En un país que necesita producir más, cada hectárea cuenta. Y ahora el Congreso puso la lupa sobre un espacio que durante años tuvo uso productivo, pero que quedó vedado: las superficies adyacentes a las rutas nacionales.

Las iniciativas impulsadas por el diputado nacional Javier Sánchez Wrba (PRO) y la diputada Agustina Propato (UxP) comenzaron a debatirse en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. El objetivo es habilitar el uso productivo de determinadas franjas linderas a las rutas mediante permisos precarios y onerosos, sin afectar las condiciones necesarias para la circulación y el mantenimiento de la infraestructura vial.

El dato que encendió el debate es contundente: el potencial alcanzaría unas 50.000 hectáreas que podrían incorporarse a cultivos anuales.

No se trata de sembrar en las banquinas

Uno de los puntos centrales de las propuestas es delimitar con precisión qué superficies podrían utilizarse. Los proyectos no plantean sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas destinadas a la seguridad vial.

La idea apunta a aprovechar terrenos adyacentes a la calzada que actualmente forman parte del dominio público y que, bajo determinadas condiciones, podrían volver a tener un uso productivo.

El cambio implicaría revertir la prohibición vigente desde 2008, cuando una resolución dejó sin efecto el régimen que permitía otorgar permisos para la siembra, cultivo y cosecha en esas superficies.

La cuenta que mira el campo

El cálculo incluido en el proyecto permite dimensionar la discusión.

Tomando como referencia una Red Vial Nacional de aproximadamente 40.000 kilómetros y una estimación de unas dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en zonas productivas, el universo potencial podría llegar a unas 50.000 hectáreas.

No significa que toda esa superficie pueda sembrarse automáticamente. El acceso estaría sujeto a permisos, condiciones, controles y delimitaciones específicas.

Pero el número alcanza para poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántas hectáreas productivas pueden estar quedando fuera del circuito por una regulación que podría revisarse?

Productividad por un lado, seguridad vial por el otro

El principal desafío del debate será encontrar el límite entre aprovechar tierra disponible y preservar la seguridad de quienes circulan.

Por eso, las iniciativas plantean mecanismos de regulación y control. La superficie autorizada debería quedar claramente delimitada y su utilización no podría interferir con la circulación ni con las tareas de conservación de las rutas.

La discusión, en definitiva, no pasa simplemente por “sembrar al costado de una ruta”, sino por determinar qué áreas pueden utilizarse, bajo qué condiciones, quién puede acceder y cómo se controla ese uso.

Buenos Aires ya tiene un antecedente

El planteo tampoco parte de cero.

En la provincia de Buenos Aires existe desde 1985 la Ley N.º 10.342, que habilita a los municipios a otorgar permisos de uso precario sobre determinadas franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial.

Incluso existen experiencias municipales que avanzaron en esta utilización bajo normativa provincial y local, como el caso de 9 de Julio.

Ese antecedente es uno de los argumentos que alimentan la discusión nacional: la posibilidad de compatibilizar infraestructura vial y producción agrícola ya tiene experiencias previas dentro del país.

¿Quién cobra y adónde va la plata?

Otro de los puntos que puede generar discusión es el destino del dinero.

El proyecto de Sánchez Wrba plantea que los productores frentistas tengan prioridad para acceder a los permisos, mediante el pago de un canon por el uso productivo de esas tierras.

La diferencia entre las dos iniciativas aparece, principalmente, en el destino de esos recursos.

Mientras la propuesta del PRO plantea destinarlos al mantenimiento de la Red Vial Nacional, la iniciativa de UxP propone una finalidad vinculada con lo social y cooperativo.

Así, la discusión no sólo pone sobre la mesa nuevas hectáreas productivas: también abre la posibilidad de generar recursos adicionales para un sistema vial que necesita financiamiento.

Una vieja práctica vuelve al centro de la escena

Durante años, la utilización productiva de estas superficies fue una práctica habitual. El cambio regulatorio de 2008 cerró esa posibilidad.

Ahora, casi dos décadas después, el Congreso vuelve a discutir si aquella prohibición debe mantenerse o si existe margen para diseñar un esquema regulado que permita aprovechar parte de esas tierras.

La clave estará en que la apertura no sea indiscriminada: seguridad vial, delimitación, permisos, controles y mantenimiento deberán ser las condiciones de cualquier eventual autorización.

El debate que puede sumar hectáreas sin comprar una sola hectárea

La discusión recién comienza, pero el planteo tiene una particularidad: el eventual aumento de superficie productiva no dependería de incorporar nuevas tierras privadas al mercado, sino de modificar el régimen de uso de superficies que ya existen y permanecen bajo dominio público.

En un escenario donde cada hectárea productiva tiene peso, 50.000 hectáreas no son un detalle menor.

Ahora el Congreso deberá definir si esas tierras seguirán siendo superficies sin uso productivo o si pueden convertirse, bajo reglas claras, en una fuente adicional de producción y recursos.