La nueva investigación por lavado contra el ya detenido por narcotráfico Gustavo Shanahan por parte de la Justicia Federal - que hoy provocó la detención de su esposa, su hijo y su hija- puso sobre la mesa un opaco proceso de cambio de acciones en Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de las terminales I y II del puerto de Rosario, que lo tuvo como protagonista entre 2010 y 2012 y que, en su momento, encendió las alarmas del Banco Nación por la posible realización de maniobras ilegales.
El contexto era el siguiente: en 2009, TPR, por aquel entonces presidida por Guillermo Salazar Boero, estaba atravesando una fuerte crisis financiera. La combinación de una fuerte caída de la actividad con el escaso respaldo de capital del empresario había puesto a la empresa al borde del cierre.
Es ahí cuando aparece Gustavo Shanahan, por entonces un reconocido y muy importante financista de la ciudad, quien -desde la empresa Pro Puerto- se presentó como comprador del la mayoría de acciones de la firma, y por eso empezó a ejercer la presidencia de TPR. Su objetivo, dijo, era buscar un comprador total o socio operador del negocio portuario.
Nunca se supo en nivel de entendimiento previo que había en ese momento entre Shanahan y el grupo Vicentín, por aquel momento una estrella del firmamento corporativo de la provincia, pero lo cierto es que en 2010, una firma vinculada al grupo Vicentín -que se llama Aotsa- compró el 51% de TPR.
Tras esa operación, Shanahan se quedó con el 19% y el 30% restante a una empresa del español Jordi Pujol (h), una apellido histórico en la política y la economía de Cataluña que fue condenado en la Justicia española por lavado por sus operaciones en Rosario entre 2004 y 2012, que estaba en TPR desde sus inicios en 2002.
Luego, Vicentin concretó su acceso directo a TPR (dejando de usar como pantalla a Aotsa) para llegar a controlar el 70%, y conseguir en 2012 que el 30% restante de las acciones las compre el grupo chileno Ultramar, peso pesado internacional.
La historia no terminaría bien para Vicentin, ya que su escandaloso default de 2019 le desfinanció su negocio en el puerto. Fue así que empezó a perder acciones hasta quedarse con un 30%, convirtiéndose Ultramar en el socio mayoritario. Hoy, el grupo Grassii, que se quedó con Vicentin, tiene ese paquete minoritario y es socio de Ultramar.
El tema es que, en los documentos, este proceso de cambio accionario fue muy opaco. Y es que la composición societaria de TPR, desde su fundación en 2002, siempre fue muy poco transparente conviviendo sociedades difusas con participaciones nebulosas.
“Operaciones sospechosas”
Así quedó expresado en un informe realizado por el Banco Nación en 2020 que en su momento no tuvo centralidad porque la crisis de Vicentín era mucho más profunda que su participación en TPR.
En efecto, en septiembre de 2020, las autoridades del banco, que era el principal acreedor de la aceitera y ya había iniciado demandas penales, elaboró un informe que puso centralidad en los cambios de acciones de 2010/2012 que, con la nueva investigación de la Justicia federal sobre Shanahan, vuelven a aparecer.
¿De qué se trata el informe? Dentro de un documento del Banco Nación en el que sigue el rastro de un probable vaciamiento de Vicentin antes de sus crisis, hay un apartado titulado “El caso del Puerto de Rosario”. Allí se advierte que la aceitera no registró su rol de intermediario en la venta de 30% a Ultramar, que terminó de sellar la salida de Shanahan y Pujol de la empresa TPR.
Cruzando información sobre cómo fue, en los papeles, todo ese traspaso concluye que “las maniobras despiertan dudas” y, además, notifica que “hay interrogantes sobre la errática valuación contable de la tenencia accionaria de TPR”.
El Banco Nación señala que en septiembre de 2012, Inter Rosario Port Service (la empresa de Jordi Pujol) le transfirió el 30% de TPR a Ultramar. Según reconstruyó la Justicia española, y así aparece citado en el informe del Banco Nación, antes de llegar a Ultramar, las acciones se transfirieron desde Inter Rosario Port Service aVicentín por u$s8.9M a través de un contrato que ponía a Shanaham como armador.
“Todas estas participaciones fueron ocultadas en su balance contable”, señaló el Banco Nación tomando como fuente un informe de la Sindicatura de la Nación que que indica que la operacion d. 2012 nunca fue informada. Esa particular triangulación es la que activa sospechas de la posibilidad de que escondan movimientos de lavado y vaciamiento.
Finalmente, el estudio habla de la existencia de “una errática valuación contable de las tenencias accionarias de TPR”, aportando otro dato: la empresa de Shanahan terminó como acreedor concursal de Vicentín.
No en vano quienes lo frecuentaron en el último tiempo al hoy detenido financista lo escucharon varias veces quejarse de que los aceiteros no le cumplieron la palabra en la operación de traspaso de Vicentin.
Todo este opaco proceso de cambios de acciones ocurrió entre finales de la gobernación de Hermes Binner y comienzos de la de Antonio Bonfatti, siendo titular del Ente Adminsitrador del Puerto de Rosario, quien debía controlar la concesión, el radical Ángel Elías y, por un breve período (ya que fue separado rápidamente por el socialismo) el empresario Pablo Ferrés.
