Ocurrió en el marco de los trágicos sucesos de diciembre de 2001, signados por reclamos callejeros, corridas y saqueos a través de los cuales parte de la población manifestó su repudio al entonces presidente Fernando de la Rúa, en todo el país. Uno de los escenarios de la protesta fue el supermercado La Gallega, ubicado en San Martín 2447 de Villa Gobernador Gálvez. Allí, el 19 de diciembre, Graciela Acosta, madre de siete hijos y militante social, quedó en medio de los disparos de la policía mientras intentaba rescatar a uno de sus hijos.
Según Mónica Cabrera, amiga de la víctima, Graciela cayó al suelo y ella corrió para socorrerla. Cuando ayudó a su amiga a incorporarse, levantó una bala que se desprendió de una de las heridas de su cuerpo y la conservó con el fin de hacer la denuncia posterior. Acosta fue internada en estado de gravedad, murió a las 22 de ese mismo día y por el crimen fue imputado el sargento Luis Armando Quiroz, quien se desempeñaba entonces en la comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez.
Cabrera entregó la bala que había conservado como prueba en marzo de 2992 y el juez de primera Instancia, Osvaldo Barbero, demoró un año y tres meses en ordenar el peritaje de la misma. Finalmente, en mayo de 2003 el magistrado ordenó el peritaje que llevó a cabo Gendarmería. El mismo permitió comprobar que la bala que provocó la muerte de Graciela Acosta procedía del arma del sargento Luis Armando Quiroz.p
Pero a tres años de aquello, la Justicia resolvió absolver al policía por falta de pruebas. El fallo estuvo a cargo del juez de Sentencia Nº 5, Ernesto Genesio, quien dijo no haber hallado pruebas suficientes para incriminar al imputado, que estuvo detenido durante tres años.
“La noticia es indignante”, le dijo a Rosario3.com Antonio Tesolini, integrante de la Comisión Investigadora no Gubernamental (CING), encargada de ahondar en los hechos policiales ocurridos por esos días. “En verdad, la noticia de la absolución nos deja helados porque no se entiende cómo puede resultar insuficiente para el juez, la pericia de la bala y el arma que imputa en forma directa a Quiroz”, aseguró.
Tesolini anticipó que la Comisión que integra apelará la resolución judicial ante la Cámara de Apelaciones
La resolución fue apelada por la fiscal Élida Rivoira, quien había pedido una pena de 13 años de prisión para el efectivo policial.
Santa Fe ostenta el luctuoso récord de ser la provincia donde se produjo el mayor número de víctimas fatales durante las históricas jornadas de diciembre de 2001. Nueve personas perdieron la vida: seis en Rosario, dos en Villa Gobernador Gálvez y una en la ciudad de Santa Fe.
Del total de víctimas, siete lo fueron por balas o posta de plomo que provenían de armas reglamentarias utilizadas por personal de la policía: Graciela Acosta, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba y Claudio (Pocho) Lepratti.
