En la batería de reformas que el gobierno nacional envío al Congreso en estas sesiones extraordinarias de fin de año incluyó un tema sensible: la modificación de la ley 26.639, conocida como de glaciares.
El texto, que ya ingresó al Senado, apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.
En pocas palabras, con los cambios propuestos, "todos los glaciares podrían ser destruidos", advirtió la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE).
La reforma representa un grave retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, pérdida acelerada de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país.
"El proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente", señalaron las organizaciones.
Detallaron que la modificación “elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional: mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas".
"En segundo lugar –sigue el comunicado–, el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua".
Según explicaron, "desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar" porque "es como proteger el hielo pero apagar el freezer: el resultado es su desaparición".
Falsa “federalización” y retrocesos
La reforma propone que cada provincia decida qué glaciares y qué ríos pueden ser entregados a la megaminería y a la exploración hidrocarburífera. De este modo, se eliminan los presupuestos mínimos ambientales nacionales, que hoy garantizan un piso común de protección en todo el territorio argentino.
“Esto no fortalece el federalismo: lo debilita. Los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Permitir que una sola jurisdicción defina su destino afecta directamente a comunidades y territorios aguas abajo y abre la puerta a un dumping ambiental, donde las provincias compiten por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas”, señalaron los abogados ambientalistas.
Además de ser una reforma ambientalmente riesgosa, es “jurídicamente ilegal”. “El proyecto viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe disminuir los niveles de protección ya alcanzados”, recordaron los especialistas.
Y agregaron: “En lugar de fortalecer la protección del agua frente a la crisis climática, el gobierno busca debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos”.
“Desde AAdeAA–CAJE –siguieron– reafirmamos un principio básico: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de nuestras comunidades.
Las organizaciones llamaron a la ciudadanía y a las organizaciones a proteger “las reservas estratégicas de agua de la Argentina” ante una nueva avanzada de un gobierno que responde a los sectores concentrados de la economía. El texto cierra: "Porque sin glaciares no hay agua. Y sin agua, no hay vida".
