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A cinco años del crimen de la testigo Silvia Suppo

La militante denunció al juez Brusa por delitos de lesa humanidad, testimonio que resultó clave para condenarlo. En 2010 fue asesinada en un comercio de Rafaela. A poco de la sentencia por el homicidio, la querella insiste con que hubo “motivaciones políticas”

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La ex militante de la Juventud Peronista Silvia Suppo, cuyo testimonio resultó decisivo para condenar al juez Víctor Brusa y a otros represores que actuaron en Santa Fe durante los años del terrorismo de Estado, era asesinada hace cinco años, el 29 de marzo de 2010, en un hecho que actualmente es juzgado por un Tribunal Oral que está próximo a emitir una sentencia.

Suppo, de 51 años, fue encontrada muerta de varias puñaladas en el local de venta de cuero que administraba en la localidad santafesina de Rafaela, de donde era oriunda y había desarrollado su militancia política en los años 70.

Aunque los dos acusados por el asesinato, Rodolfo Cóseres y Rodrigo Sosa, confesaron ser los autores materiales del hecho, los querellantes que representan a los familiares y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, creen que el asesinato tuvo “motivaciones políticas”.

“Estamos convencidos de que hubo en este hecho autores intelectuales que lamentablemente no pudimos esclarecer en este juicio”, sostiene la abogada Lucila Puyol, representante de la querella que forman Marina y Andrés Destéfanis, los dos hijos de Suppo, y militantes de la agrupación HIJOS.

Silvia fue secuestrada en mayo de 1977, y llevada al centro clandestino de detención conocido como “La Casita”, que se encontraba en la localidad de Santo Tomé.

Allí, los represores la sometieron a torturas y violaciones reiteradas que le produjeron un embarazo y en cautiverio, María Eva Aebi, integrante del servicio penitenciario provincial, le practicó un aborto.

Recuperó la libertad a fines de 1978, gracias a la intervención de sectores vinculados a la Iglesia católica, y en especial de Jorge Casaretto, quien entonces oficiaba como obispo en Rafaela.

Durante años, Suppo se dedicó a la tarea de forjar la memoria en su comunidad con respecto a los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura cívico militar.

En 2009, Silvia declaró en el primer juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe y su testimonio permitió las condenas de Brusa y de los policías Héctor Colombi, Juan Perizotti, Mario Fancino, Eduardo Ramos y la carcelera Aebi.

Gracias al testimonio de Silvia, Brusa se convirtió en el primer magistrado en recibir una condena por lesa humanidad, al quedar acreditado que presenciaba torturas y les tomaba declaración a los detenidos que se encontraban en los centros clandestinos de detención.

Al momento de su muerte, Suppo impulsaba una investigación judicial sobre el secuestro de Reinaldo Hemmeter, que era su pareja y que aún permanece desaparecido.

Tanto Cóceres como Sosa, dos jóvenes que trabajan como cuidacoches en el centro de Rafaela declararon que mataron a Suppo porque se resistió a un intento de robo.

Sin embargo, la médica María Perassolo, perito aportado por la querella aseguran que no se encontraron huellas de los sospechosos en el lugar de los hechos, y en las armas utilizadas para cometer el crimen.

"Hubo obstrucciones de la policía, arruinaron la escena del crimen y no dejaron ninguna huella. No se investigó bien desde el principio y habría que investigar si hubo encubrimiento institucional en este hecho", denunció Puyol.

En consecuencia, la querella pidió investigar al juez Alejandro Mognaschi, que instruyó en el hecho; a la ex fiscal Cristina Fortunato; al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, comisario Mondino y al subjefe Amaya, quien habría ocultado un video que aportaría elementos de prueba, entre otros funcionarios policiales.

El Tribunal Oral de Santa Fe integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría terminará esta semana de escuchar los alegatos de las partes y es probable que dicte sentencia en los primeros días de abril.

El fiscal en este juicio, Martín Suárez Faisal, pidió la pena de prisión perpetua para los acusados, pero en su alegato dejó abierta la posibilidad de que el crimen “haya tenido una motivación política”.

Al respecto, la querella que integra Puyol se remite a la declaración que prestaron ante el Tribunal tres testigos: el funcionario de Cancillería Carlos Borgna, Anatilde Bugna y Hugo Suppo, el hermano de Silvia.

Los tres fueron compañeros de militancia de la víctima y aseguraron que al momento de su muerte investigaba casos de apropiaciones de recién nacidos que se había llevado a cabo en Rafaela durante la dictadura.

"Creemos que hubo motivaciones políticas. Tenemos datos en ese sentido y queremos que se investigue a algunos personajes. Es una causa que no vamos a abandonar hasta que llegar a la verdad”, puntualizó Puyol.

Fuente: Télam

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