El Gobierno envió al Congreso una nueva ley de financiamiento universitario: qué dice sobre salarios y gastos de funcionamiento

El gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, con el declarado objetivo de “armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales”, según consta en la iniciativa.

En el mensaje adjunto, el Gobierno enmarca la iniciativa como un modo de “lograr el cumplimiento efectivo del objeto de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”. 

Según publicó el sitio Parlamentario, el proyecto establece que las partidas presupuestarias previstas en el Programa “Desarrollo de la Educación Superior” deberán ser destinadas a afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad, garantizar las condiciones laborales y salariales, asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, incrementar la inversión destinada a programas de becas estratégicas.

Aunque el Gobierno envió el proyecto en extraordinarias y lo agregó al temario de las mismas, no será tratado en lo que resta de este período, sino quedará para ordinarias.

Lo que cambia

El artículo 3° del proyecto ata la actualización de los gastos de funcionamiento a la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

En paralelo, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.

Respecto de salarios, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

El proyecto establece que el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento se ajustará en la medida en que la inflación observada supere el 14,3% promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Presupuesto 2026”.

La reforma traslada el corazón de la 27.795 —sostener el financiamiento universitario— a un mecanismo de actualización condicionado: solo habrá recomposición adicional cuando la inflación efectiva supere 14,3%. En la práctica, el 14,3% funciona como umbral: si el IPC cierra por debajo, no habría ajuste por esta vía; si lo supera, se gatilla el incremento.

El Gobierno argumenta que así “procura mantener el incremento real otorgado” y evitar su depreciación ante una inflación mayor a la prevista en el Presupuesto 2026. El criterio brinda previsibilidad contable al Tesoro, pero también traslada el riesgo inflacionario al sistema hasta cruzar el umbral, algo que universidades y gremios podrían cuestionar si el arranque de 2026 muestra variaciones de precios aceleradas.

El 12,3% escalonado sobre salarios básicos de diciembre 2025 es, por diseño, un reconocimiento acotado a cuenta del 2025 que se terminaría de pagar en 2026. La novedad es la obligatoriedad de paritarias con frecuencia trimestral como piso procedimental.

Para la elaboración del nuevo proyecto, la Secretaría de Educación de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantuvieron una reunión a principios de mes en la que hubo negociaciones para avanzar en la definición de un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas de todo el país.

Gremios universitarios como la Conadu, ya adelantaron su posicionamiento de rechazo a las modificaciones y reclamaron que se cumpla la norma doblemente aprobada por el Congreso tras el veto de Javier Milei.