Jorge Daniel “Jorgito” Pérez (37) fue condenado al mediodía de este lunes a la pena de 20 años de prisión por haber matado a tiros a Magalí Georgina Paiz (19) y a Carla Elisabet Cabaña (34) el 16 de septiembre de 2022, en una precaria vivienda ubicada en Luzarriaga al 2400, en un sector postergado de Nuevo Alberdi. Como ya tenía una condena previa –por extorsión agravada, portación de arma y participación en una asociación ilícita–, el monto total de pena que deberá cumplir en prisión asciende a 28 años.
La resolución fue dada a conocer por el tribunal integrado por los jueces Juan Gasparini, Carlos Leiva y Jorge Rodríguez. El fiscal Patricio Saldutti había solicitado la prisión perpetua para el acusado, aunque los magistrados descartaron la figura de femicidio postulada por el Ministerio Público de la Acusación.
De acuerdo con los datos ventilados durante las audiencias, al momento del ataque Pérez, un hombre analfabeto nacido y criado en el sector más profundo de Nuevo Alberdi, oficiaba como brazo armado de una organización criminal involucrada en numerosas disputas con bandas antagónicas de la ciudad. Se trataba de la estructura liderada por Brian “Negro” Villalba y los hermanos Coronel, que respondía a los intereses del narco mayorista Julio Andrés Rodríguez Granthon, alias El Peruano.
El caso
Magalí y Carla fueron asesinadas en la madrugada del 16 de septiembre de 2022 en una vivienda donde dormían los cuatro hijos de Carla, la mayor de las víctimas. Jorge Pérez fue mencionado en la escena del hecho prácticamente desde el inicio de la investigación y fue detenido pocos días después. Desde entonces permaneció en prisión preventiva, a la espera de un juicio que sufrió varias postergaciones.
Carla Cabaña vivía en una casa precaria de dos ambientes en Luzarriaga al 2400, en un sector de Nuevo Alberdi donde se registraron otros episodios de violencia letal, como el homicidio del niño Benjamín Mansilla, ocurrido en enero de 2025, cuando balearon la vivienda de su padrastro.
Para septiembre de 2022, Magalí Paiz se había mudado a la casa de Carla, aparentemente para tomar distancia de una relación violenta que atravesaba mientras residía con su novio y sus suegros. Una hermana de la joven intentó disuadirla de quedarse allí, al advertirle que en ese barrio “pasaban cosas feas”.
Según la investigación, delegada en la División Homicidios de la ex AIC, durante la madrugada del 16 de septiembre Magalí y Carla se encontraban en la vivienda junto al novio de chica más joven y Jorge Pérez.
El principal testigo del juicio declaró que aquella noche estaba con Carla y Magalí consumiendo cocaína, mientras los cuatro hijos de la mujer dormían en una habitación contigua, separados apenas por una cortina. Dijo que Pérez llegó en algún momento de la madrugada, aportando más droga, y que comenzaron a consumir los cuatro.
El testigo clave indicó que hasta ese momento no había advertido que Pérez estuviera armado, es decir, que ocultó el arma desde su llegada y la utilizó recién cuando creyó que el hombre se había retirado. Sin embargo, el testigo no se había ido lejos: estaba acomodando un carro que había dejado afuera, sobre la vereda. Desde allí, en el patio delantero de la vivienda, escuchó los dos disparos que terminaron con la vida de Carla y Magalí. Eran cerca de las 6.30 y, momentos antes de las detonaciones, Carla y Pérez habían comenzado a discutir por un vehículo.
Las víctimas murieron en el acto, mientras que el novio de Magalí huyó a la carrera, para dirigirse a su casa en busca de ayuda. Según los investigadores, Pérez salió tras él para darle alcance, pero no lo logró. Luego regresó a la escena del doble crimen, donde permanecían los cuatro hijos de Cabaña, tomó el celular de la mujer y se dio a la fuga.
El teléfono nunca apareció. La Fiscalía subrayó que esa evidencia, que Pérez logró hacer desaparecer, podría haber servido para probar una instigación proveniente desde alguna unidad penitenciaria. Por otra parte, los informes balísticos determinaron que la pistola utilizada había sido empleada en otros hechos violentos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.
La pesquisa se inició con la localización del novio de Magalí Paiz, quien había presenciado la secuencia. Días después, Jorge Pérez fue detenido en una vivienda de Baigorria al 3300, a pocas cuadras del lugar del doble homicidio.
Durante el juicio, la acusación sostuvo que Carla Cabaña estaba inmersa en un entramado de deudas, presiones, controles y amenazas. Ella y Magalí “eran mujeres jóvenes, madre en el caso de Carla, sin lugar fijo para vivir, insertas en un contexto de vulnerabilidad económica y habitacional, y atravesadas por una situación de consumo de estupefacientes sostenida en el tiempo”, se escuchó en la sala.
La banda del Negro Villalba
En el marco de la investigación también se mencionó el rol de Gastón Leandro Coronel, expareja de Carla, quien estuvo detenido en la cárcel de Coronda por organizar la venta de drogas para el transa Brian “Negro” Villalba, otro recluso vinculado a la narcocriminalidad.
Coronel declaró en el juicio con reticencia, acaso para no comprometer a la organización a la que pertenecía. Además, se encontraba alojado en el mismo pabellón que Pérez.
En un legajo penal conexo se estableció que, en aquellos días de 2022, el jefe de la banda, Villalba, mantenía comunicaciones desde prisión y contaba con el padrinazgo del narco mayorista Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon, con quien había compartido pabellón en la cárcel de Piñero.
Villalba sería señalado más tarde como uno de los antagonistas de la entidad criminal conocida como Los Menores, un conflicto que derivó en una treintena de muertes en los barrios 7 de Septiembre, Stella Maris y Emaús. Además, tiratiros de su banda protagonizaron en noviembre de 2023 un fallido intento de rescate del recluso Gabriel Encina del Hospital Provincial, episodio que terminó con el asesinato del policía Leoncio Bermúdez.
La banda del Negro Villalba contaba entre sus integrantes, hasta su detención, al propio Jorge Pérez, encargado de ejecutar ataques armados. Por esa actividad delictiva, el acusado acordó en mayo una pena unificada de 8 años de prisión por integrar una asociación ilícita y por extorsión agravada.
Respecto del móvil de los crímenes de Carla Cabaña y, como daño colateral, el de Magalí Paiz, se mencionó una deuda impagable en dólares que mantenía E. Cabaña, hermano de Carla, con Rodríguez Granthon. Además, según la acusación, Carla y Pérez tenían el encargo de hacer desaparecer un vehículo y no cumplieron.
En las organizaciones criminales “la mujer es un objeto; cuando no sirve más se descarta, y se descarta de la forma más violenta posible”, alegó el fiscal Saldutti al insistir con el agravante de género, que hubiera implicado una condena a prisión perpetua. Sin embargo, los jueces resolvieron condenar a Pérez a 20 años de prisión por dos hechos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la portación ilegal del arma, pena que fue unificada en 28 años.
