Uno de los imputados en la investigación por el crimen del ex concejal Eduardo Trasante quedó desvinculado del homicidio ocurrido el 14 de julio en San Nicolás 3638. Según la acusación formulada por los fiscales en julio del año pasado en su contra, participó en la operación de adquisición del auto robado que luego usaron los sicarios para matar al pastor. Desde Ciudad Futura señalaron que la decisión "abre espacio a la impunidad".
El beneficiado por la medida es Aníbal Maximiliano Galván Había sido imputado por comprar junto a Brian Nahuel Álvarez el Peugeot 308 blanco que posteriormente usaron los atacantes de Trasante. En la causa habían quedado sospechados de al menos aportar la logística a los autores materiales del homicidio, cuando fueron imputados en julio del año pasado.
Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que después de varias medidas investigativas los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery determinaron que Galván no tenía conocimiento que el vehículo se iba a usar con ese fin y que no tendría conexión con la banda que está bajo la mira.
"Nos parece excesivamente prematura (la decisión). Apelamos nuestra disconformidad ante la fiscal regional María Eugenia Iribarren. En caso de que convalida el accionar de los fiscales Ávila y Edery recurriremos ante el fiscal general Jorge Baclini", dijo el concejal de Ciudad Futura Pedro Salinas en el programa Radiópolis (Radio 2).
Para el edil, es "inexplicable" la resolución a siete meses del crimen. "No hay un fundamento sustancioso. Resuelven desvincularlo de la investigación porque en la prueba colectada no se lo puede vincular al homicidio", concluyó.
Por el momento, en la investigación fueron imputados el narco peruano Julio Rodríguez Granthon –preso por otros delitos–, Facundo López, Alejo Leiva, Brian Nahuel Álvarez, Aníbal Maximiliano Galván y Ariel Sosa.
Sosa fue el primer acusado. Se le atribuyó participar en la entradera en la que se sustrajo el Peugeot 308; Galván y Álvarez fueron imputados por ser responsables de la compra de ese auto. Los fiscales tienen indicios de que Galván desconocía que ese vehículo iba a ser utilizado para un crimen; distinta situación corre para Álvarez, que tiene relación con otros sospechosos por el asesinato del pastor.
Rodríguez Granthon fue imputado por ordenar la compra del vehículo robado; mientras que Facundo López y Alejo Leiva se encargaron de buscar el Peugeot 308 adquirido, haber sacado fotos del frente de la casa del ex concejal y haber armado carteles en los que señalaban al pastor por delitos sexuales, que finalmente no fueron dejados en la escena del homicidio.
