La gestión de residuos industriales especiales se transformó en uno de los negocios menos visibles pero más sensibles de la economía santafesina. Cada año, puertos, aceiteras, industrias químicas, agroexportadoras y grandes complejos fabriles generan miles de toneladas de residuos que deben ser transportados, tratados y dispuestos bajo estrictas normas ambientales.

Detrás de esa actividad existe un mercado multimillonario donde participan pocos jugadores y donde las discusiones por habilitaciones, ampliaciones de capacidad e ingreso de nuevos operadores suelen generar fuertes tensiones.

Durante las últimas semanas esas diferencias volvieron a quedar expuestas. Mientras algunos actores reclaman la necesidad de incorporar nuevas inversiones, tecnologías y alternativas de tratamiento, otros sostienen que la prioridad debe seguir siendo preservar un sistema con controles ambientales estrictos y capacidad técnica comprobada.

La discusión parece sectorial. Pero quizás esté revelando algo mucho más importante. Porque detrás de la pelea por el mercado actual aparece una pregunta que Santa Fe todavía no respondió: ¿la provincia está regulando residuos para administrarlos o para transformarlos en una nueva fuente de inversión, empleo y desarrollo?

La propia dinámica del sector aporta una contradicción difícil de ignorar. Por un lado, distintos actores mantienen posiciones muy activas respecto del ingreso de nuevos jugadores al negocio. Detrás de expedientes, objeciones administrativas y discusiones regulatorias aparece una preocupación evidente por preservar posiciones en un mercado donde los operadores son pocos y las inversiones necesarias para ingresar no son menores.

Pero al mismo tiempo, Santa Fe permite recibir residuos provenientes de otras jurisdicciones para su tratamiento.

Y allí surge una pregunta inevitable. Si la provincia está dispuesta a recibir mayores volúmenes de residuos provenientes de otros distritos, ¿por qué no discutir con la misma intensidad la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas inversiones o incluso nuevos actores capaces de ampliar la capacidad instalada y las alternativas de valorización?

La cuestión no pasa por flexibilizar controles ambientales ni por abrir indiscriminadamente el mercado. Pasa por preguntarse si la discusión regulatoria está enfocada en proteger el interés general o simplemente en administrar el esquema existente.

Porque si Santa Fe aspira a transformarse en un polo regional para el tratamiento y aprovechamiento de residuos, la conversación no debería limitarse a quién participa del negocio actual. También debería incluir qué inversiones quiere atraer y qué tipo de industria ambiental pretende desarrollar durante las próximas décadas.

La pregunta no es menor. El esquema regulatorio vigente tiene como columna vertebral a la Ley 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y al Decreto 1844/02, que reglamenta la gestión de residuos peligrosos y especiales. Ambas normas fueron concebidas en un contexto muy distinto al actual.

A fines de los años noventa y principios de los 2000 el objetivo principal era controlar riesgos ambientales, ordenar el transporte y garantizar una disposición final segura. Era una necesidad lógica para una provincia que comenzaba a enfrentar un crecimiento acelerado de su actividad industrial.

Pero el mundo de los residuos cambió radicalmente desde entonces. Lo que hace veinte años era considerado exclusivamente un pasivo ambiental hoy, en muchas partes del mundo, es visto como una fuente potencial de energía, combustibles alternativos, materiales para la construcción e incluso nuevas cadenas de valor industrial.

Y ahí aparece otra contradicción. Santa Fe reclama inversiones privadas, busca generar empleo y promueve el desarrollo de nuevas actividades productivas. Sin embargo, cuando se observa la regulación vigente del sector de residuos, la mayor parte de las herramientas siguen orientadas a controlar, tratar e inmovilizar residuos, no a promover su valorización económica.

El interrogante no es teórico. Hace apenas unos meses Ecos365 reveló un proyecto basado en tecnología desarrollada en Estados Unidos y aplicada exitosamente en distintos mercados, incluyendo Japón, que proponía transformar residuos urbanos e industriales en combustibles y energía. Más allá de la viabilidad específica de aquella iniciativa, el dato relevante era otro: existían empresas analizando inversiones concretas para convertir un problema ambiental en una actividad económica.

La iniciativa planteaba la posibilidad de instalar tecnología capaz de procesar residuos para transformarlos en combustibles alternativos, con potencial para generar inversiones, empleo calificado y una nueva actividad productiva asociada a la economía circular.

La pregunta que quedó flotando entonces sigue vigente. ¿La normativa actual de Santa Fe está preparada para recibir proyectos de esa naturaleza? La respuesta no parece tan evidente. Al menos, la provincia todavía no logró generar un marco que haya atraído inversiones de la magnitud de las que ya comenzaron a aparecer en otras jurisdicciones.

La provincia continúa discutiendo quién participa del negocio actual, mientras otras jurisdicciones ya están discutiendo cómo crear uno nuevo.

Córdoba ofrece uno de los ejemplos más cercanos. Allí Geocycle, la división ambiental del grupo Holcim, desarrolló inversiones millonarias para ampliar la valorización de residuos y convertir parte de ellos en combustibles alternativos utilizados por la propia industria cementera.

