La Cámara de Diputados tuvo este martes su primera sesión ordinaria del año y dio media sanción al proyecto de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe. Se trata de la iniciativa que fue presentada por los diputados santafesinos de todos los espacios políticos. La iniciativa fue avalada con 214 votos a favor y 4 abstenciones del Frente de Izquierda.

“Esto es una señal política de todo el Congreso Nacional, para unir fuerzas y estar todos juntos para combatir un delito como es el narcotráfico y la narcocriminalidad, con lo cual no es menor que hoy estemos dando esta señal", manifestó el diputado Roberto Mirabella.

El legislador explicó que con la iniciativa se crean "27 cargos de fiscales federales que llevarán adelante las investigaciones, defensores, jueces de garantías, de revisión y de ejecución penal".

"Es un salto cualitativo gigante para la provincia. La estructura de la justicia federal en Santa Fe no se actualiza desde hace más de 30 años, cuando este delito que hoy enfrentamos, el narcotráfico, no existía”, detalló el diputado. El gobernador Omar Perotti siguió la sesión desde el recinto de Diputados.

Por su parte, el diputado rosarino de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, celebró el proyecto y pidió implementar medidas de corto plazo para contrarrestar el avance del narcotráfico.

“Este proyecto, que nunca fue prioridad para el gobierno, va a ayudar a la Justicia Federal en la lucha contra el narcotráfico y lo celebro; por eso peleamos para estar hoy en el recinto aprobando este proyecto. Pero necesitamos medidas de corto plazo, que las tienen que tomar el gobierno provincial y nacional”, manifestó Angelini.

No obstante, apuntó: “Ahí está el problema, porque si quisieran solucionar esta crisis en el corto plazo, dejarían de lado la ideología y esa lógica que se ha implementado en 16 de los últimos 20 años, y tomarían medidas inmediatas”.


Por su parte, el socialista Enrique Estévez manifestó en la sesión: “Hay una Comisión Bicameral que es la encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal que no está funcionado. El narcotráfico es un delito que pone en jaque a la democracia y no vamos a naturalizarlo”.


"Este proyecto nace del consenso multipartidario. Creemos este es el camino para abordar la violencia urbana que atraviesa nuestra ciudad, y no el turismo de dirigentes políticos porteños que vienen a Rosario, se sacan una foto con cara de preocupados y después se borran”, destacó el diputado nacional Eduardo Toniolli.

En tanto, la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, adelantó la abstención de su bloque y expresó que “hay una responsabilidad del Estado en que la situación en Rosario esté como está y que se agudice el cuadro de avance del narcotráfico” a partir de “la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la justicia y funcionarios de fuerzas políticas que han dejado que la situación avance y el narco se lleve la vida de niños y trabajadores que viven en las barriadas más postergadas de Santa Fe y especialmente de Rosario”. 

“Este no es un problema solamente de Rosario y Santa Fe, pero allí está especialmente agudizada la situación, y no puede sorprender porque es la zona donde los puertos están en manos privadas, no se controla lo que entra y sale, y se producen estafas con las exportaciones”, añadió. 

La iniciativa

La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.

Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que "quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento".

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto, "el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente". "El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen", señala.

Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en "$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional".