Se abrió otro capítulo judicial en la caída de la agroexportadora Vicentin, el default más importante en la historia del mercado de granos, que en este caso tiene en el centro de la escena a los síndicos de la empresa y a los auditores de KPMG.
En efecto, en paralelo a la marcha de la convocatoria de acreedores y a las investigaciones penales en curso, ahora se sumó una demanda civil de daños y perjuicios por más de 25 millones de dólares contra ex directores y ex síndicos de la aceitera, así como también contra el auditor certificante de los balances y contra la firma KPMG Argentina y KPMG Internacional que los avalaron los estados contables de la defaulteada aceitera.
La demanda la presentó un grupo de empresas agropecuarias, que son acreedores comerciales, con el patrocino del estudio Robiolo y Asociados y la presentaron justo antes del inicio de la feria judicial de enero.
A diferencia de la denuncia penal, la estrategia de ir por una acción civil supone la búsqueda de un resarcimiento económico por el perjuicio que les presentó el incumplimiento de los compromisos, más allá del acuerdo en convocatoria. Además, según la estrategia jurídica seguida, no agregaría mucho sumar una denuncia penal, camino recorrido por los bancos extranjeros, los bancos nacionales y otros grupos cerealistas.
Según la presentación, la demanda se fundamenta principalmente en lo que sostienen fue el fraude perpetrado mediante la adulteración de los balances contables de Vicentin S.A.I.C, ocultando un faltante patrimonial de 900 millones de dólares, consecuencia de un stock de materia prima “inflado”, y un stock de deuda “maniatado”, omitiendo la contabilización de contratos a fijar por 463 millones de dólares en el ejercicio 2017 y 395 millones de dólares en el ejercicio 2018, con la finalidad de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores, tanto comerciales como financieros.
Otro argumento de la demanda que presentan es el armado de una sofisticada estructura societaria con sociedades holding y off shore financiadas por la propia Vicentin dejando los activos fuera del alcance de los acreedores, juntamente con los miles de millones de dólares que ingresaron a Vicentín y fueron a parar a las sociedades vinculadas con escasa o nula participación accionaria.
Para los denunciantes, la grave negligencia de KPMG, de quién dicen no advirtió un faltante patrimonial de 900 millones de dólares, y que resulta expuesta ante la falta de resguardo dentro de los papeles de trabajo de KPMG del listado de contratos de mercadería a fijar. También advirtieron la inexistencia o la falta de resguardo dentro de los papeles de trabajo de la firma auditora de un respaldo detallado del stock al cierre del ejercicio 2018.
Respecto a la responsabilidad de los auditores, además que cuentan con un Seguro de Responsabilidad Profesional, existen importantes antecedentes jurisprudenciales internacionales como los renombrados casos Enron, Worldcom y Parmalat.
¿Podrán otros acreedores sumar más acciones civiles? Hay más empresas cerealistas anotadas y se espera ver qué hará el Banco Nación, principal acreedor individual de Vicentin.
Como sea, el 15 de febrero es la fecha de prescripción para las presentaciones ya que se cumplen los 3 años desde que el Directorio, Comisión Fiscalizadora y los Auditores externos, aprobaron el Balance 2018.
Por otro lado, otro dato importante es que si bien los jueces rosarinos han remitido estas causas a juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien lleva el concurso, el magistrado argumentó la falta de existencia de conexidad o fuero de atracción, por lo que rechazó la causas, correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, resolver donde tramitarán las causas. ¿Otro round judicial, como el penal, que –para molestia de Vicentin- se tramitará en Rosario?
