La historia de la familia Marinucci, pequeños productores que se arremangan todos los días en una de las zonas más fértiles del planeta, es la misma vivencia de cientos de colonos que sufren las consecuencias del modelo de concentración de la tierra, de envenenamiento del suelo y de los pulmones, y de un monocultivo que se va por los puertos y que engorda unos pocos bolsillos. Los Marinucci resisten el desalojo que les impone una fundación con asiento en Buenos Aires, que se quedó con 3.500 hectáreas gracias al “difuso” testamento que dejó el dueño de todas las tierras de la zona de Bigand, a unos 70 kilómetros de Rosario. Piden que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abra la causa en base a la presentación que hicieron, con el objetivo de ganar tiempo para demostrar que su reclamo “es justo”.

Un poco de historia

El fundador del pueblo de Bigand, Don Víctor, tuvo tres hijos, que no dejaron descendencia. La última heredera del pionero, Merecedes, falleció en 2005, a los 94 años de edad, y aseguran que desde ese momento comenzaron las "presiones" sobre la familia Marinucci para que abandonen la única chacra que queda con gente viviendo y produciendo allí.

Durante 100 años, las tierras fueron trabajadas por 24 familias, entre las que se encuentran los Marinucci, que les alquilaban los lotes a Víctor Bigand. Se instalaron allí con su pequeña chacra en 1920, ocho años después del célebre “Grito de Alcorta”, la rebelión agraria que se originó a pocos kilómetros de ahí y que, entre otras cosas, marcó la creación de la Federación Agraria Argentina.

Nadie sabe con precisión cómo fue que el testamento cayó en manos de abogados de la Fundación “Honorio Bigand” de Desarrollo y Asistencia Solidaria, con sede “virtual” en Buenos Aires (en su página web solo figura un correo electrónico). En el pueblo aseguran que sus integrantes se acercaron a Mercedes antes de su muerte y así fueron ganando un lugar de “privilegio” en la herencia. Lo cierto es que desplegaron todo su poder económico y legal para liberar los surcos a su favor.

En ese contexto, el matrimonio conformado por Oscar Marinucci y Sandra Gobbo habita una humilde casa que, como dice la mujer, “no es una tapera porque nosotros vivimos adentro”. En un par de modestos corrales, crían algunos cerdos, corderos y chivos. Y más allá, donde termina el dominio de las centenarias casuarinas “que nacieron de semillas” –acota Sandra-, hay un pequeño monte de árboles frutales que aportan para la subsistencia.

Los otros chacareros

Cuando se habla de chacareros, de inmediato se dispara la referencia hacia los grandes latifundistas o terratenientes, dueños de pooles de siembra, o a los propietarios de importantes extensiones de tierra, que se vieron beneficiados por el precio de la soja hace algunos años y por la cotización del dólar más tarde. Pero existen los otros chacareros; los que producen para subsistir y no viajan en camionetas 4x4.

“En estos momentos estamos en el campo, pero no sabemos hasta cuándo vamos a poder resistir”, le contó Sandra a Rosario3. Quedaron prácticamente solos en toda la comarca, ya que el resto de las familias “se fueron a vivir al pueblo”.

En cuanto a la fundación que exige el desalojo, la trabajadora rural señaló que “tiene todos sus miembros en Buenos Aires, no hay ningún miembro en Bigand”. Agregó que “la Comuna pidió que tengan un representante del pueblo, pero no dieron a lugar al pedido”.

“Por ejemplo, el Samco debería ser un beneficiario de la fundación, lo mismo que la escuela primaria, el hogar de ancianos, la capilla y la iglesia, pero la realidad es que no aportaron un peso a esas instituciones”, comentó Sandra. “La fundación no cumple lo que dice el testamento”, remarcó.

“Esta gente nos ve solo como un número, pero nosotros tenemos historia; lo nuestro son solo 58 hectáreas, que representan solo un punto dentro de las 3.500 hectáreas productivas que les cayeron del cielo”, acotó Sandra. Y consideró que el “objetivo” de la fundación “es disciplinario, quieren advertirnos lo que nos puede pasar a los que nos opongamos a los que ellos pretenden”.

El caso ya pasó por varias instancias judiciales. Un juez de Cañada de Gómez, Sergio Verdura, dictó una resolución que impedía el desalojo de quienes se dedicaban a la “agricultura familiar”, al menos hasta febrero de 2020. Pero la fundación apeló esta medida y logró que una Cámara la desestimara. “Estamos en la espera de la resolución de la Corte de Justicia de Santa Fe; estamos esperando que esta causa se abra para poder seguir luchando desde adentro”, actualizó Sandra.

El reclamo impulsado por Federación Agraria en Tribunales de Rosario. (Archivo Rosario3)

“A través de este caso, queremos visibilizar qué tipo de modelo de producción queremos defender en los pueblos del interior. En este caso, se llevan toda la producción para exportación, no queda nada en el pueblo”, resaltó Sandra, que además aseguró que desea “visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo”.

“Pedimos que la Corte abra la causa a través del recurso de queja que presentamos; si se abre, nos da un tiempo para demostrar la situación que estamos reclamando y que no haya jurisprudencia para un poder económico que te aplasta la cabeza”, concluyó Sandra.

Una familia, un modelo

Las distintas organizaciones que componen el Foro Agrario Santafesino se reunieron días atrás en la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla para discutir las principales problemáticas del sector, y coincidieron en que el derecho al acceso a la tierra y la sanción de una ley de arrendamiento son una de las principales necesidades de los pequeños productores. De ese encuentro surgió un documento final, donde se incluyó la solidaridad con la familia Marinucci, y la interpelación a las autoridades para que intercedan en ese conflicto.

En declaraciones al sitio del Foro Agrario de Santa Fe, Pablo Pailolle, dirigente de Federación Agraria, señaló que además del conflicto se pone en juego el modelo de producción. “El modelo de la concentración no es solo en la propiedad de la tierra sino también en la producción. Antes, en esas 3 mil hectáreas trabajaban alrededor de 50 familias, y ahora con dos grandes empresas quieren resolver el problema de la producción”, remarcó.

“Es una terrible injusticia lo que se pretende hacer con esas familias que hace más de 100 años, de generación en generación, están en el campo, pagando sus arrendamientos, y de repente viene una fundación y los quiere desalojar”, reclamó.

Por último, indicó que “la lucha de Marinucci es una lucha no solo por defender a la familia sino que es también una lucha contra el modelo de concentración y de exclusión de los pequeños arrendatarios”.

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