El gobierno nacional analiza por estas horas la posibilidad de realizar una prórroga “corta” de 60 días a la actual concesión del acondicionamiento de la hidrovía, que vence el viernes 30 de abril.

Esa es la última versión que empezó a circular en un marco de alta incertidumbre sobre la decisión que tomará la administración nacional sobre el futuro de la vía navegable.

No en vano, importantes empresarios europeos y sindicalistas vinculados al negocio estuvieron en las últimas horas rastreando información en las más altas esferas del Ministerio de Transporte de la Nación sin encontrar respuestas concretas sobre lo que el gobierno pretende.

Es más, según supo Rosario3, tampoco está asegurado que el próximo 26 de abril, a días del vencimiento de la concesión, haya anuncios concretos del gobierno en el marco de la reunión prevista en Rosario del Consejo Federal de la Hidrovía, que reúne a gobernadores del frente fluvial, funcionarios nacionales, entidades empresarias y gremios vinculados. Al menos hasta ahora se baraja que en esa reunión se cerrará un documento con las propuestas presentadas en reuniones anteriores por todos los sectores involucrados para que formen parte de los futuros pliegos de la licitación.

En definitiva, la incertidumbre es total ya que la decisión se toma en el más alto nivel político (Alberto Fernández y Cristina Kirchner), más allá de las líneas de trabajo que esté preparando el Ministerio de Transporte de la Nación.

Ocurre que luego de dar marcha atrás con la idea original de cambiar de raíz el sistema (creando una sociedad estatal que administre las hidrovías), el gobierno nacional decidió a finales del año pasado encarar una nueva licitación de un concesionario privado.

Pero los tiempos no le dieron para armar una licitación de jerarquía internacional (sólo en parte por el coronavirus) y Transporte empezó a trabajar en una prórroga para poder prepararla el nuevo esquema a licitar. Sin tener ni siquiera los pliegos presentados, se especuló con uno o dos años de extensión del contrato al actual concesionario (Hidrovía SA) para tener tiempo de proyectar obras de expansión de la vía navegable, principal “autopista” productiva del país por donde salen los granos y entran los dólares.

El tema se complicó a principios de este año cuando desde el sector más kirchnerista se opusieron a la prórroga que preparaba Transporte. ¿La razón? Uno de los socios de Hidrovía SA es la empresa Emepa, cuyo dueño es el empresario Gabriel Romero, quien en el marco de las causas de los cuadernos de la corrupción K confesó que le pagó una coima a Cristina. No hay margen político, sostienen desde el ala dura del gobierno, para que Romero siga en el negocio de cobrar un peaje en dólares. Fue así que el propio Alberto salió a decir en la prensa que no habría prórroga alguna.

Transporte empezó, entonces, a apurar el armado de una licitación, tarea casi imposible por el poco tiempo disponible. Se especuló con una licitación rápida sobre la base de los requerimientos y las exigencias actuales, dejando para el futuro el armado de las necesarias nuevas obras necesarias (más profundidad del canal, obras complementarias y tecnología) para hacer frente a los desafíos futuros de la navegación fluvial.

Pero luego se empezó a especular en círculos políticos con una extensión o prórroga de las tareas pero sólo a Jan de Nul, lo que supone también un armado jurídico porque el contrato lo tiene Hidrovía SA no Jan de Nul.

En ese marco, lo último que trascendió es que una alternativa en estudio sería decretar una prórroga a Hidrovía SA pero por sólo 60 días, lo suficiente corta para que pase el paladar K y que alcanzaría para que no se trabe la logística portuaria justo en plena cosecha gruesa.

Pero esos 60 días no dejarían de ser un plazo también muy ajustado para una licitación que demanda cambios y estudios profundos. Una de las salidas, entonces, sería que el nuevo concesionario (a elegirse en 60 días) sea quien se haga cargo, con tiempo, de los estudios de impacto ambiental y proponga las mejoras (por ejemplo cuánto y cuándo subir el calado) que luego deberían ser aprobadas por el Estado.

Está dicha la última palabra. No. Y tal vez esa sea la única certeza a dos semanas de que se venza una concesión que hacía más de una década que se sabía que finalizaba a fin de abril de 2021.

Control parlamentario

En tanto, el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidido por los senadores María de los Angeles Sacnun y Carlos Caserio, dio este jueves dictamen favorable por unanimidad y con el apoyo de todos los bloques, al proyecto de ley presentado por María de los Angeles Sacnun, para la creación una Comisión Bicameral en el ámbito del Congreso para el seguimiento, monitoreo, auditoria y contralor del proceso de concesión y funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, del Sistema de Navegación Troncal.

La iniciativa de Sacnun, propone que dicha comisión, esté integrada por SEIS (6) senadores y SEIS (6) diputados, designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara legislativa, y que pueda solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales e internacionales.

Tendrá la facultad de citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes, como así también a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía. También podrá requerir información vinculante a las Universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores. 

El propósito, señala la senadora Sacnun, “será elaborar informes con propuestas concretas y asesorando en el avance de las acciones a seguir, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente, auditando las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía”.

Reclamo de la Bolsa

Finalmente, el jueves, en el marco del acto de remate del primer lote de soja de la campaña, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, y el gobernador de Santa Fe coincidieron en reclamar mejoras para la hidrovía.

En concreto, Nasini pidió que la concesión recaiga sobre “una empresa con experiencia” que garantice “mayor profundidad” de la traza y “obras que mejoren la navegabilidad y se adapten a los buques que se usarán en la próxima década” sobre la base de “mantener lo que hasta ahora funcionó”. El rol del Estado quedará destinado a un órgano de control, que según planteó Nasini, para la Bolsa debe ser “público-privado, autónomo y profesional”.