Quedó mucha info sin publicar en el run run de los negocios de este domingo por la mañana, así que vamos a cerrar el día con uno nocturno de dos puntos. Uno que pone la mira en la honorabilidad y ética de profesionales, incluso de talla mundial, y otro que da cuenta de una fuerte competencia entre cinco tecnológicas por un millonario negocio en la provincia.
Arranquemos por el más picante. La demanda civil por daños y perjuicios por 25 millones de dólares que un grupo de empresas agropecuarias presentó contra ex síndicos de Vicentin, los contadores que le certificaron los balances y hasta la auditora KPMG, volvió a poner en centro de la mira el papel de éstos profesionales en el derrumbe de la agroexportadora.
Pero esta vez no se trata, como en el pasado, de un debate en la prensa sobre si los contadores fueron cómplices o incumplieron sus funciones, sino que el tema ahora se dirimirá en Tribunales. Es que además de la presentación realizada por los acreedores representados por el estudio Robiolo y Asociados, también ya hizo lo propio el grupo Grassi, el segundo acreedor comercial de Vicetin. Incluso, el Banco Nación también sobrevuela el tema y tiene hasta el 15 de febrero para presentar su propia demanda de una causa que, luego de que el juez del concurso Fabián Lorenzini, se declarara incompetente, todo indicara que se tramitará en el fuero rosarino, para rabia de Vicentin.
Pero la avanzada sobre los contadores, síndicos y auditores no termina en el fuero civil y comercial. Ocurre que la novedad es que el Banco Nación le pidió al fiscal Miguel Moreno (quien encabeza las investigaciones por fraude y estafa y que ya tiene a todo el ex directorio de la aceitera imputado) que también ponga el foco en los auditores contables. "Tenemos un pedido en ese sentido de parte del Banco Nación", le confirmó el fiscal Moreno a Rosario3. Hasta ahora la entidad crediticia concentraba sus acciones judiciales contra Vicentin en los tribunales de Comodoro Py pero al ver el avance de la causa penal en Rosario decidió jugar también sus cartas.
En síntesis, los acreedores sostienen que el fraude de Vicentin fue posible mediante la adulteración de los balances contables (ocultando un faltante patrimonial de 900 millones de dólares consecuencia de un stock de materia prima “inflado”, y un stock de deuda “maniatado” en los ejercicios 2017 y 2018) con la finalidad de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores financieros y comerciales.
Ahora bien: ¿los contadores que auditaron los balances no tienen responsabilidad alguna? ¿Cómo se les puede escapar un faltante de 900 millones de dólares? ¿Ineficientes o cómplices? ¿No es tiempo que ellos también tengan que dar explicaciones en la Justicia?
La existencia de un faltante de 900 millones de dólares (básicamente contaron como activo los granos recibidos, molidos y exportados pero nunca pagados a los proveedores, y por ende un pasivo real) apareció primero en los informes de la veeduría del concurso y se terminó de explicar con el informe “forense” sobre los estados contables. Y el recorrido fue el siguiente:
1) El balance oficial al 31/10/2018 exhibía un patrimonio neto que traducido al tipo de cambio oficial era de 615,3 millones de dólares.
2) El estado contable preparado por la empresa a pedido de la banca extranjera presentado ante los tribunales de Nueva York con fecha de corte 31/07/2019 mostraba un patrimonio similar: 615,6 millones.
3) A cinco meses de esa balance superavitario, el “estado de situación patrimonial” (no un balance) presentado el 10/02/2020 al solicitar la apertura del concurso mostraba un patrimonio de 40,8 millones de dólares, monto superior a cero por el revalúo extracontable del capital fijo remanente.
4) Pero cuando fuera de tiempo se presentó el balance oficial al 31/10/2019, mostró un patrimonio negativo de 298,2 millones de dólares.
Claramente, el juez del concurso Fabián Lorenzini no exigió ese balance faltante para homologar la apertura del concurso porque si lo hubiere recibido debería haber rechazado la apertura del concurso y decretado la quiebra.
Es que la diferencia del patrimonio entre los balances de octubre 2018 y el estado contable de julio 2019 versus balance octubre 2019 da una pérdida del patrimonio de 913 millones de dólares.
Es claro que el problema no puede haberse originado en tan poco tiempo como lo son tres meses (entre el 01/08/2019 y el 31/07/2019) sino que venía arrastrándose al menos dos años atrás.
Y que una parte de la explicación, como se dijo arriba, fue el no registro de la deuda de granos bajo la condición "a fijar precio". Ocurre que Vicentin tenía un sistema informático en el cual daba de alta los granos recibidos y otro sistema, el de administración, en el cual registraba la deuda.
