La Justicia federal solicitó llevar a juicio oral y público a un médico y a una farmacéutica de Rafaela acusados de defraudar al Pami mediante la emisión de más de 600 recetas electrónicas apócrifas. Según la investigación, las maniobras se realizaron entre febrero y septiembre de 2021 y provocaron un perjuicio económico de más de 1,1 millón de pesos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel ante el juez subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, y tiene como imputados al médico Alberto José M., de 72 años, y a la farmacéutica Gisela Viviana B., de 53.
Cómo funcionaba la maniobra
De acuerdo con la acusación, los imputados confeccionaron 636 recetas electrónicas a nombre de 78 afiliados que no pertenecían a la cápita del médico. La investigación determinó que todas las prescripciones fueron emitidas desde computadoras ubicadas en la Farmacia Bernini, a partir del rastreo de las direcciones IP del comercio.
Para concretar las recetas, se utilizó el usuario y la clave del sistema de receta electrónica del médico. Según el fiscal, ese aporte fue clave para concretar la maniobra: sin el acceso brindado por el profesional, la farmacéutica no habría podido generar las prescripciones ni obtener el pago por parte de la obra social.
La fiscalía sostuvo que las recetas falsas impulsaron disposiciones patrimoniales erróneas y perjudiciales para el Pami, con el objetivo de obtener un beneficio económico indebido que finalmente fue percibido por la farmacia.
Acusaciones y roles
En el requerimiento de elevación a juicio, la farmacéutica fue acusada como autora del delito de defraudación a la administración pública, mientras que el médico fue considerado partícipe necesario. La fiscalía remarcó que si bien las operaciones se ejecutaban desde la farmacia, no podrían haberse concretado sin el acceso al sistema proporcionado por el profesional.
La denuncia del Pami y las pruebas
La causa se inició tras una denuncia presentada por el área legal del Pami ante la Unidad Fiscal especializada en delitos vinculados a la obra social. Durante la investigación, se realizaron entrevistas a afiliados que figuraban en las recetas: muchos aseguraron que el médico imputado no era su prestador, otros dijeron consumir menos medicamentos de los recetados y algunos afirmaron que las prescripciones provenían de otros profesionales.
Con el cierre de la instrucción, la fiscalía pidió que ambos imputados sean juzgados en un debate oral, donde se definirá su responsabilidad penal por la presunta estafa al sistema de salud de los jubilados.
