El gobierno de Santa Fe se terminó de poner al día con el pago de la deuda con los constructores de obra pública que heredó de la gestión anterior y además mejoró el esquema de abono de certificados que, tal como estaba, quedaban muy desfasados por la alta inflación.
“En enero se pagó noviembre”, le informó a Rosario3 el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. Los certificados se abonan entre 30 y 60 días, pero la administración se atrasó más de 90 días con los pagos.
Además, con la firma del ministro y del gobernador Maximiliano Pullaro, el gobierno publicó un decreto que mejora los mecanismos de pago a los constructores al establecer la redeterminación de los precios establecidos en el contrato a los valores del mes en curso que se hace la tarea y no pasados (que quedaban viejos por la inflación) y con base en un indicador que refleja mejor el movimiento de los precios.
De hecho, la Cámara Argentina de la Construcción — Delegaciones Santa Fe y Rosario- solicitó mediante nota en abril de 2023 que se arbitren las medidas necesarias para tomar las variaciones de costos reales producidas, aplicando las mismas en el mes en que efectivamente inciden en el costo y no al mes siguiente en el que se verifican nuevas variaciones.
“La normativa que regula la redeterminación de precios de contratos de Obra Pública fue aprobada en el año 2002, la experiencia indica que la misma ha funcionado razonablemente bien en situaciones de baja inflación o inflación controlada, pero cuando el incremento de los precios se acelera, los procedimientos no resultan efectivos, independientemente de percibir los contratistas el pago de los certificados en legal tiempo y forma, ya que el problema radica en torno al desfasaje en los costos”, dice el decreto.
Según le contó Olivares a Rosario3, resultaba necesaria la modificación de la metodología a fin de evitar la disociación entre los precios reales de los contratos de Obra Pública en ejecución en un período determinado y el monto resultante de la aplicación de los nuevos precios redeterminados a partir del mes siguiente al mes en que la variación se produce, tal como la norma establece en la actualidad.
Y es por eso que, explicó el alto funcionario, se dispuso por decreto que los nuevos precios redeterminados serán de aplicación sobre el faltante de obra a ejecutar, a partir del mismo mes en el que se produce la variación.
"En virtud de la relevancia que adquiere la obra pública como factor dinamizador de la economía y su fuerte impacto en la generación de empleo, es imprescindible promover los mecanismos más convenientes a fin de garantizar la regularidad en la ejecución de los planes de trabajo de las obras involucradas y su oportuna y correcta finalización, para ser puestas a disposición de la ciudadanía", concluye el decreto.
Alerta empresaria
Con el saldo de la deuda y el cambio en el esquema de pago, la Provincia se desmarca de lo que ocurre a nivel nacional, con una administración que mantiene una abultada deuda y que tampoco da señales de cómo retomará las tareas paradas o no arrancadas (pese a estar adjudicadas) que zafaron de la motosierra del presidente Javier Milei.
De hecho, ayer se reunió de urgencia en Buenos Aires, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción para pronunciarse por la crítica situación que atraviesa el sector de la obra pública.
Y los pronósticos son sombríos: alertaron que al menos la mitad de la plantilla de trabajadores de cada empresa deberá ser despedida (unas 200 mil personas) si no se reactiva el sector. Es por eso que pidieron que se salden deudas, se inicien obras paradas o prestas a comenzar y que además, como hizo Santa Fe, renegocie los contratos vigentes para que la inflación no licue los ingresos.
Y si bien los constructores admitieron que la situación venía bastante crítica desde mediados del año pasado, cuando el gobierno retrasó pagos y la inflación estresó las cuentas de las firmas, alertaron que la situación se salió de escuadra con la llegada del nuevo gobierno.
Según relevó la Cámara de la Construcción, hay 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de 1.400 empresas, con una deuda que orilla los $300 mil millones de pesos.
