Este lunes la Reforma constitucional entra en una etapa clave: la redacción. Presentados los dictámenes de las comisiones temáticas, ahora los convencionales de la comisión Redactora deberán revisar cada texto, corregir errores y resolver contradicciones para que la letra final que llegue a la votación en el plenario en apenas unas semanas sea lo más clara posible. A tal fin, se sumará como invitada una lingüista de la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo, tal colaboración despertó críticas. Y en el mientras tanto, continúan las negociaciones políticas, ya a contrarreloj. El 10 de septiembre la Convención votará la nueva Carta Magna.
“El corrector tiene que estar en los representantes que hemos sido votados en la formación de este texto que esperemos que rija por muchos años, si es que el gobierno acepta que haya un diálogo más profundo. No se trata de contratar a una lingüista”, planteó en contacto con Radio 2 el convencional Diego Giuliano, de la comisión Redactora que comenzará a trabajar este mediodía.
Así, manifestó su desacuerdo con la incorporación de la profesional de la UNL, pero también con el proceder del oficialismo que a tres semanas de la votación en el plenario mantiene fuertes diferencias internas. No es el único opositor que señaló tal cosa. Desde Somos vida y libertad, el espacio que lidera Amalia Granata, temen “una mala Constitución por defecto de técnica legislativa”. El fin de semana advirtieron que Unidos gasta mucho tiempo en saldar sus propias divisiones y deja escaso margen para acordar con la oposición.
“Hay que tratar primero de encontrar los consensos (…) Más que un lingüista tienen que contratar a una armonizador que resuelva el problema del Ejecutivo”, observó Giuliano, preocupado por conseguir una Constitución superadora a la de 1962.
“Debe ir para adelante no para atrás, y hay cosas que van para atrás. Es una Constitución que no consagra un Consejo de la magistratura, la única del país. Que le da competencias al Poder Ejecutivo más alla de las que corresponden en el constitucionalismo moderno”, criticó y señaló incluso “resabios medievales” al ampliar el margen de indulto del gobernador, por ejemplo, graficó, en casos de violencia institucional como “gatillo fácil”.
Para Giuliano, lo que la Constitución requiere ahora, no es un especialista en lenguaje, sino análisis jurídico y, sobre todo, escucha y consensos políticos: “Que sea el producto de un diálogo y no un monólogo oficialista ejecutivista cerrado”.
Por su parte, desde el oficialismo, el convencional Joaquín Blanco, destacó el “momento apasionante” en el que ingresa ahora la reforma constitucional y refutó que sea una “Constitución a libro cerrado o un traje a medida de (el gobernador Maximiliano) Pullaro”.
“La práctica demostró que nada era cierto, que se tomaron ideas de todos los bloques”, aseguró Blanco. Señaló que La Libertad Avanza, sin embargo, fueron los únicos que no firmaron ningún dictamen. Y cerró: “Espero que no voten en contra. No votar en general un cambio de Constitución después de 60 años es un error histórico, seguro que se van a diferenciar en particular en todos los temas. Aspiro a que en general voten a favor”.
