La Sindicatura del concurso de la agrofinanciera en default Guardati Torti avaló el pedido de la empresa de extender el plazo de negociación exclusiva con los acreedores por el pago de la deuda que vence el 31 de marzo. Y este martes el juez de la convocatoria, Ezequiel Zabale, analizó el tema con miras a comunicar su decisión en la próximas horas.
Si no llega la extensión del plazo, la empresa -que supo ser una de las top five nacionales en corretaje de granos y una importante agencia de Bolsa de la ciudad- iría a la quiebra. Y si bien le falta bastante para conseguir las mayorías de avales que exige la ley de concursos y quiebras para la aprobación de la oferta de pagos, todo indica que la Justicia buscará darle las oportunidades necesarias para evitar su liquidación.
Guardati Torti -que defaulteó en febrero de 2020- tiene un pasivo de 200 millones de pesos y 1,7 millón de dólares entre 384 acreedores. Según lo que informó tiene el ok de unos 90 acreedores. La empresa propuso pagar el 100% de la deuda en un plazo del año, lo que supone una importante mejora de la oferta presentada originalmente.
Para afrontar el pago también pidió que le habiliten la venta de sus oficinas en Puerto Norte y de sus acciones en el mercado de futuros Matba-Rofex, un pedido que debe también autorizar el juez y al que la Sindicatura ya también avaló. Si bien a grandes rasgos no encontró inconsistencias en la oferta, el juez formalmente no avaló la propuesta y recién le pasará la lupa (porque hay algunos temas vinculados a un fideicomiso que amiertan un examen riguroso) si es que la empresa logra que sus acreedores la avalen.
En paralelo al concurso, todo el directorio de Guardati Torti está imputado por estafa y por falsear balances. En el proceso concursal en marcha no abundan las referencias al tema (incluso en el informe de la sindicatura ni se lo alude), pero el juez Zabale mantiene contactos con los fiscales que investigan lo ocurrido. Igual, el magistrado traza una línea entre la acción del la Justicia penal (que investiga lo que ocurrió) y su tarea de buscar que la empresa en crisis no cierre y logre un entendimiento sustentable con los acreedores, como está en el espíritu de la ley de concursos y quiebras.
En ese marco, el magistrado convocó a una nueva audiencia entre la empresa y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el 4 de mayo. Ocurre que el magistrado dictó una cautelar que le permitía a la empresa volver a operar en el mercado de granos y valores, pero la CNV (que la suspendió tras denunciar que Guardati Torti le robó el dinero que tenían sus clientes como saldos líquidos en sus cuentas) apeló la decisión y ahora está pendiente el tratamiento en la Cámara de Apelaciones. En rigor, mientra se apela rige la cautelar, pero en la práctica no está ocurriendo porque para eso CNV debe acomdar cuestiones adminstrativas que hasta ahora mostró voluntad en no hacerlo.
La cautelar del juez fue mal recibida en el mercado bursátil y en la CNV. Es que el manotazo que le pegó a los fondos de las cuentas comitentes afecta la confianza de inversores y ahorristas en el mercado y por eso creen que sería un despropósito que una empresa con todo el directorio imputado por estafa vuelva operar. Es más, como aclara la CNV, la ley nacional de reforma del sistema bursátil dispone que una empresa en convocatoria no puede operar en el mercado.
Por el contrario, el juez Zabale equipara la cautelar que dispuso para que CNV habilite a Guardati Torti con la que por uso y costumbre se dicta a los bancos para que le mantengan las cuentas abiertas a una firma que se concursa. El magistrado entiende que sólo manteniendo la operación comercial (con cuenta bancarias abiertas y habilitaciones de organismos regualadores) la firma puede generar el flujo para pagar sus compromisos defaulteados. En rigor, y más de fondo, hay un claro choque entre leyes (concurso y quiebras versus la del mercado de capitales).
Una deuda aún más millonaria
Con todo, la convocatoria de Guardati Torti es la punta del iceberg. Ya que en paralelo a su convocatoria, también está en concurso de acreedores el acopio GYT Plus, que es de los mismos dueños, y ahí los numeros en default adquiren otras dimensiones: tiene impago 2,500 millones de pesos a 140 acreedores. En este caso, la empresa tiene hasta el 27 de mayo para lograr el aval de los acreedores y su propuesta también es pagar el 100%.
¿Y cómo planea pagarla? Según consta en el expediente al que tuvo acceso Rosario3, GYT Plus cuenta que pagará su deuda de tres formas:
1) Aportando el 100% de lo que cobre de la acreencia que tiene verificada en Vicentin por granos que entregó y no cobró
2) Aportando el 100% de un juicio por 7 millones de dólares que le inicia al directorio de Vicentin y a los auditores (KPMG Internaciona y KPMG Argentina) por sus responsabilidad en la caída de la aceitera
3) Aportando el 100% de la venta de los 40 lotes que tiene en el fideicomiso los Cerillos en la localidad de Alvear.
El tema es que Vicentin está ofreciendo pagar cash sólo el 20 de la deuda y el juicio a los directivos y a KPMG tiene tiempos y resultados muy inciertos ¿Es una propuesta seria? En el juzgado de Zabale alcaran que la oferta de GYT Plyus todavía no es materia de análisis.
El juez Zabale, en línea con el planteo de la empresa, no habla de la existencia de grupo o holding empresario si bien reconocen que tenían casi los mismos accionistas y directores y no en vano las convocatorias corren casi en paralelo. En el mercado, por el contrario, quienes operaban con ellos aseguran que actuaban como uniades de un mismo grupo.
