A pesar de que transcurrió un año desde el cambio de gobierno y signo político, Santa Fe se sumerge cada vez más en un conflicto entre Poder Ejecutivo y Legislatura, que lejos de ser un clásico oficialismo-oposición, escala también al interior del peronismo.
La Legislatura jugó muy fuerte el jueves pasado con la aprobación de las leyes que establecen incompatibilidades entre cargos del Poder Ejecutivo y de organismos de control o investigación, y el control parlamentario a los gastos reservados del Ministerio de Seguridad.
Las leyes pusieron al gobernador en la obligación de despedir a su ministro de Seguridad para aliviar las tempestades sembradas en ambas cámaras, lo que a su vez se vería como un menoscabo de su autoridad; o vetar ambas leyes para respaldar a Sain sabiendo de antemano que ambas cámaras tienen los dos tercios necesarios para rechazar el veto.
El alcance de las leyes
La ley de incompatibilidades ordena el tema de funcionarios que un día están de un lado del mostrador político y al siguiente del judicial, y viceversa, con el riesgo de que ejerzan influencia o control, directo o a través de colaboradores, de investigaciones y que se presenten situaciones graves: armado de causas, freno a otras, persecución política, etc.
El aquí y ahora de esa ley tiene nombre y apellido. Busca que Sain elija: o se queda de ministro o renuncia y vuelve a su cargo concursado en el Organismo de Investigaciones.
Sain es el primer objetivo pero no el único. La ley también cierra la colonización de las fiscalías regionales con funcionarios del gobierno. El caso más inmediato es la intención de que Jorge Lagna, actual subsecretario en el Ministerio de Seguridad, sea el próximo fiscal regional de Venado Tuerto.
Por el contrario, el ministro Sain dijo que las leyes obedecen al miedo del “bloque de poder interpartidario” que gobernó hasta 2019 a los alcances de la investigación sobre juego clandestino. Hay un problema allí: Sain es ministro de un gobierno que acaba de concesionar por decreto, fuera de todo parámetro legal según el Tribunal de Cuentas, el juego online en la provincia por 15 años usando la pandemia como argumento.
Con respecto a la ley de control de gastos reservados, está inspirada en la medida que promovió en 2014 Cristina Fernández para controlar la caja negra que manejaba el ex espía Jaime Stiuso. Aquella norma fue redactaba en sintonía con los estándares de los organismos internacionales de transparencia.
Sain adjudicó la sanción de esa ley para obstaculizar las investigaciones sobre las mafias. “En Italia también la mafia manejaba la Legislatura y hubo un mani pulite”, retrucó sin sutilezas ni pruebas.
Un segundo después advirtió: “Aquí también hay organismos de inteligencia y seguridad nacional que van a tener, y tienen, juego en este cuento, así que no nos asustemos” sobre lo que viene. Para senadores peronistas y diputados de la oposición eso ratifica el cuerpo de sospechas, por ahora también sin pruebas, de que es necesario controlar los gastos reservados porque Sain los estaría usando para pagar sobresueldos a funcionarios y financiar personal de la Agencia Federal de Investigaciones para que reúna información e investigue a políticos santafesinos.
Política por favor
Siempre es polémico que un parlamento apruebe leyes no urgentes sin tratamiento en comisiones y con el manifiesto propósito de sorprender al Ejecutivo –también ocurrió con gobernadores del Frente Progresista–, pero eso sería un detalle en este caso. La pregunta más pertinente es qué está pasando en Santa Fe que la Legislatura resuelve sacar en un abrir y cerrar de ojos dos leyes que el gobierno ni siquiera conocía y sin pedirle opinión.
Una respuesta posible es el déficit de política que propios y extraños le endilgan al gobierno. Perotti lanzó señales de que comprendía el problema hace unos meses. Entonces convocó al banco de suplentes: mandó a llamar a un antiguo colaborador que estaba en el gobierno municipal de Rafaela, Marcos Corach. Pero poco y nada se modificó. Los cambios de gabinete que el propio gobernador admitió, recién se estarían ejecutando a fines de diciembre o principios de enero. Perotti eligió transitar en esas condiciones noviembre y diciembre, los dos meses más críticos para cualquier gobernador.
