Cuatro ex efectivos de la Policía Federal fueron condenados este lunes en un juicio oral a penas de hasta tres años de prisión, que no serán de cumplimiento efectivo, acusados de haber armado causas a indigentes para luego presentar los procedimientos ante la prensa televisiva con el fin de ganar crédito.
Según informó Télam, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 30 porteño condenó a los imputados por cinco hechos de “privación de la libertad agravada (por su condición de policía) en concurso ideal con la falsificación de documentos”.
Los hechos que se sustanciaron en el juicio datan de 1997 y 1998, período en el que los policías utilizaban como "carnada" a una persona que se acercaba a mendigos, desocupados o personas con problemas mentales y les ofrecía una changa, ganaba su confianza, y luego se ausentaba y les dejaba un bolso a su cuidado.
Posteriormente, aparecían los policías, que simulaban un procedimiento, y con abuso de sus funciones, los detenían acusándolos de tenencias de armas o drogas.
Estos procedimientos eran presentados por los efectivos a la prensa televisiva como exitosos para ganar crédito dentro de la fuerza. Se pudo constatar que perjudicaron a 123 personas en estado de vulnerabilidad manifiesta.
La pena máxima recayó sobre José Lusarreta, quien recibió tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
En tanto, Hugo Daniel Rodríguez, Ricardo Maldonado y Carlos Francisco Giusepucci recibieron dos años y nueve meses de prisión, más una inhabilitación de cinco años y seis meses, pero ninguno de los cuatro irá a la cárcel, ya que, por el monto de las penas, se trata de condenas excarcelables.
Los fiscales del juicio, Fabián Celiz y Germán Wechsler, habían solicitado en los alegatos ocho años de cárcel para Lusarreta y cuatro años para los otros tres policías, en todos los casos de prisión efectiva.
Estos policías ya fueron juzgados en dos oportunidades y absueltos en ambos casos, primero por el beneficio de la duda y luego por prescripción de la causa, pero por una presentación que llegó a la Corte Suprema de Justicia tras el primer juicio, se logró que sean sometidos a un tercero.
"Se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente", ordenó la Corte.
El caso se inició a partir del informe elaborado por la "Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados", creada en el 2000 por el entonces procurador general de la Nación Esteban Righi y que estuvo a cargo de Daniel Rafecas, actualmente juez federal.
