Desde la Obra Don Orione que contiene a personas discapacitadas denunciaron que el Pami dejó caer un convenio de cobertura de la obra social de los afiliados que poseen pensiones no contributivas sin haber comunicado quién se hará cargo de ellos de aquí en más.

La dirección del policlínico informó mediante la resolución 546/12 que el Ministerio de Salud no le envía los fondos necesarios para cubrir la atención de esos afiliados por lo que se rescindió el convenio.


“Sin embargo, nada establece sobre la situación de los afiliados, ni cómo se va a proceder a partir de ahora con la cobertura prestacional de los mismos. Se rompe un convenio que habla de la atención de las personas con discapacidad, pero nada se dice sobre quien va hacerse cargo a partir de ese momento”, señaló  Jorge Silanes, responsable de la comunidad General Lagos de la Obra Don Orione.

“La ruptura del convenio implica para los afiliados y su familia pérdida de toda la atención médica (médicos de cabecera, clínicas, sanatorios, medicamentos, pañales, entre otros), así como prestaciones específicas”, agregó el vocero.

Silanes recordó que hace 15 años el entonces presidente Carlos Menem intentó hacer lo mismo y esa acción originó la primera movilización de las organizaciones de personas con discapacidad en el país. “Gracias a esa reacción la afiliación a Pami de estas personas, al igual que la de los ex combatientes quedó garantizada por el Decreto 197/97 y el artículo 77 de la Ley 24938”, puntualizó.

“La conducta asumida por Pami coloca a los afiliados afectados en una virtual situación de abandono por parte de la obra social y los discrimina negativamente en relación con resto de los afiliados”, aseguró el dirigente, quien pidió “a las autoridades nacionales su intervención para una urgente solución a la grave situación planteada, dejando sin efecto la resolución unilateral de Pami de desvincularse de la atención de los afiliados con pensiones no contributivas, el inmediato pago de los meses adeudados y restablecimiento de la cadena de pagos, para evitar un agravamiento en la atención de las personas con discapacidad la que vulnera los más elementales derechos humanos”.