La Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) expresó este jueves su "repudio y solidaridad" ante las denuncias de espionaje ilegal del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, contra dirigentes empresarios.

Entre las lista de 661 nombres "fichados" durante la gestión del ex funcionario figuran directores de al menos 60 empresas. Y también dirigentes empresarios. Por ejemplo, figuran Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosaria (AER), el ex presidente de la Cámara de Fabricantes de la Maquinara Agrícola (Cafma), Orlando Castellani, el ex presidente del Polo Tecnológico de Rosario (PTR), Juan Pablo Manson, y el gerente del PTR, Guillermo Civetta. 

"Desde Fisfe queremos expresar nuestro más absoluto repudio a dichas prácticas ilegales que habrían sido llevadas adelante desde el Estado -tal como sucediera a nivel nacional, en otras causas similares- por lo que no sólo merecen el rechazo unánime de toda la ciudadanía, sino la investigación y condena judicial", señala la central fabril santafesina.

"Por otro lado, nuestra solidaridad con quiénes habrían sido víctimas de dicho espionaje, y en especial con nuestros asociados y dirigentes industriales. Nunca más prácticas de este tipo, absolutamente ajenas y alejadas de la plena vigencia del sistema democrático", completó Fisfe en un comunicado.

Si bien hasta ahora la causa por "espionaje ilegal" que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva contra Saín, se centró en los dirigentes políticos que el funcionario habría fichado, en la lista de 661 posibles víctimas aparecen integrantes de al menos 60 directorios de empresas con negocios en la provincia. La lista de las compañías que tienen directores cuyos datos recopiló Saín y a la que accedió Rosario3 es la siguiente:

Actis (ingeniería)

Agropecuaria Despertar del Norte (agro)

AIR (aeropuerto)

Banco Municipal de Rosario (entidad financiera)

Brimax (industria)

Catering Gourmet (gastronomía)

Cidal (industria)

Cofco (agroexportadora)

Construcciones Mecánicas Belgrano (industria)

Cotar (láctea)

Daminato (financiera)

Del Sol (constructora)

Dinale (constructora)

El Centinela (Seguridad)

Electroingeniería (industria)

Escobar (concesionaria de vehículos)

FyG (constructora)

Fundar (constructora)

Inco (ingeniería y construcciones)

La Reina (supermercados)

Milkaut (láctea)

Minervino (constructora)

Montehelado (alimenticia)

Mor Arquitectura (desarrolladora inmobiliaria)

Multimedios La Capital (medios)

MWR (constructora)

Natalio (concesionaria de vehículos)

NB (constructora)

Nation Litoral (concesionaria de vehículos)

Ombú (maquinaria agrícola)

Obring (constructora)

Paladini (Frigorífico)

Pecam (constructora)

Petroquímica Bermúdez (industria)

Pesado Castro Dealer (concesionaria de vehículos)

Pilay (desarrolladora inmobiliaria)

Polo Tecnológico de Rosario (entidad empresaria)

Profertil (agroquímica)

Prosegur (seguridad)

Prost (concesionaria de vehículos)

Proyectar (desarrolladora y constructora)

Randstad (selectora de recursos humanos)

Ren (constructora)

Reno (industria del mueble)

Rosetti (desarrolladora inmobiliaria)

Sanatorio de la Mujer (salud)

Sanatorio Parque (salud)

Sanatorio Plaza (salud)

Sancor (láctea)

Sidera (industria)

Swift (frigorífico)

Tecsan (ingeniería ambiental)

TPR (concesionaria de puerto rosario)

Terragene (biotecnología)

Vicentin (agroexportadora)

La investigación de los fiscales no se centra en escuchas ilegales ni -en la mayoría de los casos- seguimientos. Es la recopilación sistemática de información sobre personas físicas y jurídicas sin causa abierta ni control judicial, de forma discrecional, a dedo y desde bases de datos abiertas o cerradas pero centralmente desde oficinas y con personal provincial.

Las carpetas de Saín surgen a partir de la detección de informes y búsquedas desde el propio Ministerio y el Organismo de Investigaciones de datos sobre patrimonios, viajes, sociedades y más de las posibles víctimas.

Los investigadores sospechan y buscan constatar si efectivamente se realizaron sin jueces o fiscales solicitantes. Tampoco se conocen fines institucionales.

Sain, por su parte, siempre negó la acusación, aseguró que es víctima de lawfare y resaltó que todas las investigaciones se hicieron en el marco de asistencia a la Justicia.