Una iniciativa anunciada por el presidente Javier Milei para habilitar actividades mineras en zonas cercanas a los glaciares de la Cordillera de los Andes generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, que advirtieron que la medida pone en riesgo las principales reservas de agua del país.
“Sin glaciares no hay agua, y sin agua no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país”, señaló a la agencia EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
El presidente anunció el jueves que enviará al Congreso un proyecto para que sean las provincias las que definan qué áreas cercanas a glaciares podrán habilitar para la minería. En un contexto de fuerte expansión del sector —sobre todo en litio, cobre y oro—, Milei sostuvo que la actividad representa “grandes oportunidades para hacer negocios” y que podría generar hasta un millón de puestos de trabajo. También criticó a las organizaciones ambientalistas por su oposición a la iniciativa.
La Constitución establece que las provincias son propietarias de los recursos naturales, pero también contempla la protección de los derechos ambientales.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron a EFE que “no se puede permitir que los intereses privados se superpongan con las fuentes de vida de todos los argentinos”.
Tras años de reclamos de organizaciones sociales, científicas y ambientales, Argentina aprobó en 2010 la Ley de Glaciares, considerada pionera en la región. La norma protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Desde su sanción, fue cuestionada por sectores vinculados a la megaminería, que reclamaron limitar su alcance.
En 2019, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley y determinó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos, y que en caso de conflicto los derechos colectivos —como el acceso al agua— prevalecen sobre los intereses particulares.
En 2024, el Gobierno intentó modificar la norma para habilitar actividades económicas en áreas periglaciales, pero la iniciativa no prosperó debido al rechazo de organizaciones ambientales.
“La Ley de Glaciares es pionera en la región. No existe otra con un nivel de protección similar. Modificarla implicaría una condena al agua de los argentinos”, afirmó Rossi Serra.
Un sistema bajo presión
Según el Inventario Nacional de Glaciares —realizado entre 2011 y 2018 y actualmente en actualización—, Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, 16.078 de ellos en la Cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur, que en conjunto cubren 8.484 kilómetros cuadrados.
En un informe presentado ante la Convención de la ONU sobre Cambio Climático en diciembre de 2024, el país reconoció que el aumento de la temperatura provocó un retroceso generalizado de los glaciares patagónicos en las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur mostraron una marcada reducción.
Los datos más recientes surgen de la actualización en los Andes Desérticos —en el noroeste y norte de San Juan—, donde se registró una pérdida del 17 % del hielo descubierto.
Desde la FARN alertaron que cualquier afectación sobre glaciares y ambientes periglaciales tendría impactos “ambientales, sociales y económicos”, ya que cumplen un rol clave en la provisión de agua para ríos de los que dependen diversas actividades productivas.
Aunque no existe un registro nacional actualizado de proyectos mineros en zonas glaciares o periglaciares, las organizaciones coinciden en que muchas concesiones actuales afectan —o pueden afectar— estos ambientes.
Un informe oficial de 2016 reconoció la existencia de 44 proyectos mineros —sobre un total de 77— ubicados en áreas periglaciales. No hubo actualizaciones desde entonces, pero se presume que el número aumentó en línea con la expansión del sector: en los últimos tres años, los proyectos activos en el país pasaron de 160 a 325.
