Para un fiscal de balaceras "poner más requisitos" para la venta de armas en Rosario "sería una de las tantas cosas que se podrían hacer". El comentario surge de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) donde revisó la gestión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) en el periodo 2016-2019, el organismo no cumplió con los objetivos del Programa de Modernización que se había trazado. En Rosario para uno de los integrantes de la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación "es bastante preocupante la situación".
La AGN afrimó que Anmac mantuvo al 85% de su personal contratado a través de un ente cooperador (Acara, que agrupa a las concesionarias de autos) en lugar de integrarlos a la planta permanente, no activó los programas de desarme previstos por ley, no convocó al Consejo Consultivo para idear políticas en la materia, no instrumentó investigaciones sobre el impacto del uso de armas y realizó de forma erráticas las inspecciones que le correspondían, entre otras cuestiones sensibles.
El dato más preocupante fue que durante ese periodo de gestión comenzó a perderles el rastro a cientos de miles de armas y de personas habilitadas a tenerlas que, habiendo sido durante años legítimos usuarios (LU), dejaron de renovar sus permisos y pasaron a una situación de informalidad atribuida, especialmente, al cambio normativo que obligó a esos usuarios a recurrir a un único prestador privado para acreditar sus aptitudes físicas y psicológico/psiquiátricas.
"Desde la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación teníamos una causa en la que una armería de Rosario vendía balas en negro. La armaría tiene que llenar un libro y en el se usaban identidades falsas para blanquear estas ventas. La mecánica para es simple, la venta tiene que ser a personas autorizadas de tener un arma por la Anmac. En ese sentido vimos poco control de la entidad", aseguró el fiscal Pablo Socca, integrante de la Unidad en comunicación con AM/PM (Radio2).
La semana pasada, fue asesinado en un asalto el arquitecto Joaquín Pérez. Le dispararon con un revólver calibre 38 y con una pistola calibre 40; esta última tenía la numeración visible, lo que permitió rastrear su origen: según los registros, su titular había muerto en 2016 y el arma le fue robada cuando sufrió un asalto en su casa del departamento de Iriondo, aunque no lo denunció. De este modo, esa pistola, originalmente registrada de forma debida, terminó en el circuito negro.No se sigue el rastreo, la Anmac tiene que actualizarse. Hemos tenido información de denuncias falsas de robo de arma por los legítimos dueños para venderlas en el mercado negro.
Según Socca "es bastante preocupante la situación. Yo no veo que en Rosario se haya restringido la venta de armas a civiles, poner más requisitos no sé si es la solución, pero sería una de las tantas cosas que se podrían hacer".
El fiscal brindó detalles sobre la venta de municiones: "Por cada calibre, uno puede comprar 1.000 balas por día y estaría dentro de la legalidad. Lo que no puede hacer es guardarlas en su casa. Ahora, ¿quién controla que las gastó en un club de tiro?", cuestionó.
