenzó a inicios del 2000 después de que se difundieran negociaciones entre funcionarios del gobierno del por entonces presidente Fernando de la Rúa y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la ley de reforma laboral. 

En la investigación quedaron bajo la lupa el ex presidente De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibañez, su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, el presidente provisional del Senado, Alberto Tell, y los legisladores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros. 

La causa tuvo un avance en 2003, cuando el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto se presentó en los Tribunales como arrepentido y declaró cómo fueron las negociaciones y los pagos. No obstante, el Tribunal Oral Federal Nº 3 absolvió a todos los acusados –incluso Pontaquarto– al considerar que no se probaron las coimas. 

El 4 de diciembre del año pasado, la Cámara de Casación confirmó todas las absoluciones. 

Desde la Oficina Anticorrupción, los abogados fijaron posición (tras el cambio de autoridades) y se emitió un dictamen que fue dirigido al subdirector de Investigaciones. En el escrito, los letrados consideraron "bastante remota" la posibilidad de que la Corte revoque el fallo de Casación. Además, añadieron que la acción penal "estaría próxima a prescribir por el transcurso del tiempo". 

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