“Es una muy mala propuesta”, resume el abogado Jorge Robiolo sobre la segunda oferta de pago que puso sobre la mesa la defaulteada Vicentín: quita del 70% a pagar en 13 años. Y los conceptos que esgrime el abogado en diálogo con Radiopolis, por Radio 2, resumen una sensación bastante generalizada entre acopios, cooperativas, productores y corredores de mediano y gran porte.
En líneas generales, la única mejora importante de la propuesta es que dolariza las deudas comerciales de la agroexportadora, que habían sido pesificadas a $60 durante la convocatoria de acreedores. Pero la quita y el plazo de pago que proponen, al menos en la primera lectura de los acreedores granarios, diluyen la mejora.
“La propuesta solo beneficia a los productores más pequeños, pero es algo buscado claramente para conseguir su voto en la convocatoria. Al disponer la dolarización y un pago inicial de 20 mil dólares para todos, busca obtener el voto favorable de muchos acreedores que con esa cifra le abonan la totalidad de su deuda. Pero eso ocurrirá a costa de los medianos y grandes acreedores agropecuarios, que son -justamente- los acopios y cooperativas que más creyeron en Vicentín”, resalta el abogado.
Según explica Robiolo, Vicentín tenía habilitado al inicio de la convocatoria la posibilidad de establecer categorías de acreedores que le permitirían ofrecer condiciones distintas depende el segmento, pero eso suponía también el desafío de lograr las mayorías (51% de acreedores y 65% del capital) en cada categoría. “Al no haberlo hecho, tiene que hacer propuestas que son iguales para todos. Pero lo que hacen ahora es una categorización encubierta, algo no permitido por la ley”, comenta.
“Hacer un pago inicial de 20 mil dólares significa que un pequeño productor recibe el 100%, pero otro mediano el 20% y uno mayor el 2%. Eso no está permitido por ley. Tiene que ofrecer un pago con igual proporción para todos”, ejemplifica el abogado, que tiene como cliente a un importante acreedor de Vicentín.
No pasa desapercibido que la propuesta de Vicentín afecte sobre todo a los empresarios con los que más negocios tenían, que eran los grandes acopios y corredores de la región. En efecto, esas empresas agropecuarias -cuyos ejecutivos, tenían trato diario y directo con los directores de la aceitera (y, hay que reconocerlo, más crecieron trabajando con Vicentín)- son las que ahora se sienten discriminadas porque fueron las que quedaron con más granos entregados sin cobrar y ahora se llevan la peor parte de la oferta.
Lo cierto es que en las últimas horas ardieron (hasta que se cayeron) los whatsapp entre acopios en los que se calificaba de inaceptable la quita del 70% y el pago en 13 años. Los grandes acopios acreedores empezaron a hacer números y sostienen que, por más que la dolarización revierta la licuación que significaba la pesificación, al no abonar Vicentín intereses en cada cuota, la quita real que sufrirán es mayor al 70%.
¿Y los bancos extranjeros, que son los principales acreedores? “Me parece muy raro que los bancos acepten una propuesta así, salvo que haya una propuesta encubierta con compensaciones”, advierte Robiolo.
Precisamente, la posibilidad de que existan ventajas diferenciales para la banca extranjera es un punto que puede explorar Vicentín para conseguir las mayorías necesarias a la hora de que le aprueben la convocatoria.
Y ahí es cuando todos miran a la multinacional Glencore, por sus conexiones con la banca global. Pero está claro que el costo será importante porque la tasa de interés tendría que superar ampliamente el 6/8 por ciento anual, que solo acompañaría la inflación del dólar.
Volviendo a los productores del agro, también molesta la idea de que con la fuerte quieta, ahora financian la compra de Vicentín por parte de los tres inversores estratégicos (ACA, Molinos Agro y Glencore). “Aceptar sería nuestro peor negocio. Además, estamos financiando a un competidor nuestro como ACA, que -por ser cooperativa- encima no pagan Ganancias”, sostiene un importante acopiador que prefirió la reserva de identidad.
En ese marco, Robiolo criticó el papel de los inversores estratégicos. “Es un alquiler con opción a compra encubierto. Invierten para pagar un fazón que ellos explotarán, teniendo la exclusividad del uso de los activos, más algún aporte de capital. No hay capitalización ni compra de acciones. Y al final, con la renta generada en los 15 años pagarían en cuota el ingreso al capital de la empresa”, observó el letrado.
Es que, a grandes números, el fazón pagarían entre el 7 y el 8 por ciento anual de costo de los activos, cuando a ellos la explotación de esos activos les generará una renta anual de entre el 12 y el 15 por ciento en dólares. “Es una fórmula que solo beneficiaría a los compradores sin sumarle beneficios a los acreedores”, insistió el abogado.
“Ocurre que entre los inversores no hay voluntad de entrar en esta fase en el capital por el riesgo que suponen las contingencias. Es por eso que durante todo el proceso prefieran aportar desde afuera. Estamos en una suerte de simulación de leasing sobre la cual tengo mis dudas de que sea legal”, completó.
