La sola mención del tema erizó la piel de los operadores del mercado. Por eso agentes de Bolsa respiraron aliviados al enterarse de que la Justicia volvió a desestimar este jueves el argumento de -la otrora agrofinanciera top ahora en default- Guardati Torti (GyT) para defenderse de las acusaciones por estafa a 156 clientes.
Es que la justificación que la firma presentó para negar haber cometido un delito al sacar 1.1 millón de dólares y 6.7 millones de pesos de los saldos líquidos de las cuentas de sus comitentes para utilizarlos en otros de sus negocios podría haber generado un grave problema de confianza entre los ahorristas que invierten en Bolsa. No en vano, el caso GYT activó un cambio de reglas por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que ahora prohíbe que una agencia bursátil opere en negocios no controlados por ésta (como es comercio de granos) salvo que tenga un fuerte patrimonio con el que responder.
“Sostenemos que a partir de que un ahorrista constituye un depósito en cuentas propias de una Alyc (agencia de Bolsa) pasan a ser fondos personales y por eso se constituyen en un pasivo de la empresa y no en una obligación de restitución como mal se refiere la Fiscalía”, dijo el abogado Claudio Puccinelli, defensor de GyT.
La razón por la que el directorio en pleno de la agrofinanciera desfiló este jueves por el Centro de Justicia Penal de Rosario es, precisamente, por las denuncias de ahorristas que invertían en Bolsa con la operadora pero que en febrero vieron que se vaciaron los saldos líquidos de sus cuentas.
Para el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Narvaja, quien investiga a la empresa, el manotazo de esos fondos (para tapar el rojo que se le había generado en sus negocios agropecuarios al no poder pagar los granos que su acopio había recibido y ya vendido) se trató de una administración fraudulenta porque ese dinero es de los clientes y no está a disposición de la empresa
"Nadie de la empresa podía bajo ningún supuesto disponer de esos fondos sin una orden específica de sus clientes", sostuvo el fiscal. "La empresa usó los ahorros de los comitentes para cubrir el rojo de la empresa cerealera en lugar de fondearse con medios legítimos o comprometer sus patrimonios personales", agregó.
El juez Alejandro Negroni validó la legalidad de la investigación, que fue cuestionada por la defensa y por eso los ocho directivos (más el contador y síndico) volvieron a ser imputados este jueves por generar una defraudación contra inversores que les confiaron sus ahorros. Los imputados fueron Ángel Alberto Torti, Juan Carlos Guardati, Natalia Guardati, Noemí Ponte, Susana Alesandrini, Alejandro Giacomino, Juan Martín Guardati y Laura Torti. Por un acuerdo entre las partes los involucrados deberán no salir del país ni hacer operaciones con bienes registrables hasta febrero, cuando se reanude el trámite. Para Narvaja, la investigación sobre administración fraudulenta contra los comitentes está lista acusar y elevar la causa a juicio.
En rigor, a mediados del año pasado los directivos habían sido imputados por estafa y administración fraudulenta y en la audiencia de este jueves se sumaron 114 daminificados por lo que se llega a 156 clientes afectados.
"La imputacion de hoy da cuenta que estábamos en lo cierto respeto de la hipotesis delictual que denunciamos”, le dijo a Rosario3 el abogado de la querella, Mariano Pujol, al término de la audiencia en la que se ampliaron las imputaciones contra todo el directorio.
“La investigación de la Fiscalía ha sido muy seria y ha avanzado a paso firme al punto que ya se encontraría en condiciones de acusar respecto de la defraudación cometida contra los clientes del Alyc. Existe mucha evidencia que objetivamente lo avala”, resaltó el letrado.
Durante la audiencia, el fiscal rechazó el argumento de que el impago a los clientes bursátiles para pagar el rojo con los clientes granarios se debió al default de Vicentin, que los encontró muy expuesto a GYT como acreedor. Y para justificar su argumento mostró que al 30 de septiembre de 2019 (antes de la cesación de pagos de la aceitera), el grupo tenía un patrimonio neto negativo de 746 millones de pesos. En ese sentido, el fiscal también fustigó a la firma por mantener oculta su delicada situación financiera.
En concreto, según Narvaja, el accionar delictivo adjudicado consistió en traspasar de manera desleal los fondos de las cuentas comitente de los ahorristas, en violación de sus deberes de custodia y conservación, a una empresa de corretaje de cereal y comisionista de granos, que manejaba la misma compañía y que estaba en serios aprietos económicos.