El jueves, al conocerse (tarde) el uno-dos que tenían preparados Diputados y Senadores, el círculo rojo del gobierno concentró su enojo sobre la figura de la vicegobernadora por no avisar sobre lo que se estaba cocinando. Le reprochan no tener en cuenta que su rol institucional está por encima de las lealtades partidarias. Alejandra Rodenas no fue compañera de fórmula porque Perotti la eligió, sino porque la promovieron los senadores del Nuevo Espacio Santafesino que lidera Armando Traferri. Además, no es una senadora, sino la presidenta del Senado.
A pesar de esos roces el diálogo y el intercambio de miradas entre gobernador y vice es fluido. Incluso hablaron el último viernes, en ocasión del veto propositivo a la ley de paridad.
Película repetida
El problema no es Perotti vs Rodenas. Es la relación del Poder Ejecutivo con la Legislatura lo que está en juego. El gobierno está en la misma posición que antes de asumir. En aquél entonces tuvo una mala lectura de las relaciones de fuerza, o quizás confió en estrategias que se demostraron ineficaces. A cualquiera le puede pasar, pero el tiempo pasó y doce meses más tarde sigue atado a una agenda del pasado, gastando esfuerzo en desarmar concursos del gobierno anterior o desarmar lo que en su momento fue el Plan Abre, una política social que además de que funcionaba bien, le servía a los intendentes del PJ.
Los gobiernos, y en particular el de Perotti que inauguró un ciclo político en 2019, tienen tiempo de reponerse. Lo que no debería perder de vista es que cuando más tarde se decida a construir una plataforma de gobernabilidad duradera, más tendrá que ceder.
Hay que reparar en este dato. El jueves votaron a favor de las dos leyes que enfurecieron al gobierno 55 sobre 69 legisladores, entre ellos los senadores Eduardo Rosconi (Caseros) y Cristina Berra (San Martín) que siempre votaron con el bloque perottista. En diputados la aprobación fue con 40 votos de 50, con apoyos por izquierda y por derecha, desde Carlos Del Frade a Amalia Granata y Cambiemos. Es claro que esa confluencia de voluntades no será permanente, pero sí tener en cuenta que hace un año no era posible y nada impide que se repita.
Las opciones de Perotti
¿Cómo evitarlo? Con política, repiten unos y otros. De hecho hace un mes, en esta columna de Rosario3, se dio cuenta de que Perotti y los mismos senadores que ahora lo enfrentaron compartieron una cena y avanzaron con una serie de temas, en especial las leyes de presupuesto y de Conectividad.
Entonces, ¿cómo puede ser que haya pasado lo que pasó este jueves si esos mismos senadores le votaron las leyes de conectividad a libro cerrado? De hecho también el presupuesto podría votarse la próxima sesión, aunque dependerá de las reuniones que se mantendrán a partir del martes.
Los senadores pidieron agregar un anexo con obras públicas en distintos departamentos, incluidas algunas de interés de la oposición, como en Rosario y Santa Fe, que eran poco beneficiadas en el proyecto original.
También modificarán la solicitud para tomar deuda por 154 millones de dólares. Respetarán la cifra pedida, pero en moneda nacional. Se cierra la puerta a los mercados de deuda internacionales. Y limitarán el uso de partidas de capital para gastos corrientes.
Cabe recordar que el Senado también tiene la ley tributaria, que establece aumentos en el inmobiliario y estabilidad fiscal para las pymes. En cambio, el cobro de Ingresos Brutos con las plataformas digitales como Netflix parece sentenciada a morir después del poco feliz sincericidio del titular de la API en el sentido de que el impuesto terminará cargado en el bolsillo de los usuarios.
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