En los años 80 Baglietto grabó una extraña canción de Pichi De Benedictis. “La censura no existe, mi amor”, era el primer verso. A partir de allí, Juan cantaba la frase a repetición, pero en cada vuelta perdía la última palabra. Hasta el silencio. Hasta desaparecer. Toda una metáfora de la censura y de la dictadura.
Los discursos de odio, ¿existen y deben crearse mecanismos legales para ponerles freno, o son una excusa para limitar la libertad de expresión de sus supuestos emisores? ¿Qué derecho está primero, el de cualquiera a decir cualquier cosa por el medio que sea, o el de los grupos que sienten que a la discriminación histórica ahora se suma el odio hacia ellos fomentado incluso desde lo más alto del poder?
Estas posturas dividen aguas en la reforma constitucional santafesina, donde explícita o implícitamente la cuestión es abordada por distintos proyectos partidarios. Entre quienes impulsan que la nueva Carta Magna incluya una referencia condenatoria explícita a los discursos de odio en su capítulo de Derechos y Garantías y los que niegan su existencia hay un abismo. En el medio, se plantea todo un debate que hace a la calidad de la conversación pública y el respeto por las diferencias. Asuntos centrales en la construcción de una convivencia democrática, que llevan a una pregunta marcada por el cambio de época: ¿hay una regulación posible para la violencia que circula en medios y redes o, como en la economía, la onda de los nuevos tiempos es desregular y que sea el mercado el que defina?
El proyecto del Partido Socialista es el más explícito a favor de la regulación. E incluye el tema en el artículo 11. “La libertad de prensa y comunicación, y la libertad de información a través de los medios y redes digitales, constituyen un bien social que esta Constitución protege y garantiza. Los medios de comunicación deben proteger el bienestar general y promover información plural y libre de toda forma de discriminación, violencia simbólica, sexismo, racismo, xenofobia o discursos de odio”. El planteo es que, lejos de ser un instrumento de censura, limitar los discursos de odio es fundamental para que la violencia verbal no termine acallando, aunque sea para salirse del foco de la agresión, a los grupos que la sufren.
En las antípodas está La Libertad Avanza, que en nombre de la libertad de expresión, propone como parte del texto del mismo artículo: “Este derecho no podrá ser limitado ni restringido, directa ni indirectamente, por la invocación de categorías indeterminadas o abiertas como «noticias falsas», «desinformación», «discurso de odio», «contenido peligroso», o cualquier otro término equivalente que permita al Estado, a particulares o a intermediarios tecnológicos ejercer control ideológico, moral o político sobre el pensamiento y la palabra”. Y más adelante suma: “Toda acción estatal o privada que directa o indirectamente suprima, limite, bloquee, remueva, o reduzca el alcance de una expresión, deberá ser plenamente motivada, proporcional, y sujeta a revisión judicial urgente e independiente”. Es decir, como en otros temas, el planteo libertario es que el Estado no tiene por qué meterse y que si lo hace ataca la libertad. Aunque sea la de pronunciar una expresión agraviante.
El proyecto del Partido Justicialista (Más para Santa Fe) lo aborda desde otro ángulo y fuera del artículo 11: propone garantizar “entornos digitales seguros, libres de violencia, odio y discriminación”, en un ítem específico sobre derechos digitales. Se centra en el espacio virtual, según explicó a Rosario3 la convencional Alejandra Rodenas, porque es donde más reproducción hay de este tipo de discursos y para que quede claro que el espíritu es “garantizar la libertad de prensa a todos los ciudadanos sin filtros ni represión del Estado”. Pero el principio es que hay discursos que lastiman, que son generadores de violencia, y la Constitución no debería ignorarlo.
El proyecto de la UCR no menciona el concepto, pero introduce una novedad importante: la prevención y sanción de la violencia en línea como forma de deterioro del debate público democrático. No usa el término “discurso de odio”, pero apunta a fenómenos cercanos, con un enfoque más institucional.
| Espacio político | ¿Menciona “discurso de odio”? | Cómo lo aborda | Enfoque |
|---|---|---|---|
| Partido Socialista | Sí (explícitamente) | Exige que los medios promuevan información libre de discursos de odio, violencia simbólica, sexismo, racismo, xenofobia, etc. | Protector y regulador |
| Partido Justicialista | No (implícito) | Plantea entornos digitales seguros, libres de violencia, odio y discriminación. No lo menciona en el art. 11. | Garantista y preventivo (digital) |
| UCR | No (concepto cercano) | Incorpora prevención y sanción de la violencia en línea como deterioro del debate democrático. | Institucional y moderado |
| La Libertad Avanza | Sí (para desacreditarlo) | Rechaza el concepto: lo define como categoría indeterminada usada para justificar censura. | Negacionista o refractario |
El debate puede parecer abstracto, pero no lo es. En enero pasado, por caso, el diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei luego del discurso en el Foro de Davos en el que a sus habituales insultos a economistas y periodistas, acusó de pedófilos a los homosexuales y atacó también a las personas trans, feministas y migrantes.
Esa denuncia, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, parece dormida: no hay novedades de recolección de pruebas ni de citaciones a declarar.
Si bien la presentación judicial invoca figuras penales ya existentes, ¿pasaría lo mismo si hubiera un basamento en la Constitución (en este caso nacional) que planteara un freno a ese tipo de discursos?
Para Milei las expresiones violentas son, o al menos lo han sido, un instrumento eficaz de acumulación política. El odio, como estrategia, le dio buenos resultados porque le permitió conectar con sectores sociales que explotaban de bronca contra una dirigencia política que acumuló riqueza personal, mientras se ampliaba la pobreza colectiva. ¿Pero a qué costo?
Naturalizar la violencia
La Organización de las Naciones Unidas sostiene que los discursos de odio no son cualquier opinión ofensiva, sino aquellos que atacan o degradan a una persona o grupo por su raza, religión, género u otra identidad. No son nuevos. Pero sí tienen efectos conocidos: crean enemigos, naturalizan la violencia, justifican exclusiones.
También son cada vez más visibles. El ataque a estudiantes secundarios por su orientación sexual. Las campañas de difamación contra periodistas. Los posteos virales que demonizan a migrantes. La hostilidad hacia mujeres feministas, lesbianas, comunidades indígenas.
La comisión que debe analizar el tema para ver si se incluye o no y cómo la cuestión en el texto de la nueva Constitución santafesina es la de Derechos y Garantías, que preside Rodenas. La convencional de Más para Santa Fe reveló que en las audiencias de la semana pasada diversos colectivos apuntaron que ante su intento por sostener las conquistas obtenidas, la reacción con la que se encuentran es el odio. “Aparece como un plus de la discriminación y termina de cerrar un círculo poco virtuoso”, señaló.
Son sectores que entienden que los quieren callar por la fuerza de los que son más o simplemente gritan con mayor intensidad, en una conversación pública envenenada. Y que eso también es una forma de censura.
Acaso la canción de Pichi de Benedictis que cantaba Baglietto se podría aggiornar:
El odio no existe, mi amor
El odio no existe mi
El odio no existe
El odio
El…
