La detención del financista Gustavo Shanahan por presunto lavado de dinero narco hizo que saltara un tema que desvela a constructores y desarrolladores inmobiliarios: la filtración del dinero manchado con sangre en negocios lícitos. Y ese es uno de los principales temas del "run run de los negocios" de la semana

1) “Menos mal que hoy nadie vende nada”, ironizaba un constructor en un break del Foro de la Infraestructura 2021 que organizó esta semana la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción. Si bien era una reunión convocada para analizar obra pública, todas esas empresas tienen en paralelo su negocio de construcción privado. Y el comentario más escuchado era el temor de que un boleto de venta de una propiedad o loteo firmado por ellos termine apareciendo entre los narcos y las cuevas que son allanadas. Y es que pese a que los empresarios cumplan todas las regulaciones oficiales, el riesgo de que se filtre el dinero narco es hoy una posibilidad real en Rosario. Por lo pronto, todos dicen estar extremando las medidas de control posibles (además de las legales), al tiempo que prefieren tomar distancia de algunos esquemas de inversiones en real state de gran renta y constante venta de propiedades cuando el mercado inmobiliario está muy trabado.

2) El mismo tema se trató también en la semana en un debate con candidatos a concejales que armó el Colegio de Arquitectos de Rosario. El interrogante es cómo trazar una línea entre los empresarios que hacen bien las cosas y los proyectos que canalizan dinero sucio. ¿El modelo normativo de desarrollo urbano de la ciudad puede facilitar el lavado o es poco lo que impactan las reglas para aprobar loteos, edificios y grandes complejos?, fue un interrogante que se tiró sobre la mesa.¿Se pueden sumar instancias de análisis, control y chequeo ejecutivo y legislativo del dinero invertido en las construcciones de la ciudad sin que se conviertan en nuevas trabas burocráticas para los proyectos edilicios institucionalmente sanos más que en diques contra el avance del dinero narco? El debate quedó abierto.

3) Y si hablamos de un proyecto ambicioso que se cocinó con mucha polémica en instancias municipales y en el Concejo, aparece el caso del Sheraton de Puerto Norte. ¿La novedad? La reaparición pública del empresario Carlos Gianni quien estuvo hace dos semanas en el acto de presentación de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán el año que viene en Rosario. ¿Que hacía Gianni ahí? Su empresa (Turicentro) es una de las impulsoras del mega evento. Y durante el acto se lo vio en contacto con aquellos funcionarios locales y provinciales que suelen ser la llave para destrabar trámites burocráticos. ¿Intentará volver a probar suerte con su proyecto inmobiliario frente al río? Desarrollo que para avanzar debe superar una de las cláusulas que firmó cuando compró el terreno a Servicios Portuarios que disponía que si pasaba un período sin empezar las obras debería abonar una suerte de multa una millonaria cifra a la vendedora, cifra que hoy hace imposible el negocio por el costo que suma.

4) Siguiendo con el debate de modelos de desarrollo urbano fallido, volvamos (y lo vamos a realizar varias veces en este run run) al foro que organizó la Cámara de la Construcción. Allí uno de los oradores fue el intendente de Funes, Roly Santacroce, quien enumeró los desafíos que enfrentan la infraestructura y los servicios del “jardín de la provincia” ante el éxodo de rosarinos y cómo los encara. Y fue en ese marco que hizo una dura crítica a los loteos que encaró Gilli Inmobiliaria en Funes. “El barrio Funes City tiene 180 hectáreas, que es tres veces más grande que el casco antiguo de Funes, pero lo habilitaron sin agua potable, cloacas, gas natural y pavimento. Y si le agregas Funes Town y Funes Norte son más de 300 hectáreas que se dejaron urbanizar sin tener las obras de infraestructura”, criticó a sus antecesores. Y luego contó que ahora que están encarando con dinero público millonarias obras para llevar agua y gas que tendría que haber financiado los empresarios inmobiliarios.

5) Y, precisamente, ese tema está hoy particularmente sensible en Funes. Ocurre que a las fallas originales del primer fideicomiso de garantía para las obras de infraestructura de 2013 (fórmula que se armó, de apuro, para habilitar las escrituraciones), se le siguieron sumando problemas. Luego de la irregularidad de que los lotes que quedaron comprometidos como garantías en 2013 no fueron embargados ni caucionados pese al incumplimiento en las inversiones (incluso algunos fueron vendidos), se llegó recién a un acuerdo en 2018 en el que los Gilli tenían que desembolsar unos 300 mil dólares para obras mientras que la Municipalidad comprometía empleados y maquinarias. Con ese entendimiento, se liberaban los lotes de garantía, cosa que ocurrió, pero la plata de los Gilli nunca apareció y por eso todo se cayó y estalló un nuevo escándalo. Hilando fino, en 2018 se incumplieron varios compromisos, porque la estrategia siempre fue la de ganar tiempo. En rigor, el tema es que desde la administración de Rimini, pasando por la de Tomei y la de Barreto, las decisiones tomadas lo único que lograron es que se concrete la estafa al municipio y a particulares que compraron lotes y que sea el Estado termine poniendo la plata. Ahora sólo resta saber si Roly Santacrocce hará las denuncias penales correspondientes para que se investigue y salte a la luz pública con lujo de detalles esta presunta e histórica conexión entre los inversores y los funcionarios de turno, o si como hasta ahora seguirá el “siga siga”.

