Hay acuerdo. Acaso la presión que metió el juez Carlos Cadierno, que dio cinco días de plazo para que la plaza San Martín esté liberada, hizo que las partes encararan nuevas negociaciones para, con la mediación del Arzobispado, arribar a un acuerdo en el conflicto entre la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el gobierno provincial. Y minutos antes de las 17 de este jueves, se conoció que las partes zanjaron sus diferencias.

Según aseguró uno de los dirigentes de la CCC Eduardo Delmonte al salir del encuentro, “nos vamos con el acuerdo” de satisfacer las demandas planteadas a la provincia (que consistían en esta oportunidad en redistribuir el presupuesto de ayuda que ya se había acordado en otra oportunidad). Es decir, volver a asignar el mismo monto que el gobierno santafesino previó destinar en un primer momento pero en distintos items de entrega.

“Creo que hemos logrado llegar a un acuerdo”, dijo el Delmonte, minutos después de salir de la reunión con las autoridades y antes de que la asamblea de los manifestantes aceptara la propuesta. Eso fue finalmente ratificado cerca de las 18.30 y entonces las instalaciones comenzaron a retirarse de la plaza.

Además de la asistencia en alimentos, ropa, garrafas, colchones, frazadas, zapatillas y otros bienes, la CCC se llevó el compromiso de la provincia y municipio de avanzar en un plan de viviendas. Por eso, Delmonte dijo vivir el acuerdo “como un gran triunfo”, por el logro en sí y por “instalar la situación de la pobreza, que era algo de que nadie hablaba”, señaló.

Por su parte, el secretario de Promoción Comunitaria, Juan Carlos Forconi, aseguró que la propuesta que destrabó el conflicto “más o menos ronda con lo que veníamos conversando”. Sobre lo que representa la ayuda total, sólo dijo que “es una suma importante” pero “preferimos no manejar cifras”, o al menos difundirlas.

Además, señaló que los materiales de construcción requeridos por los manifestantes no fueron incluidos pero sí se acordó comenzar con reuniones entre Nación, municipio y provincia “para trabajar con la cuestión de fondo”: el problema de la vivienda.

Delmonte también destacó la función mediadora del Arzobispado (de hecho el encuentro final se llevó a cabo en la sede de Córdoba y España), que “ayudó a llegar a buen término” y destrabar “una intransigencia total” en que había entrado la provincia, a la que calificó de una “inhumanidad terrible” ya que “tuvimos que esperar demasiado tiempo”.

El acuerdo

Según detalló Delmonte a Rosario3.com, la clave del acuerdo fue que se aumentó la entrega de varios items (como por ejemplo pasar del medio kilo de carne original a los dos kilos por persona o la cantidad de cargas de garrafas). También se sumó la posibilidad de otorgar fondos para microemprendimientos a través de la organización y establecer una comisión que estudie implementar un plan de tierras y viviendas desde mediados de septiembre.

"Nosotros elevamos un proyecto que se hizo desde la Multisectorial junto al Colegio de Arquitectos para construir 20 mil viviendas populares en un plazo de tres o cuatro años que generarían 20 mil puestos de trabajo con un costo total de 500 millones de pesos", agregó el dirigente.