Un convicto por narcotráfico quedó detenido este miércoles acusado de extorsionar, junto con dos cómplices, a un empresario bolichero de la región, quien a mediados de enero comenzó a recibir mensajes donde le exigían dinero en concepto de protección. La maniobra, que quedó en grado de tentativa, fue dada por desbaratada el sábado pasado con cinco allanamientos en la localidad de Pérez solicitados por el fiscal Franco Carbone.

Este martes, en una audiencia ante el juez Gonzalo Fernández Bussy, Carbone imputó a Walter “Negro” Rivero (56), un hombre con antecedentes en la Justicia Federal, a Matías A. (28) y a Gisele “Flaca Buji” Z. (35) por llevar a cabo una maniobra extorsiva en enero y febrero, ardid que tuvo como objetivo causar un “perjuicio patrimonial de una víctima, que fue intimidada con exigencias de dinero en efectivo a cambio de abstenerse a efectuar ataques en su contra”, según señala la carpeta judicial.

La maniobra comenzó el 11 de enero, dijo la Fiscalía, cuando Matías A. se comunicó por llamada de Whatsapp con un joven organizador de eventos nocturnos de la localidad de Zavalla y le manifestó que tenía que pagar 5 millones de pesos por protección, o de lo contrario efectuarían disparos contra su domicilio. Para infundir más miedo, el apretador le envió una imagen configurada para verse una sola vez donde se observaba la fachada de su domicilio.

Tras unos breves intercambios, la víctima bloqueó el contacto. En un día no especificado, el empresario recibió una visita en su domicilio donde, según la Fiscalía, los tres imputados le pidieron plata en forma poco amistosa. Las últimas amenazas, que vendrían por parte de la Flaca Buji, llegaron el 12 de febrero al teléfono de un familiar de la víctima. Cinco días después, personal de la Policía de Investigaciones allanó cinco domicilios en Pérez y detuvo a los sindicados.

Al momento de resolver, González Bussy dispuso la prisión preventiva efectiva para ambos varones por seis meses, y domiciliaria para la Flaca Buji por el mismo plazo.

El Negro Rivero, un tallerista vinculado con desarmaderos, fue condenado a fines de 2019 por el Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario a 12 años de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes. La Fiscalía lo ubicó como jefe de una banda que contabilizó 23 integrantes. En el expediente se destacaron otros acusados como Carlos “Betito” Godoy, de profuso historial en la crónica policial, quien fue condenado a 8 años. En la instrucción de la causa sobrevoló en escuchas la sombra del capo Estaban Alvarado, hoy condenado a perpetua, por lo que entonces el TOF pidió investigarlo. 

La causa federal contra la “banda de Rivero” surgió en 2014 en un ampuloso operativo conjunto que empleó 350 efectivos federales y provinciales que se desplegaron en Rosario, Pérez, San Lorenzo, Arroyo Seco y Chabás. Todo culminó con el secuestro de  5,825 kilos de marihuana y 6,306 kilos de cocaína, según se dijo oficialmente.

Rivero todavía no terminó de pagar la condena federal, puesto que vence en 2026, indicó un vocero judicial.