Ahora bien: ¿los contadores y auditores que le pusieron la firma a esa “contabilidad creativa” pasarán como si nada? ¿No son tan parte del problema como el directorio de Vicentin? ¿No tendrían que sacar plata de su bolsillo y hacer frente a los daños y perjuicios que hicieron posible? La respuesta es de la Justicia.
¿Y de quiénes estamos hablando? El estudio Correa y Asociados, de Reconquista, es el que firmó el estado contable con fecha 10/02/2020 que mostró números que meses después se manifestaron incompatible con lo que certificaron ellos mismos en el balance de cierre de octubre de 2019. El tema es que hasta ahora el contador firmante por el estudio Correa y Asociados, que es Mario Aníbal Sandrigo, nunca fue citado por nadie para que explique también cómo pasó un estado contable (al 10/02/2020) de un patrimonio de 41 millones de dólares pasó a un balance (con fecha de cierre previo, que 31/10/2019) con un rojo patrimonial de 298 millones de dólares. ¿De dónde salió la plata. Y a todo esto: ¿El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tampoco tiene nada para decir?
Para no mostrar un patrimonio negativo en el momento de solicitud de apertura del concurso, la empresa valuó su activo fijo (inmuebles, instalaciones, construcciones, maquinarias, rodados) en 36 mil millones de pesos, tal como consta en la presentación al 10/02/2020 con el acompañamiento de la firma de Sandrigo.
Cuando meses después presentaron el balance al 31/10/2019 (certificado por Sandrigo) la valuación alcanzaba los 21 mil millones de pesos lo cual permite inferir que el valor habría crecido entre octubre 2019 y febrero 2020 en 71% apoyado por un revalúo técnico de cuestionable legitimidad. El valor al 31/10/2018 había sido de 16 y al 31/07/2019 de 19 mil millones de pesos.
¿La prueba de la sobrevaluación está en el balance al 31/10/2020 (certificado por Sandrigo) en el cual esos activos fijos sumaron 26 mil millones de pesos esto es 10 mil millones menos que en febrero de 2020 disminución que no puede ser explicada por las amortizaciones?.
Y además de Sandrigo, ¿KPMG tiene nada para decir?. Y no por los balances que rehusó firmar sino por los que sí rubricó. Por ejemplo: ¿no será falso que KPMG no tenga papeles de trabajo sobre el balance de cierre 31/10/2019 que no quiso firmar? ¿O será que no quiso auditar los balances porque tiene los papeles de trabajo que le mostraban el camino a estrellarse que estaba recorriendo Vicentin?
Capítulo aparte para la Sindicatura de la empresa, que por ley de Sociedades tenía la obligación de emitir opinión alertando sobre los problemas de la empresa y que en el registro de sus informes no pusieron nada que permita defender el interés de los accionistas. Pero a diferencia de los auditores, los síndicos ya están en el banquillo de los acusados, y zafaron por muy poco de pasar las Fiestas con prisión preventiva.
Las auditoras contables (antes KPMG y ahora Correa y Asociados), que certifican los balances y que aducen no haber advertido la situación o dar miradas antitéticas respecto de sus propios documentos, parece que no podrán seguir mucho tiempo más por debajo de la línea del radar de la Justicia.
Conectividad a full
Para cerrar el domingo, relajemos un poco y vamos por una buena, como también es nuestra costumbre. Organización industrial construcciones SA, Trans industrias electrónicas SA, DAXA Argentina SA, Silica Networks SA y Tecnored SA. Esas son las 5 empresas que se presentaron en la licitación provincial para darle wi-fi gratuito a 114 barrios populares de Rosario y Santa Fe. Como dato, todas esas empresas tienen base en la ciudad de Buenos Aires lo que muestra el interés que está generando el plan de conectividad al que el propio gobernador Omar Perotti le pone muchas fichas.
Se trata de la segunda y más ambiciosa parte de licitación para l. inversión de $874 millones para darle wi fi en barrios populares, que el año pasado tuvo su primer paso licitando la instalación del servicio en 20 barrios populares teniend. como ganador a una firma cordobesa que ya tiene los materiales y los permisos para arrancar con las obras.
Con respecto a la segunda licitación que se puso en marcha, y que es la más importante por la magnitud de los trabajos, ahora la unidad de gestión armada ad hoc revisará las ofertas técnicas y las empresas que las aprueben llegarán a la instancia definitoria de la propuesta económica.
