Este martes se realizó una audiencia clave en el Salón Dorado del Senado bonaerense, en La Plata, donde el jurado de enjuiciamiento admitió la acusación contra la jueza Julieta Makintach, cuestionada tras la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona debido a la filmación de un documental sin autorización. De este modo, quedó definido que la magistrada irá a juicio político.
El jurado dictaminó en la audiencia de este martes admitir la acusación contra la magistrada al sostener la existencia de un delito, el cual se debe investigar. Tras la decisión de la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento, Makintach ya no puede renunciar a su cargo como jueza.
Continuará suspendida de manera provisoria y con una reducción del 40% en su salario.
Antes de que comenzara la reunión, la defensa de la magistrada, encabezada por el abogado Darío Saldaño, presentó varias impugnaciones. Entre ellas, pidió que se suspenda la convocatoria hasta que se regularice el procedimiento de selección e integración de los conjueces legisladores que forman parte del jurado.
También planteó la recusación de la jueza de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, a quien acusan de falta de imparcialidad. Además, denunció que el tribunal quedó incompleto tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran, ya que no se respetaron los mecanismos de reemplazo previstos por la ley 13.661, lo que, según la defensa, constituye una nulidad absoluta y vulnera la garantía del juez natural.
En otro escrito, Makintach volvió a señalar a sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso, asegurando que ellos estaban al tanto de la entrevista y de las grabaciones cuestionadas. Para la defensa, mientras no se los incluya en la investigación, el proceso resulta parcial.
La jueza, por su parte, insiste en que el material audiovisual no fue clandestino y que era conocido por todos los integrantes del tribunal. Niega haber participado en un documental sobre el caso Maradona y aclara que solo brindó una entrevista en un día no laborable.
Reitera, además, que las decisiones se tomaron de manera colegiada, por lo que no corresponde atribuirle la responsabilidad de manera individual.