La contradicción resulta evidente. Mientras Santa Fe busca atraer inversiones energéticas, industriales y tecnológicas en prácticamente todos los sectores de la economía, la discusión sobre residuos continúa dominada por una lógica centrada principalmente en el tratamiento y la disposición final. Como si la basura fuera el único insumo industrial al que no se le pudiera agregar valor.

La lógica es simple. Lo que antes terminaba enterrado hoy reemplaza parcialmente combustibles fósiles. Lo que antes representaba exclusivamente un costo hoy forma parte de una cadena productiva.

La experiencia es relevante porque demuestra que la discusión ya no pertenece exclusivamente al mundo ambiental. También forma parte de la agenda energética, industrial y económica.

San Juan avanzó por otro camino. La provincia incorporó herramientas regulatorias que habilitan reciclaje, regeneración, recuperación energética y valorización de distintos residuos industriales. En otras palabras, decidió actualizar una legislación que originalmente estaba pensada para administrar residuos y comenzó a incorporar mecanismos destinados a generar valor a partir de ellos.

Pero quizás el ejemplo más interesante no provenga ni de Estados Unidos ni de Japón. Durante los últimos encuentros anuales de supermercadismo realizados en el sur de Brasil, un tema apareció de manera recurrente en conversaciones empresariales: el medio ambiente dejó de ser únicamente una cuestión regulatoria para transformarse en una cuestión económica.

Y en ese contexto volvió a surgir una referencia conocida para quienes siguen las discusiones sobre ciudades inteligentes y desarrollo urbano: Curitiba. La ciudad brasileña está a poco más de mil kilómetros de Rosario, comparte buena parte de los desafíos de cualquier gran centro urbano latinoamericano y se encuentra conectada con nuestra región a través del mismo corredor económico que estructura buena parte del Mercosur. Sin embargo, hace años comenzó a incorporar los residuos dentro de una estrategia más amplia de desarrollo, recuperación de materiales, inclusión social y sostenibilidad económica.

La enseñanza es simple. No hace falta mirar exclusivamente a Silicon Valley o Tokio para encontrar ejemplos. Mientras tanto, Rosario sigue enviando alrededor de 700 toneladas diarias de residuos a disposición final. Santa Fe capital, las ciudades intermedias y decenas de municipios enfrentan una realidad similar: destinar cada año recursos crecientes para recolectar, transportar y enterrar residuos que, en muchos casos, podrían contener algún grado de valor económico. La montaña de residuos ubicada en Pérez continúa creciendo y simboliza uno de los mayores costos estructurales que enfrenta cualquier gran ciudad.

Pero el costo no termina allí. También impacta sobre la competitividad de las empresas. Las industrias, puertos, aceiteras, agroexportadoras, comercios y establecimientos gastronómicos deben afrontar costos crecientes vinculados a la gestión de residuos. En muchos casos, la gestión ambiental dejó de ser un gasto marginal para transformarse en un componente relevante de la estructura de costos.

Y allí aparece otra pregunta que rara vez forma parte del debate público. Si una parte de esos residuos pudiera transformarse en combustibles alternativos, energía o materiales reutilizables, ¿cuánto podrían reducirse esos costos? ¿Y cuánto valor económico podría recuperarse?

Porque si el sistema dejara de ser exclusivamente un centro de costos para convertirse parcialmente en una actividad generadora de ingresos, la discusión también cambiaría para los municipios.

No se trata de imaginar que la basura vaya a financiar por sí sola una ciudad. Pero sí de preguntarse cuánto dinero podría liberarse para otras prioridades. ¿Cuántas cuadras de pavimento? ¿Cuántos espacios públicos?¿Cuántos proyectos de infraestructura social? 

Nadie sostiene que los residuos vayan a resolver por sí solos cuestiones económicas o financieras de Rosario, de Santa Fe o de otro municipio. Tampoco que toda la basura pueda convertirse mágicamente en combustible o energía. Pero tampoco parece razonable ignorar que existen tecnologías, antecedentes e inversiones concretas que están demostrando que parte de ese camino es posible.

Por eso la discusión que hoy enfrenta a operadores, empresas y organismos públicos probablemente sea mucho más importante de lo que parece. Porque detrás de la pelea por el mercado actual aparece una pregunta que Santa Fe todavía no respondió.

¿Quiere seguir administrando residuos bajo una lógica concebida hace más de veinte años o quiere construir un marco regulatorio capaz de atraer inversiones, generar empleo y promover nuevas formas de valorización?

La diferencia no es semántica. Puede representar nuevas plantas industriales, capital privado, innovación tecnológica y una reducción progresiva de los costos que hoy afrontan municipios e industrias.

Después de todo, mientras Santa Fe debate quién participa del negocio actual, otras regiones ya discuten cómo construir de la basura un negocio circular.

Quizás la discusión ya no sea quién controla la basura. Quizás la verdadera discusión sea cuántos negocios, cuántas inversiones y cuánto desarrollo económico está enterrando Santa Fe cada día junto con ella.

Porque mientras otras regiones discuten cómo transformar residuos en energía, combustibles, materiales y empleo, la provincia todavía parece atrapada en una conversación mucho más antigua: dónde terminan.