La palabra Parlasur vuelve a escucharse en el marco del proceso electoral argentino, a propósito de que también hay que elegir a los representantes argentinos en ese cuerpo que funciona bajo la órbita del Mercosur, el mercado común que reúne a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia (adherente) y Venezuela (está suspendida).

El parlamento del Mercosur tiene tiene sede en Montevideo, Uruguay, y funciona desde 2007, en reemplazo de la Comisión Parlamentaria Conjunta que se había creado en 1994.

En total son 186 los parlamentarios y 43 corresponden a la Argentina: 24 se eligen por distrito regional, es decir, uno por cada una de las provincias; y los 19 restantes por distrito único nacional. Eso explica que dos cuerpos de las boletas electorales de las elecciones nacionales de este año sean para este rubro.

Argentina no elige a sus representantes desde 2015. Es que el ex presidente Mauricio Macri no incluyó el rubro en la convocatoria a elecciones de 2019 y se resolvió la prórroga de los mandatos de quienes habían asumido cuatro años antes.

Según el artículo 4 del Protocolo Constitutivo, el Parlasur tiene, entre otras, las siguientes competencias: velar por la observancia de las normas del Mercosur; velar por la preservación del régimen democrático en los Estados parte, elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en los países del bloque.

Es decir que es un órgano fundamentalmente deliberativo que no dicta leyes. En todo caso, solo puede sugerir la elaboración de normas a los Estados parte.

En cuanto al sueldo de los parlamentarios, si bien en la Argentina se estableció que los mismos serían “asimilados en derecho” a los diputados nacionales, en los hechos hoy no cobran más que viáticos y pasajes debido a una disposición de Macri que le suspendió el pago de las dietas.

Eso llevó a que uno de los parlamentarios del Mercosur, el correntino Alejandro Karlen, realizara un reclamo judicial en la Corte Suprema que está pendiente de resolución.