Una multitud participó de la caravana que partió este jueves del Congreso de la Nación hacia General Madariaga, en las cercanías de Pinamar, donde fue asesinado José Luis Cabezas. A diez años de su muerte, Gladys Cabezas, la hermana del fotógrafo, culpó "a los jueces" por excarcelar a cinco de los condenados por el crimen de su hermano, y aseguró que aún mantiene la "esperanza de que se haga Justicia".

"Los jueces son los culpables de que esta gente esté en libertad", dijo Gladys, en referencia a los cinco condenados que fueron excarcelados y a un sexto que cumple prisión domiciliaria. La mujer también se refirió a la hija del fotógrafo, quien vive en España con su madre, de quien dijo que "está bien, está crecida y muy parecida a su padre". "Yo pensaba, en la primera instancia, que ya había terminado, que hoy sería sólo un recuerdo para José Luis, nada más", expresó Gladys.

Gladys Cabezas encabezó la convocatoria frente al Congreso de la Nación desde donde partió en una caravana hacia la cava de General Madariaga, en la cual fue hallado muerto su hermano José Luis el 25 de enero de 1997. En tanto, esta tarde se realizará allí el encuentro central en homenaje al fotógrafo, aunque los actos se repetirán en distintas ciudades del país.

Otro de los organizadores de la caravana, el periodista Gabriel Micchi, compañero de José Luis en la cobertura de la temporada en Pinamar al momento del crimen, dijo que el caso Cabezas "logró una condena social de tal magnitud que se logró una sentencia en tiempo récord", pero que Casación "tuvo un fallo vergonzoso", en referencia a los beneficios a los que accedieron los condenados. "En este caso se había logrado una condena casi en tiempo récord para lo que es la justicia argentina, ya que dio una condena ejemplar porque todos los asesinos fueron condenados a prisión o reclusión perpetua", enfatizó Micchi.

Caso emblemático

El asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, encargado por un poderoso empresario que le molestaba que lo fotografiara, fue esclarecido a meses de cometido en 1997, pero al cumplirse diez años sólo dos de los nueve condenados a prisión perpetua están presos.

El décimo aniversario llega con un sabor amargo, no sólo para la familia y amigos del fotógrafo, ya que sólo dos de los condenados en sendos juicios orales cumplen su condena en prisión, otros cinco fueron excarcelados y un sexto goza de prisión domiciliaria.

El cadáver del fotógrafo fue hallado esposado, con dos balazos en la cabeza e incinerado dentro de un automóvil en un descampado del partido bonaerense de General Madariaga el 25 de enero de 1997.

Horas antes al reportero gráfico lo habían capturado cuando llegaba a la casa en la que vivía con su esposa y su pequeña hija Candela durante la cobertura de temporada que realizaba para la revista Noticias en Pinamar.

El crimen inmediatamente conmocionó al país y las repercusiones políticas no se hicieron esperar. El entonces gobernador Eduardo Duhalde creyó estar ante una venganza política contra él y la oposición al gobierno de Carlos Menem denunció que el caso podía ser encubierto.

El reclamo popular contra la impunidad del crimen del periodista se sumó al desesperado pedido de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) de que "No se olviden de Cabezas", una consigna convertida en grito que retumbó en todo el país.

El juez de Dolores a cargo de la causa, José Luis Macchi, le había dictado ya la prisión preventiva a un grupo de marplatenses al que la policía que les atribuia el crimen denominó "la banda de Los Pepitos", cuando desde La Plata le llegó la punta del ovillo para el total esclarecimento del caso.

Un dirigente justicialista había acercado a Duhalde a "un muchacho arrepentido", que estaba dispuesto a confesar su participación en el crimen, si le ofrecían garantías de que no lo matarían, como ya lo habían intentado.

Con esa información, Macchi ordenó la detención de José Luis Auge, Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González y Héctor Miguel Retana, delincuetes de poca monta que integraban la denominada "Banda de los horneros".

Asesorados por el abogado mediático Fernando Burlando, los "horneros", declararon que en realidad ellos habían sido llevados a Pinamar por el oficial Gustavo Prellezo –para quien robaban en la temporada– contratados para "asustar" a un fotógrafo.

En sus declaraciones, también aseguraron que ellos se habían encargado de "levantar" a la víctima del centro de Pinamar y que la habían trasladado hasta una camino rural de Madariaga, donde Prellezo la mató de dos tiros y luego quemó el cadáver.

Con diversas pruebas, entre ellas testimonios y la utilización por primera vez del sistema informático Excalibur, Macchi determinó que en realidad, los "horneros", Prellezo y los oficiales Aníbal Luna y Sergio Camaratta no habían actuado por su cuenta sino a pedido.

Según quedó acreditado en el expediente y corroborado en el juicio oral, Gregorio Ríos, un sargento del Ejército retirado y jefe de la custiodia del empresario Alfredo Yabrán, había contratado a Prellezo para matar a Cabezas, porque a su patrón le molestaban sus guardias periodísticas frente a sus mansiones.

Es que meses atrás, Cabezas había logrado fotografiar al magnate caminando por una playa de Pinamar muy tranquilo junto a su esposa. Esa foto, que ilustró la tapa de Noticias, fue un logro periodístico porque ningún reportero la había conseguido.

Este poderoso empresario que había logrado un imperio durante la última dictadura militar y que mantuvo durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, repetía a sus amistades: "Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente". Su éxito se basaba en el anonimato.

Cuando su autoría intelectual del crimen se consideró probada, el juez Macchi ordenó la detención de Yabrán, lo que nunca se logró porque se suicidó de un escopetazo en uno de sus campos de Entre Ríos cuando llegó la policía.

En un juicio oral realizado en febrero de 2000, los ex policías Prellezo, Camaratta y Luna, los ladrones Auge, Braga, González y Retana y Gregorio Ríso fueron condenados a penas de prisión y reclusión perpetua por los camaristas Susana Yaltone, Raúl Begué y Jorge Dupuy.

En 2002, la Cámara de Casación bonaerense les redujo las condenas a todos, menos a Prellezo, cuya defensa apeló un día después de vencido el plazo.

El año pasado fueron excarcelados los "horneros" (con excepción de Retana que murió en prisión), los ex policías Camaratta y Luna y a Ríos le concedieron la prisión domiciliaria.

En un juicio posterior se condenó al ex comisario de Pinamar, Alberto Pedro "La liebre" Gómez, como responsable de "liberar la zona" para facilitar el crimen.

A diez años sólo siguen presos Prellezo y La liebre Gómez, quien podría salir en libertad en poco tiempo.

Fuente: Télam