6) Dijimos que íbamos a volver varias veces a lo ocurrido en el foro de Infraestructura que organizó la Cámara de la Construcción. Claramente la obra pública tira más que la obra privada y pesa más en la ecuación de negocios de las empresas. “El inversor está muy guardado”, sostuvo un constructor y como al usuario final el precio final del inmueble le quedó lejos y no hay crédito hipotecario, no hay demanda sostenida. “Quien dice que está vendiendo bien exagera para hacerse publicidad”, fue otro comentario. Ahora bien, no hay mal que por bien no venga: los constructores coinciden en que si la obra pública sigue escalando y la obra privada recuperaría buen tranco volverían a aparecer los problemas de la falta de insumos (con su consecuente escalada de precio y especulación que sólo están tranquilos porque la obra privada se amesetó). No en vano ya el viernes se despertó en los corralones una sensación de “dejavú” del año pasado el conflicto sindical que paró la actividad una en una importante cementera.

7) Claramente, los inversores inmobiliarios están retraídos por la delicada situación financiera argentina, que esta semana dejó otra vez al dólar orillando los $200, su valor más alto en el año. Además, la incertidumbre electoral y lo temores a la mayores intervenciones estatales en el mercado, como el congelamiento de precios, contribuyen a que el mercado no se mueva. Pero como también se dijo más arriba no hay mal que por bien no venga: empresarios contaban durante el foro de la Cámara de la Construcción que la caída de  financieras emblemáticas en Rosario también está provocando que ahorristas saquen la plata que tenían trabajando financieramente para buscar refugio en alternativas menos rentables pero más seguras como son los ladrillos. "Es que nunca se sabe qué empresa puede ser la próxima en caer o ser allanada", razonó un constructor.

8) Y hablando de las financieras en problemas, repasemos novedades. Por el lado del financista Luis Herrera, ahora extendió hasta noviembre el plazo que pide a sus clientes para poder presentar una hoja de ruta de cómo devolverá los dólares que tomó. Mientras tanto su abogado ensaya distintas alternativas y una de ellas es el esquema de un fideicomiso con garantías como se utilizó para el de los cheques garantizados con warrants que el agente de Bolsa Daniel Casanovas defaulteó, y que fue el único de sus compromisos de devolución que no volvió a incumplir. Y si bien la mesa de entrada de Tribunales todavía no lo registra, son varios los abogados que trabajan a full para tener listas las denuncias penales si se siguen extendiendo los tiempos. Y con respecto a Vicentín, este martes 26 será la audiencia imputativa contra el directorio que estaba al comando de la firma cuando defaulteó y los abogados de las empresas querellantes están avisando que será un día muy caliente con algunos directores que pueden quedar en prisión preventiva.

9) Y finalmente en el caso que hay novedades es Guardati Torti. La semana pasada el fiscal Sebastián Narvaja recusó al camarista Beltramone argumentando parcialidad a favor de la agrofinanciera que enfrenta una investigación penal por u$s2 millones y $30 millones que le manoteó al sus clientes de Bolsas. Pero en paralelo tanto la empresa madre Guardati Torti (GYT) como el acopio del grupo (GYT Plus) están en convocatoria. Ocurrió que en la verificación de deuda que hizo GYT en el concurso de GYT Plus pidió que se les reconozca dos tipos de deudas: una por la cuenta corriente que tenía GYT Plus con GYT por las operaciones granarías y la otra por los cheques rechazados que había librado GYT a pedido de GYT Plus y se le metieron como pasivo concursal de la primera. Ante el pedido, la Sindicatura recomendó reconocer solo la deuda de la cuenta corriente y no de los cheques porque dicen que no hay causa o relación que avale reconocer esos cheques en el pasivo de GYT Plus. Y no es poca plata la que está en juego: el rechazo del pedido de verificación de crédito de los acreedores de GYT Plus que se presentaron a GYT implica un perjuicio para las arcas de esta última superior a los $70M. ¿Esto sería un nuevo elemento que avala la imputación de Narvaja contra el directorio por administración fraudulenta porque acreditaría que GYT financiaba o apalancaba con dinero de los comitentes el negocio de GYT Plus, aún a sabiendas que esta última sociedad se encontraba en situación de extrema insolvencia? Y es que, según sus balances, tenía más de 700 millones de pesos de patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2019, solo unos meses antes de la caída de Vicentín, la razón que esgrimen los financistas para argumentar su default.